Durante el 2023, se registraron 156 homicidios de personas LGBTIQ+ en todo el país, es decir, cada 55.95 horas (aproximadamente 2.3 días) se cometió un asesinato contra una persona con una orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género diversas.
La problemática que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Colombia sigue siendo motivo de estudio y preocupación en diversos ámbitos. Esto se debe a que, a pesar de los avances legislativos y sociales que se han registrado en los últimos años, continúan existiendo violaciones a sus derechos humanos. Estas violaciones incluyen, entre otras, discriminación, violencia física y verbal, amenazas y exclusión social. Incontables, es un informe que presenta una radiografía detallada de las experiencias vividas por las personas LGBTIQ+ a lo largo del año 2023. El informe analiza desde violencias fatales hasta la discriminación sistemática, las amenazas constantes y la violencia policial, y sexual. La investigación pretende arrojar luz sobre las múltiples facetas de las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el contexto colombiano; además de documentar y analizar estas violaciones, el informe busca resaltar información que pueda facilitar la formulación y adopción de medidas concretas para afrontar las violencias presentadas.
La investigación está compuesta por ocho apartados que abordan diferentes aspectos relacionados con la situación de las personas LGBTIQ+ en Colombia y revela cifras alarmantes de homicidios, feminicidios, violencia policial, amenazas, actos de discriminación y hostigamiento, así como violencia sexual sufridos por personas LGBTIQ+. De esta manera se busca continuar avanzando en la visibilidad de estas violencias y promover condiciones que permitan a esta población vivir y ejercer sus derechos de manera plena.
Al iniciar es crucial destacar que el informe se elaboró mediante la implementación de una metodología de recolección y triangulación de información proveniente de diversas fuentes. Primero, se tuvo en cuenta los casos recepcionados por el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo y segundo se solicitó información a instituciones públicas con el propósito de recopilar datos y registros relacionados con la violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+. Es así como para la elaboración de este informe, se enviaron derechos de petición a instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, las Gobernaciones y los municipios con mayor incidencia de hechos violentos y discriminatorios según los registros del año anterior. Además, este año también se incluyeron solicitudes a la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección y varios ministerios.
Pues bien, las respuestas de esas entidades este año nos enfrentó a varios desafíos en la elaboración del informe, esto, debido a la calidad de la información proporcionada por las instituciones estatales. Es así como en primer lugar, al cruzar datos, se identificaron discrepancias en los registros, especialmente en aquellas bases de datos como las de la Fiscalía General de la Nación, que utilizan filtros con etiqueta “LGBTI” que es de obligatoria marcación para el funcionario que diligencia los formatos sin embargo, no especifica la orientación sexual e identidad de género de las víctimas por no ser obligatorios haciendo complejo obtener datos exactos y precisos de las diferentes violencias por categorías.
De esta manera la Fiscalía General de la Nación registra discordancias en la información suministrada, ya que se encontraron personas con orientación sexual “heterosexual” o con identidades de género “en blanco” contabilizadas y agrupadas como LGBTIQ+, limitando la posibilidad real y efectiva de conocer los datos con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas de las víctimas. Dentro de estos perfiles con discrepancia, también se identificaron casos en los que se reportaban víctimas con orientaciones sexuales “asexuales” o con profesiones con enunciaciones LGBTIQ+, o labores como peluqueros, estilista, entre otros, sin que hubiera detalles sobre su OSIGEG diversa; generando con ello aún más sospechas de errores con respecto a la información registrada y remitida por esa entidad.
Igualmente resaltamos que otros sistemas de información, como el manejado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que aún emplean variables binarias como “masculino” y “femenino”, incluyendo la categoría “transgénero”, limitando así la posibilidad de explorar la identidad de género de las víctimas. En otros casos, clasificaban a las personas como LGBTIQ+ sin conocer la identidad de género y la orientación sexual. Esto resalta la dificultad de obtener información sobre personas no binarias, queer y disidentes sexuales, y de todas aquellas con características sexuales y de género que divergen de la cisheteronormatividad imperante y que, por consiguiente, no siempre se reflejan en la sigla “LGBTI”. Además, instituciones como la Policía Nacional de Colombia utilizaron la respuesta a la información solicitada como un mecanismo de rendición de cuentas, pero no proporcionó datos internos detallados sobre la violencia policial, como información sobre la conducta de los agentes y que originó la denuncia, ni datos geográficos que permitieran identificar las áreas del país donde se registra un mayor número de incidentes de violencia policial.
