Mientras que la tierra se purifica y brota lo mejor de la cosecha, la ciudadanía colombiana se moviliza a un cambio político para consolidarse como comunidad de acogida, hacer de la verdad el ejercicio canalizador de la paz y la convivencia desde la diversidad.
5 de junio de 2022. Iniciamos el mes de junio, sexto em el año y, por antonomasia, el de la cosecha del campo por excelencia, que marca en términos programáticos y culturales tres hitos importantes: 1. En los países con estaciones es justo un momento privilegiado porque es primavera o es otoño, se recogen los frutos de la cosecha o se siembran las nuevas provisiones que garanticen alimentos durante todo el año; 2) Para los países tropicales, marca receso, vacaciones, pausas de descanso, apropiación de lo público y época de planeación y 3) en los círculos culturales de unos y otros es el periodo por excelencia para festivales, acciones colectivas y procesos de incidencia social. En el caso colombiano, este mes de junio marca cuatro asuntos de gran relevancia que se conectan con ambiente de junicidad: 1. Elegiremos un nuevo gobierno; 2. Conmemoraremos el día de las personas refugiadas; 3. Recibiremos el informe de la Comisión de la Verdad y 4. Celebramos el mes del orgullo LGBTIQ+.
En relación con la elección presidencial, la reciente primera contienda electoral, marcó en términos polarizantes, dos propuestas de país que quiere dirigir los destinos en los próximos cuatro años: de un lado una iniciativa histórica de un programa de gobierno con apuestas de transformación social y con acciones concretas relacionadas con la continuación de la paz, la justicia social y la autonomía personal, donde la participación activa de la ciudadanía y los grupos poblacionales es clave. De otro lado, una propuesta sorpresiva y en ascenso, que ha despreciado, de entrada, las acciones feministas, la agenda de paz y la protección a los derechos sexuales y reproductivos, pero que, por la coyuntura y prácticas de odio que vive el país, ha logrado sumar simpatizantes, algunos convencidos y otros oportunistas del quehacer político. Tanto el uno como el otro, tienen unos días para convencer a la gente de qué modelo de país prefieren. Esperamos que la ciudadanía responda con sensatez porque hay mucho en juego y requerimos profundizar la paz y la justicia social.
Celebrar el día del refugiado, el 20 de este mes en Colombia, es un acto de rendición de cuentas; pues se ha terminado el registro migratorio y ahora más de un millón de personas que estaban en condición de irregularidad, buscan que este ejercicio, de todo orden necesario, les permita construir un proyecto de vida digna. Cuando Naciones Unidas convocó a los Estados a ratificar su declaración sobre el derecho a ser refugiado, lo propuso como la oportunidad de que las instituciones revisen y optimicen las acciones implementadas para proteger y garantizar derechos en perspectiva de acogida ante un fenómeno en crecimiento como la movilidad humana, el cual tiene su génisis en las crisis -en su mayoría sociales, políticas o económicas- que agudizan la desigualdad y precarización de derechos en el mundo. En el caso de Colombia, no solo deja constancia de que llegó la hora de pasar de la demagogia a las acciones de bienestar integral para las personas venezolanas que quieren establecer su proyecto de vida en el país, depositando sus esperanzas en la idea de que otra vida aquí sí es posible y que se puede separar la criminalidad y la negación de derechos de las costumbres con las que el país les recibe.
Recibir el informe de la CEV, es quizá el acto histórico más significativo que, como país, viviremos en este mes de junio. Luego de tres años y medio de trabajo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que ha recorrido el país, hablado con la ciudadanía víctima de violencia, recibido decenas de informes de la sociedad civil y promovido actos de diálogo y convivencia de diversos sectores de la sociedad, compartirá el informe que busca dar cuenta de las motivaciones del conflicto armado, de cómo afectó a diferentes grupos poblacionales de manera desproporcionada, (entre estos, las personas LGBTI), de las tareas en materia de reparación integral y de los retos que, como sociedad, tenemos para que aportemos a la justicia, reparación, garantías de no repetición y cimentemos de los pilares de una nuevo contrato social, haciendo uso de esta verdad polifónica. Allí las voces de los grupos históricamente discriminados y excluidos como las mujeres, indígenas, afros y LGBTIQ+, constituyen en sí mismo un acto de reparación inicial. Esta reparación se materializará, de manera cotidiana, en acciones pedagógicas, culturales y rituales que se desprenderán de la apropiación del mismo informe.
Y todo este mes se engalana con los colores del arcoíris, cimentado en Stonewall en 1969 y que se ha propagado por el mundo entero, reclamando el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ y comprometiendo a la sociedad con el reconocimiento de la diversidad sexual y de género como un principio fundante de la vida cotidiana. Marchas, acciones políticas y culturales, compromisos de cultura ciudadana y, sobre todo, altísimos procesos de visibilidad, encaran en este mes, el mayor reto que tiene la sociedad: ser un espacio para la inclusión, la libertad y la autonomía personal. Además, el florecimiento del movimiento social, más joven, (trans)feminista, resistente y politizado, ha hecho de esta fecha, no solo la marcha capitalista mayoritariamente gay clase media y accesoria, concentrada en las grandes ciudades, sino que también ha generado otros escenarios, más reivindicativos, periféricos y contestatarios, como los promovidos por las organizaciones trans o por colectivas lésbicas; apuestas en y desde sectores marginalizados. Estos actos de visibilidad tanto en redes sociales, como en espacios públicos, hacen que la bandera multicolor, el sello distintivo de este mes, vaya dejando constancia que la visibilidad es una acción política para la transformación.
A modo de ritual colectivo, estas efemérides del mes de la cosecha y la siembra, ameritan del Estado y la sociedad civil, una acción que se debe articular en tres posiciones: a) En primera persona. Es necesario reconocer los retos que tenemos como habitantes de este territorio en el que construimos historia, pensándonos la ciudadanía y nuestro lugar en la sociedad desde la politización de la vida cotidiana, la acogida a las personas migrantes como hermanas y hermanos, la contribución a la paz como nuestro valor superior y el reconocimiento a la diversidad en cada acto de la vida; b) En lo colectivo. Debemos exigir proyectos políticos que garanticen el bien común, rompan barreras de exclusión, promueva la cultura de la convivencia y vacíen todos los espacios de cualquier expresión de discriminación; c) En el marco de la relación con el Estado. Exigir gobiernos garantes de derechos, legislaciones y acciones que garanticen la integralidad de la dignidad humana para las personas más afectadas por la marginalidad, consolidándose, como principio rector, la implementación del acuerdo de paz y la reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ+ para que puedan construir, en cada rincón de este país, su proyecto de vida en libertad y con acceso a derechos.
Así como junio marca el cambio en el ciclo de la naturaleza, en el cosmos y en las acciones educativas, culturales y espirituales, es importante que también lo pueda hacer en términos simbólicos, especialmente en un país con tanta urgencia de transformación como Colombia. Esto con el fin de que seamos testigos y partícipes de nuevas formas de hacer política y de construir la sociedad desde una verdad reparadora para resignificar el valor que tiene para todas las personas, la diversidad. Todo esto, en un mes que significa protección y transformación, convoca a que este cambio se dé desde una apuesta feminista, que como acción política, cultural y social puede hacer de esta sociedad la de la paz y la justicia social.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo