La resistencia y capacidad creativa del activismo LGBTIQ+ en Colombia han promovido una agenda desde la sociedad civil de exigibilidad de derechos como sinónimo de vivir en paz, que hoy más que nunca debe ser garantizada ante las amenazas de retrocesos.
La violencia cotidiana, la moralidad frente a la sexualidad, el binarismo del género, la imposición de la heterosexualidad y el patriarcado dominate en Colombia, al igual que en el mundo entero, han hecho muy dificl la vida de las personas sexo-género diversas con expresiones de violencia física, verbal y simbólica. Pero, en nuestro caso particular, sumado a ello, el conflicto armado, que es una apuesta armada por imponer un formato de sociedad, se convirtió en un escenario de mayor agudeza de esas violencias, impactando las vidas de las personas LGBTIQ+ en áreas rurales y periféricas con participación de actores insurgentes, contrainsurgentes y el mismo Estado que, si bien no combatían contra las pèrsonas LGBTIQ+, su visión de precariedad y desprecio frente a sus proyectos de vida les convirtió en objetivo de sus acciones y exacerbó la violencia de la que ya eran objeto. Sin embargo, la presión social de ellas y organizaciones aliadas, como el movimiento de mujeres, de paz y de DD.HH. en las últimas décadas ha visibilizado estas violencias y reclamado su reparación.
Esta acción de incidencia social condujo a que las dos acciones más significativas que el Estado colombiano ha tenido para responder a los derechos de la diversidad sexual y de género sean en el marco de la superación del conflicto armado, siendo estas la Ley 14 48 de 2011 de atención y reparación integral a las Víctimas, y la aprobación en 2016 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC y, en él, la adopción del enfoque de género, reconociendo las afectaciones vividas por las personas LGBTIQ+ en medio de las confrontaciones armadas. Hoy, a 14 años de la implementación de la ley de víctimas y 8 años depues de la frima del Acuerdo de Paz, en medio de expresiones armadas que no se detiene y nuevos brotes de violencia que buscan frenar el proyecto de la “Paz total”, se busca, por presión de la sociedad civil, no invisbilizar los efectos sobre las personas sexo-género diverdsas, garantizar una vida digna y promover la diversidad como valor en la construcción de la paz.
Esta situación, si bien no nos aleja de la preocupación global, por concretar proyectos de vida dignas para las personas LGBTIQ+ y poner fin a los discursos de odio; nos da una agendas particulares de país que debemos hoy más que nunca cultivar. Es decir, sumado a los vientos de retroceso, la agudización interna de la violencia y los pocos avances en materia de paz, nos están devolviendo a un escenario desfavorable en materia de no repetición. Cuando el mundo comenzó a prestar atención a las agendas LGBTQ+ después de los eventos de Stonewall, Colombia también se vio inmersa en este fervor. Rápidamente, en 1979 y durante los años 80 hasta 1981, surgieron acciones, especialmente en Bogotá y Medellín, dirigidas hacia la despenalización de la homosexualidad. Paralelamente, se iniciaron procesos culturales, simbólicos y performativos en espacios públicos para promover lo que entonces se conocía como la liberación homosexual. Notables líderes de este movimiento incluyeron a figuras emblemáticas como León Zuleta y Manuel Velandia. Sin embargo fue el gran movimiento por la paz, recogido en la experiencia “Planeta Paz”, en los años 90, lo que le dio un lugar en la agenda social a las demandas LGBTIQ+, articuló la apuesta de movimiento social en torno a ellas y le vinculó con las agendas de derechos humanos del país.
