Siendo las 3 P.M del 18 de febrero en Ginebra-Suiza y las 9 A.M hora local en Colombia, Caribe Afirmativo intervino ante la Organización de las Naciones Unidas, llevando la vocería del movimiento LGBTI colombiano ante la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento jurídico internacional, aprobado por los Estados.
Vivían Cuello, integrante de la Corporación Caribe Afirmativo y una de las representantes de la sociedad civil de colombiana ante la ONU, elevó una voz de preocupación entorno a los posibles retrocesos en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de mujeres lesbianas bisexuales y trans que el Gobierno colombiano ha venido ignorando.
Durante la campaña para las elecciones presidenciales del 2018, el actual Gobierno colombiano recibió el apoyo de grupos que se oponían abiertamente a las agendas LGBTI y que mantienen una posición conservadora y desconocedora de los logros que se han tenido en materia de derechos humanos para las personas LGBTI. Una vez en el poder, el actual Gobierno dio un guiño para que algunos representantes de estos grupos fuesen nombrados en cargos públicos y dejando ver su resistencia en los avances sociales.
No es de extrañar, por tanto, que se obstaculice o derogue la política pública LGBTI nacional, debilitando el financiamiento y el carácter vinculante a su implementación. Esta política pública es importante porque las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, siguen siendo hoy en día discriminadas en el ejercicio de sus derechos y se exponen a un entorno prejuicioso que las lleva a la deserción escolar, tener pocas posibilidades de empleo formal digno y a barreras para acceder a una atención integral en salud, violencias que aumentan cuando se trata de mujeres rurales, afro, indígenas o migrantes. Además, la eliminación de las personas LGBTI del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de paz a causa de la presión de los grupos anteriormente mencionados, alerta el riesgo que corre esta Política Pública.
Otra preocupante situación son las barreras invisibles pero tangibles a las mujeres para el acceso a la justicia. Los prejuicios siguen siendo una causa de violencia contra las mujeres LBT y una justificación para no investigar adecuadamente a las personas presuntamente responsables. En los análisis a los expedientes penales se demuestra que las autoridades hacen caso omiso a las denuncias y justifican la violencia hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Los prejuicios en relación con las orientaciones sexuales, identidades y expresión de género juegan un papel muy importante en lo anteriormente mencionado y seguirán existiendo mientras no se desnaturalice la violencia y se aplique el enfoque diferencial en la atención e investigación de casos de violencia, así como en el reconocimiento de la violencia diferenciada a las mujeres LBT en el marco del conflicto armado
Caribe Afirmativo.