Cinco años incidiendo en el sistema de justicia transicional para que en Colombia la paz reconozca la diversidad sexual y de género.
13 de febrero de 2022. La historia de la visibilidad y la lucha por el reconocimiento de las personas LGBTI ha venido articulada a un proceso que busca consolidarse como movimiento, respondiendo al desafío de convertir una demanda social en una agenda política. Este proceso lleva aproximadamente medio siglo de camino, pues si bien en la historia de la humanidad han existido otras acciones de disidencia sexual, podríamos decir que mayo de 1968 en París, como antecedente de poner en público los derechos sexuales; Stonewall, Nueva York, en 1969, como hito fundacional de rechazo a la violencia policial contra las personas homosexuales y trans; y la cumbre de las mujeres en 1970 en Brasil, donde se consolidó la importancia del debate sobre el género, con demandas y exigencias sobre debates públicos frente a la diversidad sexual y de género, en perspectiva de derechos, y la garantía de escenarios de vida digna para las personas LGBTI, hasta ese momento vistas con desprecio por los sistemas políticos, sociales y culturales.
Así, en los años 60 y 70, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y trans que se veían obligadas a reprimir su orientación o expresión de género, salieron a las calles a exigir derechos y a poner punto final a la opresión, y bajo principios democráticos muchos Estados, que para esa misma época estaban en procesos de reconstrucción, comenzaron a revisar cuerpos legislativos que penalizaban la homosexualidad. A su vez, centros universitarios dieron inicio a debates y reflexiones sobre la ciudadanía diversa, agrupaciones y procesos colectivos de personas homosexuales y trans comenzaron a copar las agendas públicas apostándole a la visibilidad y a un ejercicio de activismo que rápidamente se conectó con el feminismo como teoría política y con las formas de movilización propias de las organizaciones juveniles, de la no violencia y defensoras de derechos humanos, resignificando apuestas propias desde el arte y la performatividad.
De esa época a nuestros días suman más de 50 años, tiempo justo en términos de movimiento social para consolidar un proceso de maduración y cohesionar agendas de fortalecimiento colectivo. Por eso hoy, gracias a la lucha de quienes nos precedieron, la diversidad sexual y de género paso del anonimato al debate público y de ello dan cuenta procesos políticos como la atención en los sistemas sanitarios del VIH con perspectiva de derechos, legislaciones antidiscriminación, matrimonio igualitario, protección a personas trans y políticas públicas LGBTI, que hoy se posicionan en el mundo como avances en materia de igualdad, que aún no funcionan de la misma manera para todos los países, que anteponen prejuicios sociales y culturales a derechos, validando así la criminalización, el alto número de homicidios y feminicidios, y los discursos de odio.
En términos mediáticos, hay un asunto particular: si hacemos un balance diario en portales y centros noticiosos los temas LGBTI siempre son titulares, muy pocas veces como buena práctica, a veces de forma cosificante y casi siempre por ausencia de reconocimiento de sus derechos. El asunto de que esta agenda sea altamente globalizada y conectada (pues tuvo su apogeo al tiempo que la sociedad abría las puertas al internet) tiende a estandarizar un plan de respuesta, a veces con visos de colonización, reflejada en frases como “hay que exportar la igualdad” o “se debe enseñar de unos países a otros cómo avanzar en materia de no discriminación”. Si bien los sistemas regionales deben velar para que los ordenamientos internos de los países sean garantes de derechos, no deben olvidar que el ambiente social, cultural y político donde se busca consolidar el proyecto de libertad y dignidad de la diversidad sexual y de género tiene particularidades que hacen doblemente difícil el ejercicio pleno de derechos.
Colombia se matriculó en este ritmo con facilidad, por su tradición democrática y cercanía a países que han asumido compromisos con el acceso a servicios y derechos con perspectiva de igualdad para las personas LGBTI, como Estados Unidos, Argentina y España: en 1980 despenalizó la homosexualidad; de 2007 en adelante, con sentencias judiciales, ha reconocido a las parejas del mismo sexo; en 2017, por decreto, protegió los derechos trans; y muchos de sus entes territoriales tienen políticas públicas LGBTI. Todo ello nos tiene hoy como uno de los países, en teoría, con mayores avances jurídicos en la región, pero en la práctica, sigue siendo el tercero más violento por los prejuicios naturalizados contra las personas LGBTI, situación que diariamente es denunciada por las organizaciones sociales. Sin embargo, hay una particularidad, esta agenda empezó a caminar mientras soportábamos un conflicto armado que desangró al país, que si bien no tenía como foco directo de atención a las personas LGBTI, el accionar criminal para imponer el control territorial, el vacío en derechos y unos principios morales que despreciaban a las personas que renunciaran a la masculinidad hegemónica y al patriarcado exacerbado, las convirtieron en víctimas e hicieron más difícil su vida.