Y es que en Colombia la movilización de los 80 y la rapida respuesta del Estado, sobre todo desde salud pública por la propagación del VIH, como en otras partes del mundo, se vio obstaculizado por la presión del conflicto armado y ese control moral que sus actores decidieron hacer sobre la vida de las personas sexo-género diversas: 1) asesinatos selectivos para borrar su presencia de la sociedad; 2) desplazamientos forzados y amenazas para impedir su liderazgo; 3) práctricas crueles, inhumanas y degradables, biscando dar una lección pública de moralidad; 4) el uso instrumentalizador y cosificado de sus vidas para el beneficio de sus prácticas delictivas; y 5) promoviendo en las comunidades desprecio y odio hacia sus vidas que se traduce en complicidad social de la violencia. Así, los territorios más afectados por el conflicto, mayoritariamente áreas rurales y barrios periféricos de las ciudades, fueron contando entre sus víctimas personas sexco-género diversas, cuyo motivo de ser víctimas era la persecusión y los prejuicios hacia su diversidad sexual y de género, donde quienes tenían el control no permitieron la consideración de estas agendas.
A finales del siglo pasado y el comienzo de este que fue la coincidencia entre la agudización del conflicto armado y el fortalecimiento del movimiento LGBTIQ+, en Colombia tuvimos la siguiente realidad: en primer lugar, la agenda de diversidad sexual y de género se concentró en áreas urbanas, con un enfoque predominantemente gay y una mayor presencia en academias de grandes ciudades. En segundo lugar, en los territorios rurales y periféricos, la diversidad sexual y de género no tuvo espacio debido al control territorial de los actores armados. En tercer lugar, los proyectos políticos impuestos por el conflicto armado no permitieron la inclusión de la diversidad sexual y de género bajo argumentos de moralidad, excluyendo a las personas de estos espacios de control territorial y disputa. Por el contrario, la diversidad sexual se satanizó y sancionó como algo anormal y que requería corrección, especialmente en las áreas rurales y periféricas de las ciudades. El control territorial, ejercido por el conflicto armado en Colombia, ya sea por grupos armados, paramilitares, guerrillas o las Fuerzas Militares, llevó a la imposición de jerarquías morales que definieron lo que era correcto e incorrecto. Estos grupos armados tenían como directriz que lo homosexual y la diversidad sexual y de género se consideraban inmoral e incluso se utilizó el argumento eclesiástico para sancionar estas prácticas, lo que hizo que pareciera imposible y moralmente inaceptable dar cabida a la diversidad sexual y de género en estos espacios de control territorial. Al mismo tiempo, se estigmatizó y moralizó la diversidad sexual como algo anómalo que requería corrección. Esto fue particularmente evidente en las zonas rurales y periféricas de las grandes ciudades, mientras que en estas últimas se desarrollaba una agenda de liberación homosexual.
La diferencia entre las grandes ciudades y las áreas territoriales radicaba en que se consideraba imposible construir un proyecto de diversidad sexual y de género debido al impacto del conflicto armado en la vida de estas personas. El conflicto armado en estas zonas del país generó prácticas exacerbadas, como homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas, control de los cuerpos y marginalización, lo que transmitía el mensaje de que sus proyectos de vida eran inviables e inmorales. En la sociedad se creó una percepción de odio hacia la diversidad sexual y de género bajo la influencia de la monogamia y la familia tradicional de las culturas religiosas. Esto dio lugar a tres movimientos: 1) se comenzó a registrar la violencia sufrida por las personas LGBTIQ+ en términos de asesinatos y desapariciones, pero a menudo se volvieron invisibles debido a la necesidad de ocultarse; 2) algunas personas huyeron hacia las grandes ciudades para preservar sus vidas, renunciando a su expresión de género y adoptando apariencias heterosexuales para sobrevivir; y 3) muchas personas resistieron a pesar de las adversidades, ya sea por fuerza o por perseverancia.
