No es momento para la indiferencia ni para la omisión. Exigimos que las autoridades locales y nacionales asuman su rol con responsabilidad y compromiso, y que respondan a las legítimas demandas de seguridad, justicia y protección que nuestras comunidades requieren.
06 de noviembre de 2024. Las organizaciones sociales, plataformas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios del departamento del Atlántico expresan su profunda preocupación y rechazo ante el reiterado incumplimiento del proceso de garantías por parte de las autoridades locales. La alarmante indiferencia de estas autoridades frente al aumento de la violencia y la desprotección en que se encuentran las comunidades más vulnerables profundiza la crisis de seguridad y evidencia una grave omisión ante las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El pasado 25 de octubre, la Gobernación del Atlántico, junto con la defensoría del pueblo regional, en sus roles como Secretaría Técnica, convocaron una sesión formal de la Mesa Territorial de Garantías. Esta convocatoria, realizada de forma unilateral y con escasos días de antelación, contó con la asistencia de la sociedad civil, representantes de algunas entidades nacionales y solo dos alcaldes departamentales de 23. Sin embargo, la reunión estuvo marcada por la falta de presencia de figuras clave con capacidad de decisión en la Gobernación: ni Eduardo Verano De La Rosa ni el recién nombrado Secretario del Interior, José Antonio Luque, asistieron. Tampoco estuvo presente Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, tampoco su secretario de gobierno, a pesar de que uno de sus compromisos para el próximo cuatrienio es la creación de una Secretaría de Seguridad en el distrito. Esta situación de inasistencia se repite, pues en la anterior sesión de Mesa de garantías realizada el 9 de mayo del 2024, los funcionarios mencionados anteriormente, de igual forma no estuvieron presentes.
Es relevante señalar que el Atlántico ha sido identificado como un departamento con serios riesgos de seguridad, situación ampliamente documentada en las alertas tempranas 029 de 2022 y 022 de 2023, aún vigentes. Estas alertas advierten la presencia de grupos armados ilegales que incluyen a las AGC y los Nuevos Rastrojos, además de grupos criminales locales y regionales como Los Costeños y Los Pepes. Asimismo, alertan sobre la incursión de estructuras criminales trasnacionales, tales como el Tren de Aragua, el Cártel de los Balcanes y el Cártel de Sinaloa, cuya llegada ha intensificado los enfrentamientos y disputas de control territorial. Esta situación ha derivado en múltiples eventos de violencia en espacios públicos, principalmente en Barranquilla y Soledad, con homicidios, masacres y otros actos de extrema sevicia, incluso en centros comerciales, clubes sociales y áreas de recreación.
Entre enero y junio de 2024, los indicadores de criminalidad mostraron un aumento alarmante: los homicidios crecieron un 89%, la extorsión un 17%, las lesiones personales un 79%, el hurto a comercios un 11% y el hurto a residencias un 23%, en comparación con el mismo periodo del 2023. En el área metropolitana de Barranquilla, las extorsiones se incrementaron en un 27%, y en el resto del departamento un 17% adicional. Según el Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte (2024), hasta inicios de agosto de 2024, Barranquilla registró 258 homicidios, de los cuales un 58.5% (151) ocurrieron bajo la modalidad sicarial.
Durante meses, las organizaciones sociales han alertado sobre el deterioro de la seguridad en el Atlántico. Se ha registrado un aumento significativo en las amenazas, agresiones y actos de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades históricamente marginadas. Sin embargo, pese a los esfuerzos por denunciar esta situación y solicitar una intervención inmediata, las respuestas de los gobiernos locales han sido nulas o insuficientes. La falta de acciones efectivas por parte de las autoridades genera un ambiente de impunidad y desprotección que vulnera directamente los derechos fundamentales de las personas y pone en riesgo la paz y la cohesión social en el departamento.
Las organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos, reiteramos la urgencia de que las autoridades asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger a la ciudadanía. Ante este panorama, hacemos un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que cumplan con sus responsabilidades constitucionales y respondan de manera efectiva a la crisis de seguridad y derechos humanos que vive el Atlántico. Exigimos:
- Cumplimiento del Proceso de Garantías para Defensores y Líderes Sociales: Solicitamos que se activen de manera inmediata todos los mecanismos de protección contemplados en el proceso de garantías, asegurando medidas preventivas y de respuesta oportuna para quienes, por su labor, se encuentran en riesgo. Es fundamental que las autoridades establezcan canales de comunicación permanentes y efectivos con las organizaciones de la sociedad civil para asegurar una intervención adecuada y concertada.
- Diseño e Implementación de Políticas de Seguridad Integrales y Participativas: Urgimos la adopción de estrategias de seguridad que respondan a las particularidades de cada territorio en el departamento del Atlántico. La construcción de estas políticas debe contar con la participación activa y menos simbólica de las comunidades, para así abordar de manera integral los factores estructurales que perpetúan la violencia y el desamparo de la ciudadanía.
- Respeto y Protección de los Derechos Humanos: Exigimos que las autoridades actúen con celeridad en la investigación, judicialización y sanción de los responsables de actos de violencia y violaciones de derechos humanos. La inacción y la impunidad solo fortalecen el ciclo de violencia y alimentan la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones. Es imprescindible que se garantice justicia y reparación a las víctimas, además de comprometerse con la protección de quienes trabajan por la paz, los derechos humanos y la dignidad en el Atlántico.
- Fortalecimiento de la Justicia y el Estado de Derecho: Solicitamos el fortalecimiento de los sistemas judiciales y la mejora de los mecanismos de respuesta en la atención y protección a víctimas de violencia en el departamento. Las víctimas requieren acceso a una justicia pronta y eficaz, que brinde confianza y garantice que sus denuncias sean atendidas con la seriedad que merecen.
- Monitoreo y Transparencia en la Gestión de Seguridad: Requerimos que se establezcan mecanismos de monitoreo de las políticas de seguridad, así como la rendición de cuentas periódica a la ciudadanía sobre los avances y obstáculos en el cumplimiento del proceso de garantías. La transparencia en este aspecto es esencial para reconstruir la confianza de las comunidades en las autoridades locales.
No es momento para la indiferencia ni para la omisión. Exigimos que las autoridades locales y nacionales asuman su rol con responsabilidad y compromiso, y que respondan a las legítimas demandas de seguridad, justicia y protección que nuestras comunidades requieren. Solo mediante la actuación decidida y coordinada será posible superar esta crisis y construir un Atlántico en el que todos podamos vivir en paz y dignidad. Necesitamos garantías en las Mesas territoriales de garantías!