Las personas que en los territorios de mayor confrontación empezaron a postular sus proyectos de vida diversos, recibieron señalamientos, expresiones de violencia y segregación, que fueron validadas por el entorno social y que envalentonaron a los señores de la guerra a cometer homicidios y feminicidios, desplazamiento forzado, amenazas, desaparición forzada, violencia sexual y reclutamiento forzado contra muchas personas por su disidencia sexual y de género. Todas estas violencias se agrupan en el crimen de lesa humanidad de persecución, concebido en el Estatuto de Roma, cometido tanto por actores insurgentes, como contrainsurgentes y el mismo Estado, ante cualquier asomo de liderazgo o exigencia de respeto al libre desarrollo de la personalidad.
Que el primer ejercicio legislativo del país para pensar en las personas LGBTI como sujetos de derechos sea la Ley 1448, o Ley de Víctimas, marcó el rumbo de lo que significaba en Colombia abordar la agenda de las personas con diversidad sexual y de género: su alta afectación por el conflicto armado y las prácticas prejuiciosas propias de la guerra que hicieron su vida más difícil. Por ello, la activación de dicha ley y sus acciones, tanto en la Unidad de Víctimas con su documentación de hechos victimizantes y el Centro de Memoria Histórica con ejercicios como “Aniquilar la diferencia”, le apuestan a un ejercicio de memoria transformativa de los parámetros naturalizados de exclusión por orientación sexual y de género. De esta manera, abrieron un camino que ya antes habían agendado las organizaciones sociales y que se consolidó con la participación activa en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC, dando como resultado el enfoque de género del acuerdo, una oportunidad metodológica de pensar los efectos diferenciados del conflicto sobre las mujeres y las personas con diversidad sexual y de género.
Esta situación hizo que los relatos de Colombia de cómo se construyen los sujetos políticos LGBTI tuviesen otras narrativas. Si bien la exclusión exacerbada que deambula por todo el mundo impuesta por la matriz heterosexual llevó a las personas LGBTI de nuestro país a sufrir las mismas expresiones de desprecio y dificultades para acceder a derechos que se han vivido en otros países, el conflicto armado generó otros retos, genuinos y más agudos, por la crueldad con la que se imponía como práctica el control territorial. Por eso, sumado a las persecuciones globalizantes por los prejuicios se cuentan narraciones en el marco de la guerra de altísimo nivel de violencia contra las personas LGBTI como las que han documentado las organizaciones sociales ante la Comisión de la Verdad, los casos que se han entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz y las motivaciones para exigir un plan especial de búsqueda de las personas LGBTI que están dadas por desaparecidas.
Vivir en un país en conflicto y constituirse como sujeto LGBTI tiene retos estructurales que deben ponerse tanto en la reflexión de las causas del conflicto armado como en las apuestas por construir la paz. Tenemos lecciones aprendidas como la sudafricana, donde si bien las agendas LGBTI no aparecieron en los diálogos, en el proceso de implementación se dio una oportunidad de avanzar en materia de reconocimiento de derechos; en el proceso de El Salvador, su invisibilización hizo que luego de la firma del acuerdo de paz y en el proceso de pacificación, paradójicamente aumentaran los niveles de violencia contra las personas sexo-género diversas; y la construcción del informe de la verdad de Perú adolecían de una apuesta participativa de las personas LGBTI en la construcción de una transformación social.
En Colombia, a cinco años de este camino, vemos con satisfacción una alta participación de las organizaciones sociales y un ejercicio de esperanza de las personas LGBTI, pues, a pesar de las dificultades presentadas, sigue siendo una oportunidad para construir por fin una vida digna en el marco de un país para poder vivir en paz, que entregue como respuesta a tantos años de incidencia y resistencia una propuesta desde la justicia transicional de reparaciones transformativas, un informe de la verdad que tenga un enfoque territorial de convivencia desde la diversidad, y que la participación en escenarios como los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDETS) y los Consejos de Paz, garanticen que las vidas LGBTI sean reconocidas.
Wilson Castañeda Castro
Director Corporación Caribe Afirmativo