12 de septiembre de 2021. Desde hace ya más de 34 años, los 9 de septiembre se vienen consolidando como la Semana por la Paz, liderada por las iglesias y algunas comunidades territoriales en memoria de la labor humanitaria que realizó Pedro Claver S.J. en Cartagena Pedro Claver, para la garantía de los derechos de las personas afrocolombianas que llegaban como esclavas en épocas de la colonia y que eran víctimas de racismo, violencia y segregación. Sin embargo, lejos de promover su autonomía y empoderamiento, se hacía desde una óptica asistencialista y con una concepción de derechos humanos en clave de masculinidad, heteronormatividad y con un fuerte impacto patriarcal.
Con el correr del tiempo, y la articulación de múltiples conflictos territoriales, se hace necesaria la revitalización de este escenario para entender las formas como se manifiestan los conflictos hoy, a veces invisibilizados o con narrativas que se escapan a los mega relatos y todos esos efectos colaterales que impiden que esta sea una sociedad en paz, pues se siguen invisibilizando las violencias simbólicas, lingüísticas y sociales que no solo tienen iguales o peores impactos que la violencia física, sino que su ausencia en el debate público es quizás una de las causas estructurales de porque no podamos superar el conflicto.
En sus escritos de La Paz Perpetua en 1795, Kant desarrolla una máxima que sigue siendo vigente en un territorio como el colombiano, que a pesar de la adversidad busca consolidar su acuerdo de paz: “existe una fuerza motriz inherente en aquellos que sufren los efectos más desproporcionados de la guerra, que les impulsa a promover acciones que conducen a la paz”. Y es precisamente ese el ejercicio que el movimiento LGBTI colombiano viene impulsando de forma creativa en estos casi cinco años de implementación del acuerdo de paz, resistiendo a formas de violencia que se han anquilosado en la sociedad y movilizándose por ciudadanías más horizontales y participativas.
Coincidió en la década de los 60 que mientras en todo el mundo se daba la emancipación del movimiento homosexual, en Colombia ocurría una agudización del conflicto armado. Por esos años se consolidan las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, al igual que las violencias perpetradas por la Fuerza Pública. En un hilo conductor de la violencia local, en años posteriores surgen grupos de autodefensas generando una mezcla de distintitos grupos armados, que unidos a los carteles del narcotráfico y a la ausencia del Estado, configuran unos de los episodios de violencia más grandes y dolorosos en la historia nacional. Todos ellos han tenido dos factores comunes: un actuar patriarcal que ha sumergido a la guerra y sus efectos todo lo que no está en el radar de su hegemonía y un ejercicio sistemático de invisibilidad y vulnerabilidad a las expresiones de diversidad.
Por eso, desde que se dio este proceso de agudización, la sociedad civil ha buscado múltiples formas para promover un diálogo y una resolución pacífica de los conflictos, y allí ha estado también el naciente movimiento de diversidad sexual. Las reflexiones que desde la iniciativa Planeta Paz en los años 90 empezaron a poner en el centro de la agenda de la negociación pacífica del conflicto armado los grupos poblacionales, tuvieron un espacio fundacional en materia de paz para la diversidad sexual y de género que juntó por primera vez un proceso LGBTI de país, en el que participaron personas de todas las regiones con una característica en común: la pervivencia del conflicto armado y su proyecto moral hacía muy difícil el ejercicio de su ciudadanía, y ello empezó a dar cuenta que la violencia en Colombia ha sido cometida históricamente por hombre sostenidos en un discurso patriarcal, machista y religioso.
Las iniciativas de paz que a modo de resistencia para esa época ya venían construyendo algunas personas desde la diversidad sexual y de género, en los territorios de mayor confrontación con alto contenido simbólico, performativo y disidente, pusieron a pensar que la paz en clave feminista es una necesidad apremiante, pues no solo al igual que las mujeres, las personas LGBTI han recibido de forma más desproporcional los efectos de la violencia por el cuestionamiento del patriarcado hegemónico. Ante ello se ha respondido con prácticas de resistencia y formas de protección construidas como mecanismos de sobrevivencia, con aprendizajes para implementar en toda la sociedad; de allí la importancia del llamado, hace ya veinte años, de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre la urgente necesidad de incorporar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz.
En las regiones del país, tantos años de guerra con millones de vidas truncadas han dejado constancia que el poder que se ha consolidado en el marco del conflicto armado legitimando a unos y silenciando a otros: legitima la barbarie machista como ejemplo de sociedad y silencia la diversidad y la resistencia condenándola a la invisibilización. Ello trae como resultado natural la inequidad, la ausencia de justicia social y el alto porcentaje de expresiones de violencia simbólica que hace que muchas personas vivan con miedo. Por ello, el enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz no solo es pionero e histórico, sino que es necesario conocer a fondo las motivaciones que misóginas y prejuiciosas, instauradas en los proyectos morales de los actores de la guerra para desmontar la naturalidad de la violencia, y proponer otras formas de sociedad más sororas y cuidadoras que jerárquicas y opresoras.
Algunos procesos de paz en el mundo nos han antecedido en esta apuesta, como el caso de Sudáfrica, que fue una oportunidad para poner esta realidad sobre la agenda, buscando reivindicar derechos en el marco de las negociaciones, pues estas se terminan convirtiendo en el medio para la construcción de una nueva sociedad. Esta experiencia sirve como punto para el reconocimiento de los derechos de personas LGBTI en el marco de procesos de paz y transiciones a la democracia. Esto dio como resultado que Sudáfrica sea el primer país en reconocer que las personas con orientación sexual diversa son objeto de protección especial como una categoría protegida. Además, la transición del apartheid a la democracia trajo la inclusión de los derechos de personas de la diversidad sexual y de género como constructoras de nación.
Como indica el profesor Serrano, lo destacado de la lucha contra el apartheid y los movimientos LGBTI consiste en que la reivindicación de derechos por discriminación y persecuciones durante el régimen fueron distintas a las cuestiones de raza; a pesar de ello, los movimientos lucharon en conjunto por el reconocimiento de derechos y libertades en un plano de igualdad. La dignidad humana fue el pilar de la transición del régimen a la democracia, permitiendo que todos los grupos poblacionales gozaran de respeto y reconocimiento más allá de la cuestión racial.
En Colombia, la Ley 1448 de 2011 reconoce a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa como víctimas del conflicto armado interno; así, esto ha facilitado la participación activa de las personas LGBTI en la formulación de la ley, permitiendo consolidar un escenario para participar de la construcción, implementación, seguimiento y evaluación de políticas para el bienestar de la sociedad en las mesas de participación de víctimas. Luego la participación de algunas personas de este movimiento social en la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC, en compañía de distintos sectores de la sociedad, permitió consolidar el enfoque de género dentro del acuerdo, con la tarea concreta de que se conozcan las afectaciones y violencias a personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco del conflicto armado.
En el período de post-acuerdos en Sudáfrica, la población LGBTI tuvo que buscar la manera en que las reivindicaciones que buscaban tuvieran aceptación a nivel político. Para ello, formaron parte del movimiento antiapartheid, para que así posteriormente, en esfuerzo conjunto con el resto de integrantes del movimiento, se les brindará un capital político que incidiera en su capacidad de reformar. En el caso de Colombia la participación activa en el proceso de justicia transicional y en los espacios de participación como los Consejos de Paz y los PDTES de las personas LGBTI en los territorios, así como las acciones de movilización y resistencia, son una oportunidad actual de exigir la garantía de la implementación de dicho enfoque, ante la débil acción del gobierno para su cumplimento y la oposición directa de los discursos de odio para estigmatizar su aplicación.