Finalmente manifestar que instituciones como la Defensoría del Pueblo ha realizado importantes avances para transitar de respuestas narrativas a información estadística, se reconoce que reportan información sobre violencias contra las personas no binarias, datos que no son entregados por ninguna otra entidad; sin embargo, aún queda un largo camino para mejorar la optimización de la información, especialmente, en lo que respecta a personas “bisexuales” y “transgénero”, las cuales se emplean como categorías paraguas que no permiten conocer las identidades de género de las víctimas.
Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, expuso que este informe reitera una denuncia pública sobre la persistente vulnerabilidad que enfrentan las personas LGBTIQ+ al intentar construir sus proyectos de vida en el país. A pesar de los esfuerzos y anuncios gubernamentales, la realidad demuestra que ser abiertamente LGBTIQ+ en Colombia sigue siendo peligroso. En lugar de garantizar la plena ciudadanía para estas personas, el país enfrenta una situación donde la identidad LGBTIQ+ puede costar vidas.
Por otro lado, Castañeda señala la falta de rigurosidad, investigación, sanción y prevención por parte de instituciones como la Fiscalía, a pesar de compromisos públicos. La ausencia de un registro adecuado y el incumplimiento de directrices como la hipótesis de prejuicio en casos de violencia LGBTIQ+ revelan deficiencias en la protección de derechos. También destaca la preocupante situación en ciertas regiones, especialmente en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, donde, a pesar de los esfuerzos locales por implementar políticas a favor de los derechos LGBTIQ+, son más visibles los altos índices de violencia y la falta de resultados tangibles en la vida digna y la garantía de libertad para las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas.
“En consonancia con el llamado de la Comisión de la Verdad, este informe insta a poner fin a la indiferencia social que permite la violencia contra personas LGBTIQ+. Es necesario que la sociedad colombiana se comprometa a combatir la complicidad social y promover una cultura ciudadana que respete y proteja los derechos de quienes construyen sus proyectos de vida desde la diversidad sexual y de género. Este informe busca contribuir a la verdad, promover la acción estatal para prevenir y sancionar la violencia, y llamar la atención sobre la urgencia de cambios sociales y culturales para garantizar la seguridad y dignidad de las personas LGBTIQ+ en Colombia”, ratificó Castañeda.
- VIDAS VIOLENTADAS Y SILENCIADAS: ANÁLISIS SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN EL AÑO 2023
Frente al análisis de las conductas de homicidios y/o feminicidios ejercidos en contra de personas LGBTIQ+ durante el 2023 tenemos que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, se registraron 156 homicidios de personas LGBTIQ+ en todo el país, es decir, cada 55.95 horas (aproximadamente 2.3 días) se cometió un asesinato contra una persona con una orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género diversa. Este dato revela un incremento del 7.59% en comparación con los 145 casos reportados en 2022. A pesar de este aumento, es importante destacar que representa una reducción significativa con respecto a los 205 homicidios y/o feminicidios registrados en 2021. Sin embargo, persiste la preocupación por los elevados índices de violencia contra las personas LGBTIQ+.
Frente a quiénes son las mayores víctimas de éstas conductas tenemos que, de las 156 víctimas de homicidios y/o feminicidios, 46 eran personas con experiencias de vida trans (41 mujeres trans, 3 hombres trans y 2 personas no binarias), 46 hombres gais, 31 hombres bisexuales, 12 mujeres lesbianas, 1 mujer bisexual y 20 personas LGBTIQ+ sin especificar. Estos datos muestran que el 58.97% (92 víctimas) del total de asesinatos corresponden a personas con experiencias de vida trans y hombres, siendo las primeras las más afectadas.