Cuando el país comenzó a considerar la paz después de más de 40 años de conflicto armado, el movimiento LGBTIQ+ había madurado tanto en el mundo, como en Colombia. Sin embargo, esta madurez no era evidente para las personas en la realidad, especialmente en las áreas periféricas y los avances en Colombia se lograron más a nivel constitucional que legislativo. La resistencia a reconocer la diversidad sexual y de género persistió en el ámbito legislativo debido a la influencia de las prácticas morales en la política. Pero lo que sí había cultivado Colombia esos años y sigue cultivando son prácticas de afrontamiento de la violencia, resiliencia y creatividad para sortear esos embates y no renunciar a proyectos de vida dignos, que se traducen en prácticas de memoria, proyectos colectivos para la convivencia pacífica y mecanismos de resolución de conflictos sin violencia, que hoy es un potencial de riqueza para la implementación de los acuerdos como aporte de la sociedad civil en los territorios.
Es que la presión social ha desempeñado un papel importante en las narrativas de un nuevo país. La Ley de Víctimas y Conflicto Armado de 2011 fue un hito significativo, pero su génesis se remonta a 1999, cuando se realizó un encuentro de personas LGBTIQ+ en el contexto de un intento de paz entre el gobierno y las FARC. La pregunta inicial fue si las personas LGBTIQ+ habían sido víctimas del conflicto armado, lo que llevó a un encuentro en Santandercito, Cundinamarca, y marcó la primera vez que las personas LGBTIQ+ en Colombia se reunieron para discutir cómo el conflicto armado los había afectado. Esto condujo a dos resultados principales: un mayor compromiso del movimiento LGBTIQ+ en la construcción de la paz y la documentación de su impacto en el conflicto armado, así como una presión sobre el Estado para abordar estas violencias, lo que finalmente resultó en la Ley de Víctimas y Conflicto Armado. La Ley de Víctimas permitió identificar hechos victimizantes y comenzar a contar a las personas LGBTIQ+ afectadas por el conflicto armado. El Centro Nacional de Memoria Histórica comenzó a construir la memoria de estas experiencias, revelando una cara oculta de las personas LGBTIQ+ en Colombia, que había sido ocultada por la violencia y la marginación del conflicto armado.
Esta situación llevó a una colaboración entre el movimiento de mujeres, movimiento por la paz, defensores de derechos humanos y personas LGBTIQ+ para instar al país a pensar en la paz no solo como la desmovilización de grupos armados, sino también como la identificación de las voces silenciadas y afectadas por las prácticas morales del conflicto armado. En 2014, durante las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana, se convocó a la Subcomisión de género para abordar cómo el conflicto armado había afectado de manera diferencial a las personas LGBTIQ+. Esto condujo a la inclusión de un enfoque de género en el acuerdo de paz, que reconoció el efecto diferenciador y exacerbador de la guerra en mujeres y personas LGBTIQ+ debido a su orientación sexual, identidad de género y expresión de género diversa. Este enfoque de género influyó en la construcción del Sistema Integral de Paz posterior a la firma del acuerdo, que no solo buscaba la reparación judicial y la búsqueda de la verdad sobre las violencias, sino también preguntarse cómo ubicar y reparar a las personas LGBTIQ+. Esto plantea un desafío pendiente en los nuevos procesos de construcción de paz.
Hoy parece que la paz está en riesgo, pues a la lentitud de la implementación del acuerdo del 2016, se suma la no concreción del proyecto de “Paz Total”, a el posicionamiento de nuevas formas de violecia y a la vigencia de anteriores, donde las personas sexo-género diversas están altamente expuestas. Por ello hoy requerimos reactivar la conversación y la movilización desde el movimiento social, exigiendo la paz como derecho, pues, luego de años de considerar el conflicto armado y proponer agendas de paz, en Colombia ahora existe un florecimiento del movimiento LGBTIQ+ con alta visibilidad y articulación, además de avanzar en la implementación de la paz. Sin embargo, también plantea la pregunta sobre el lugar de las personas LGBTIQ+ en este contexto y cómo garantizar una vida digna para quienes históricamente han sufrido debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género. Esto implica el reconocimiento completo de las afectaciones del conflicto armado, la creación de herramientas para permitir que estas personas vivan sus proyectos de vida, la promoción de la cultura ciudadana sobre diversidad sexual y de género, y la inclusión de la diversidad como un valor para construir una vida colectiva.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo