Legislación

Hoy, una persona con identidad y expresión de género diversa fue víctima de violencia policial en Santa Marta

5 de julio de 2020. La incertidumbre producto de la emergencia y la declaratoria de calamidad pública en Colombia a raíz de la propagación del coronavirus (COVID-19), ha generado afectaciones al proceder de la cotidianidad, afectando de manera particular las dinámicas, en especial las asentadas en exclusión y discriminación, las cuales han sido justificantes para los ataques y otros actos sobre las personas, puesto que han aflorado los condicionamientos de una violencia cultural y sistemática.

El COVID-19 ha llegado de manera inesperada, causando la necesidad de establecer acciones y estrategias para intentar controlar la proliferación en los municipios y departamentos, empero, no debe ser justificante para el uso de la fuerza de manera excesiva y desmedida. Este es un riesgo que asume toda la ciudadanía, pero en especial las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIGEG), quienes puede verse sometidos a tratos discriminantes y empleo de la fuerza como mecanismo de coerción y represión, justificada en el prejuicio normatizado.

El Observatorio de Derechos Humanos de Personas LGBT en el Caribe colombiano de Caribe Afirmativo, ha registrado en el departamento del Magdalena 7 casos de abusos de la fuerza pública hacia personas LGBTI entre el 2007 – 2019, registrado por la visibilización de los liderazgos LGBTI en los territorios, al igual que su reivindicación de derechos en el espacio público. En corto tiempo en el distrito de Santa Marta se ha registrado el caso de una mujer trans Arianda, quien fue víctima de feminicidio, perpetuado el 13 de junio en su hogar, caso que esta siendo investigativo. Los anteriores, son muestras del riesgo al que se encuentra las personas OSIGEG diversas, el cual aumentado por el aislamiento obligatorio.

Hoy, 5 de Julio se ha reportado el caso de una persona OSIGEG diversa, quien fue golpeada de manera brutal por miembros de la Policía Nacional, al estar ella transitando el Barrio “Pescaíto” en Santa Marta. Los uniformados excusándose en el incumplimiento de las medidas establecidas por la Alcaldía Distrital violentaron su cuerpo, generando traumatismo al punto dificultar el caminar.

Sin lugar a dudas, la violencia policial nace de los prejuicios existentes sobre las personas OSIGEG diversas como una estrategia para infringir temor, agredir, eliminar y establecer jerarquías. Esta, como otras formas de violencias encuentra que la persona OSIGEG diversas como incompatibles con una visión del orden social y otorga posiciones desiguales, en especial la inferioridad. La recurrencia de las formas de violencias no debe ser analizada como hechos aislados, por el contrario, son una concatenación de factores. Bajo esa premisa hacemos un llamado a Alcaldía del Distrito de Santa Marta, al señor Andrés Correa Sánchez, Secretario de Promoción social, Inclusión y equidad a realizar un pronunciamiento, acompañamiento y seguimiento del asunto para restablecer los derechos de la víctima.

De la misma manera, exhortamos a la Policía Nacional al cumplimiento de los mínimos establecidos en la Directiva 003 de 2014 y respeto de los derechos humanos y a la autonomía de sus vidas de las personas OSIGEG diversas, para no incurrir en prácticas de re victimización y re-criminalización. Frente al caso concreto, exigimos la investigación interna a los miembros de esta institución, quien tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, para sean sancionados por irrespeto de los fines de la Constitución, la ley y entidad.

 Hacemos un llamado al Ministerio Publico, con exactitud a la Procuraduría general de la Nación para que haga uso de su poder preferente para investigar estos los actos que pueden ser objeto de sanciones disciplinares y a la Delegada en Asuntos de la Mujer y de Género de la Defensoría del Pueblo para impulsar el proceso, procurando que estos hechos no queden en la impunidad y tampoco causen perjuicios a la víctima.

No más violencia, ni abuso, ni limitación de los derechos: ¡El uso de la violencia desmedida no es una forma legítima, ni justificada para conseguir fines!