El 95.5% (149) de las víctimas de homicidios/feminicidios son de nacionalidad colombiana, mientras que el 4.5% (7) son migrantes. Entre las víctimas migrantes, se identificaron 4 mujeres trans, 2 hombres bisexuales y 1 personas LGBTIQ+ sin identificar, representando una disminución del 50% en comparación con el año 2022, cuando se reportaron 14 casos de personas extranjeras asesinadas en el país, de los cuales 13 eran de nacionalidad venezolana y 1 de nacionalidad panameña. En el año 2022, los homicidios de migrantes venezolanos constituyeron el 8.9% del total de víctimas registradas. Este descenso en la cifra de asesinatos de personas migrantes resalta una tendencia positiva, aunque persisten preocupaciones sobre la violencia hacia esta población vulnerable.
En cuanto a las zonas geográficas con más incidentes, los departamentos de Valle del Cauca (33) y Antioquia (20) reportaron las cifras más elevadas en 2023, representando el 33.75% de los homicidios y/o feminicidios. Otros departamentos con cifras alarmantes incluyen Atlántico (13), la ciudad de Bogotá (12) y Sucre (9). Se logró identificar que 30 homicidios fueron perpetrados utilizando armas de fuego, destacándose un número significativo de las víctimas como personas con experiencia de vida trans. Este método resalta la modalidad de sicariato en los asesinatos de liderazgos sociales; de las 9 víctimas reportadas, 6 fueron abordadas con disparos realizados por individuos en motocicletas, como sucedió en los casos de Dania Sharit Polo, Freddy Archibold y Franklin Pabón. Es importante resaltar que este tipo de armas, como lo señala Caribe Afirmativo (2019), se utiliza con frecuencia en los asesinatos de mujeres lesbianas y bisexuales, lo que genera una dificultad constante para identificar a los perpetradores.
Por otro lado, se han registrado 30 casos donde se emplearon armas blancas. Al analizar este tipo de armas, surgen dos perspectivas: en primer lugar, las armas fueron utilizadas en gran medida como mecanismo para ejercer violencia en espacios públicos, como resultado de peleas, robos o conflictos interpersonales, sin excluir la posibilidad de que estos eventos estuvieran motivados por prejuicios. En segundo lugar, el arma fue utilizada por el agresor como parte de su acto violento en espacios privados. Esto se evidenció en casos de hombres gais asesinados en sus hogares o lugares de encuentro, así como en mujeres trans que fueron víctimas de violencia mientras ejercían
Finalmente, atendiendo a la distribución geográfica, los móviles de la violencia homicida y el acceso a la información de los casos, Caribe Afirmativo pudo conocer que al menos 23 asesinatos en el 2023, tiene posibilidad de ser hechos de violencia por prejuicio, dado que se observaron indicios de esta forma de violencia. La mayoría de estos casos ocurrieron en Antioquia (7), en su mayoría en la ciudad de Medellín, seguido de Atlántico (4), Cesar (2) y Valle del Cauca (2). Las víctimas en su gran mayoría fueron hombres gais y mujeres trans.
- VIVIENDO ENTRE LAS SOMBRAS: NO CESAN LAS AMENAZAS CONTRA LAS PERSONAS LGBTIQ+ EN COLOMBIA
Las agresiones verbales, la violencia física y las amenazas constantes, representan las manifestaciones más prevalentes dirigidas hacia las personas LGBTIQ+ en Colombia. Esta realidad pone de manifiesto cómo, dentro del contexto de un sistema patriarcal cisheteronormativo profundamente arraigado en la sociedad colombiana, se desencadenan unas violencias particulares hacía las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, las cuales son percibidas como amenazas a las normas binarias establecidas.
Ser una persona sexo-género disidente en el país, implica enfrentarse a desafíos significativos en un entorno marcado por constantes amenazas tanto individuales como colectivas, que buscan hostigar, intimidar, excluir o restringir el goce o disfrute de los derechos de estas personas y grupos sociales. En este contexto, se reportaron 2.333 casos de amenazas individuales contra las personas LGBTIQ+ para el año 2023, mostrando una disminución del 24% en comparación con las cifras reportadas en 2022.
Al examinar con detalle quiénes son las personas LGBTIQ+ víctimas de violencias amenazantes, observamos que el mayor grupo de víctimas, 887, correspondiente al 38.8%, está registrado como personas LGBTIQ+ no identificadas. Esto se debe a que, tras analizar los datos suministrados por la Fiscalía, se evidenciaron casos en los que solo se asignó la marcación obligatoria de pertenencia al grupo LGBTIQ+, sin identificar la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Seguidamente tenemos a los hombres gais con 503 víctimas (21.6%), mujeres lesbianas con 297 víctimas (12.7%), hombres bisexuales con 251 víctimas (10.8%), mujeres bisexuales con 204 víctimas (8.7%), mujeres trans con 101 víctimas (4.3%) y finalmente los hombres trans con 90 víctimas (3.9%).
De las 2.333 víctimas reportadas por este delito, el 66.9% son personas LGBTIQ+ adultas cuyas edades oscilan entre los 27 y 59 años, seguidas por los jóvenes de 18 a 26 años con un 21.9%. El 4.3% corresponden a personas adultas iguales o mayores de 60 años, mientras que el 4.2% son menores adultos entre los 14 y 17 años. Es importante señalar que se reportaron 30 casos, lo que representa el 1.4%, donde las víctimas son niños o niñas de 0 a 13 años, una situación preocupante que demanda especial atención y frente a la nacionalidad tenemos que el 92.5% de las personas LGBTIQ+ víctimas de amenazas son nacionales colombianos, el 5% no especifican la nacionalidad y solo el 2.5% corresponde a personas migrantes.
En cuanto al territorio más hostil para las personas LGBTIQ+ tenemos que la ciudad de Bogotá, registra el mayor número de víctimas reportadas, con un total de 289 víctimas. Le siguen los departamentos de Valle del Cauca, con 262 víctimas, y Antioquia, con 256 víctimas. Por otro lado, algunos departamentos reportan una menor incidencia, como Vaupés, con 2 víctimas, y Amazonas, Guainía y Vichada, con 1 única víctima cada uno. En la región Caribe, Bolívar lidera el listado con 76 víctimas, seguido por Atlántico con 63, Cesar con 55, Magdalena con 52, Córdoba con 48, La Guajira y Sucre con 29 y el Archipiélago de San Andrés y Providencia con 28 víctimas.
- LA POLICÍA NO ME CUIDA
Caribe Afirmativo ha documentado de manera permanente las sistemáticas violencias que la Policía Nacional ha ejercido en contra de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Ser una persona sexo género disidente es convertirse en un objetivo de discriminación y acoso por parte de miembros de la fuerza pública. Es así como según información entregada por la Subdirección de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, en el año 2023 se registraron 155 víctimas de violencia policial, mostrando un incremento del 49,03% en comparación con las 104 víctimas reportadas para el año 2022.
En cuanto a la identidad de género y orientación sexual de las personas LGBTIQ+ víctimas de estas conductas, resulta preocupante observar que los hombres gais encabezan la lista con 56 casos (36.1%), seguidos por los hombres bisexuales con 30 casos (19.4%). Las mujeres lesbianas reportaron 26 casos (16.8%), mientras que los hombres trans y las mujeres trans enfrentaron 17 (11.0%) y 15 (9.7%) casos respectivamente. Las mujeres bisexuales registraron 11 casos (7.1%).
La dispersión de casos revela que la violencia policial contra personas LGBTIQ+ no se limita a un área geográfica específica, sino que abarca diversas regiones del país. Bogotá, con 67 víctimas, encabeza la lista, seguida por Antioquia con 34 y Norte de Santander con 10. Además, los departamentos de Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Putumayo y Santander también han experimentado la impactante realidad de esta violencia, reportando 1 víctima por cada territorio.
En lo que respecta a la nacionalidad de las víctimas, se destaca que el 88.4% (137) son personas LGBTIQ+ de nacionalidad colombiana, mientras que el 8.4% (13) son migrantes provenientes de Venezuela. Finalmente, un 3.2% corresponde a personas LGBTIQ+ en las cuales no se especifica ni identifica su nacionalidad. Estos datos resaltan la necesidad de abordar la violencia policial desde una perspectiva nacional e internacional, reconociendo la especial vulnerabilidad de la población migrante y garantizando la igualdad de derechos para todas y todos independientemente de su país de origen.
- CUERPOS ATRAVESADOS POR EL DOLOR: ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN PERSONAS LGBTIQ+
La violencia sexual dirigida hacia las personas LGBTIQ+ es una manifestación directa de la discriminación y la intolerancia arraigadas en nuestra sociedad. A lo largo de la historia, las personas sexo género diversas han enfrentado desafíos significativos, encontrando la violencia sexual como una amenaza persistente. Este tipo de violencia no solo atenta contra la integridad física y emocional de las personas LGBTIQ+, sino que también refleja patrones profundamente arraigados de estigmatización y marginalización.
Es así como para el año 2023, se reportaron 412 víctimas de violencia sexual en el País y al determinar quiénes son las personas LGBTIQ+ víctimas de violencias sexual, observamos que el mayor grupo de víctimas, 137, correspondiente al 33.3%, está registrado como personas LGBTIQ+ no identificadas. Esto se debe a que, tras analizar los datos suministrados por la Fiscalía, se evidenciaron casos en los que solo se asignó la marcación obligatoria de pertenencia al grupo LGBTIQ+, sin identificar la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Seguidamente tenemos a las mujeres bisexuales con 91 víctimas (22.1%), mujeres lesbianas con 76 víctimas (18.4%), hombres gais con 53 víctimas (12.9%), hombres trans con 27 víctimas (6.6%), hombres bisexuales con 18 víctimas (4.4%) y finalmente las mujeres trans con 10 víctimas (2.4%).
Para este tipo de violencias tenemos que lastimosamente las principales víctimas de violencia sexual son los niños y niñas de 0 a 13 años y los jóvenes de 18 a 26 años quienes representan el 57.8%, le siguen las personas LGBTIQ+ adultas cuyas edades oscilan entre los 27 y 59 años con el 23.1%, luego los menores adultos entre los 14 y 17 años con el 16.0%. El 1.7% no registra edades y finalmente el menor porcentaje de víctimas son personas LGBTIQ+ adultas iguales o mayores de 60 años. Frente a la nacionalidad tenemos que el 95.4% de las personas LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual son nacionales colombianos, el 3.4% corresponde a personas migrantes y el 1.2%. son personas a las que se desconoce su nacionalidad.
En cuanto a la manifestación geográfica de esta violencia, es preocupante notar su variabilidad en distintas regiones de Colombia. En este contexto, Bogotá, la capital del país, sobresale como la ciudad con el mayor número de víctimas, registrando un total de 79 casos. Le sigue de cerca el departamento de Antioquia, con 48 víctimas reportadas. Sin embargo, es crucial señalar que la magnitud de la violencia sexual no se limita únicamente a las zonas más densamente pobladas en términos absolutos. Por el contrario, las regiones de Córdoba, Guainía y Vichada, a pesar de tener una baja densidad poblacional debido a su extensión territorial, han presentado cifras más bajas, con una víctima reportada en cada una de ellas, respectivamente.
IIV. CONCLUSIONES
Frente a estos hechos de violencia, desde Caribe Afirmativo exigimos al Estado que ponga en práctica instrumentos de orden internacional, nacional e institucional que se han consolidado en los últimos años. Estos incluyen la directiva de investigación por parte de la Fiscalía, las duplas de mujer y género de la Defensoría del Pueblo y el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación, para que estos casos de violencia no queden impunes y sean investigados, no solo para determinar la responsabilidad material de los hechos, sino también para identificar las causas estructurales y prevenir esta violencia.
En segundo lugar, hacemos un llamado de atención al Gobierno Nacional en su Plan de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de vida”, y a los gobiernos territoriales que están elaborando planes locales y departamentales de desarrollo, para que lideren iniciativas destinadas a proteger la vida de las personas LGBTIQ+ y garantizar su libertad y plena ciudadanía.
En tercer lugar, esperamos que las entidades responsables de la seguridad, como la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Policía en los entes territoriales y otros órganos encargados de garantizar los derechos humanos, consoliden su compromiso desde el respeto a las libertades y la dignidad humana. Además, se insta a evitar la violencia y a sensibilizar a sus funcionarios para que sean garantes de los derechos de las personas LGBTIQ+, y a generar mecanismos preventivos de la violencia.
Finalmente, tenemos la esperanza de que este informe contribuya no solo a la memoria, sino también a dotar a la ciudadanía en su conjunto de herramientas para que los colombianos nos comprometamos en una gran campaña de cultura ciudadana, reconociendo, respetando y exigiendo una vida plena para las personas LGBTIQ+ en cualquier escenario de nuestro país, ya que para vivir en paz es necesario reconocer la diversidad como un valor ciudadano.