La historia de las personas sexo-género diversas en Colombia ha estado atravesada por diferentes tipos de violencias, como desapariciones forazadas, asesinatos, persecución, entre otras. Todo esto en un panorama de pobreza y precariedad, que es como viven la mayoría de las personas LGBTIQ+ en el país.
La violencia social y en el marco del conflicto armado colombiano, si bien no ha tenido como objetivo mayoritario y sistemático aniquilar la vida de las personas LGBTIQ+ —tal como lo indican las pocas investigaciones judiciales de la Fiscalía, los sindicados ante los jueces, los comparecientes en el Sistema de Justicia y el actual mecanismo de Justicia Transicional— sí se han logrado identificar factores determinantes, por el mismo Estado, que dejan constancia de que la diversidad sexual y de género es una de las realidades sociales que sufre de forma desproporcionada, tanto directa, como indirectamente, las acciones violentas que afronta el país. Tanto en los hechos de violencia cotidianos, como los combates liderados por los grupos en confrontación que buscan copar los territorios, están haciendo más difícil el desarrollo de los proyectos de vida de las personas LGBTIQ+ y dejando constancia de que, sea instrumentalizándoles o eliminándoles, sus vidas son merecedoras de desprecio. Es por eso que materializan ante ellas el delito de persecución motivada por su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, que escapa a la matriz estructural, binaria y machista sobre la que se asienta el control criminal.
Esto se debe a tres factores: 1. Tanto actores al margen de la ley, como el mismo Estado, más allá de sus pocas o muchas motivaciones para legitimar la violencia o mantener la guerra, sustentan el concepto de enemigo interno en parámetros injustificados que les llevaba a instrumentalizar y excluir de sus proyectos políticos a ciudadanía, cualesquiera que sea, que consideraban peligrosa o que estaba en contravía del sujeto que querían fortalecer. Siempre en la lista estaban las personas LGBTIQ+, pues unos y otros consideran que lo que representan va en contravía de sus concepciones de sociedad y ponen en riesgo su control y poder; 2. Porque en los territorios donde se agudiza el conflicto armado, los niveles de prejuicios y exclusión hacia las personas con diversidad sexual y de género son tan altos que, incluso, los actores criminales fungían como una especie de “autoridad moral” que reprendían, castigaban y eliminaban a las personas sexo-género diversas, a veces por pedido de la misma comunidad, pues son consideradas una amenaza social; y 3. La utilización, particularmente de sus cuerpos como instrumentos de guerra, pues bajo la concepción de que no son personas apreciadas en la sociedad, sienten los actores criminales que eso facilita su instrumentalización y uso en las guerras y disputas. Es así como, tras sus asesinatos, aparecen casi todas con antecedentes judiciales, pues para “sobrevivir”, eran obligadas a involucrarse en las rutas del narcotráfico, les ponen a cargar armamentos, usan sus cuerpos para prácticas de sexualidad en las tropas confinadas y les reclutan para ponerlos en lugares de mayor riesgo si hay un ataque por parte del enemigo, pues ellos —los más invisibles e ignorados— al asumir los efectos más destructores del conflicto, no les serán una pérdida significativa.
Esto explica por qué, en el marco del conflicto armado, que corresponde a las mismas lógicas criminales, muchos de los homicidios, feminicidios, casos de violencia sexual, desplazamientos, amenazas y golpizas tenían como destinatarias a las personas LGBTIQ+ y cómo incluso la violencia que ejercían sobre ellos era, en ocasiones, presentada como una buena práctica de “corregir un mal social”. Por ello, la mejor categoría para leer desde el derecho internacional humanitario las afectaciones a las personas LGBTIQ+ en el marco de la guerra es la persecución pues, finalmente, la particularidad de la violencia que percibían en comparación con otros grupos poblacionales, además estaba sustentada en perseguir lo que representaban, sobre todo cuando podría ser promoción de liderazgo o visibilidad en la vida social y aniquilar de ellos la diversidad como motivo enfermizo que no estaba bien en los espacios sociales y comunitarios.
Este fenómeno aún en la confrontación social prevalece pues, en muchos de los casos, la violencia que se denuncia diariamente contra las personas sexo-género diversas viene acompañada de prácticas de complicidad social. La historia de violencia propia del país logró instaurar con mayor énfasis la exclusión con violencia en una sociedad que ya perseguía, discriminaba y sancionaba las prácticas diversas. Así que para muchos actores criminales, violentar a los excluidos les permite no solo expandir su control y no ponerse en riesgo en primera persona, sino también congraciarse y tener el reconocimiento de las comunidades que difunden dicha práctica de exclusión con acciones verbales y simbólicas. Además, las personas LGBTIQ+ por el acto de invisibilidad al que se ven cotidianamente sometidas son confinadas a la periferia; son pobres y no acceden a servicios educativos o de salud. Incluso, muchas siguen siendo expulsadas de sus casas, sometiéndose a ser habitantes de calle o verse obligadas a migrar a las grandes ciudades como mecanismo de supervivencia, pues este todavía no es un país para el desarrollo de sus proyectos de vida.
Es importante dejar constancia además de que la violencia contra las personas LGBTIQ+ en medio de las acciones criminales y del marco del conflicto armado presenta cuatro factores preocupantes: 1. Tiene una expresión de exacerbación y combinación de múltiples tipos de violencia, buscando no solo eliminar al particular, sino también mandar un mensaje contundente de aniquilamiento en su entorno a los que son como él; 2. Es una violencia agudizada en el patriarcado y la misoginia, por lo que castigan la feminidad tanto de mujeres trans, como de hombres gais y bisexuales afeminados o el rechazo a la masculinidad hegemónica de los mismos, así como el freno a quienes quieren ocupar la masculinidad como lugar identitario (algunas mujeres lesbianas y bisexuales y hombres trans). Es decir, al igual que la violencia contra las mujeres, es una expresión de ataque al género, de afectar lo femenino, la feminidad o la renuncia a ello; 3. La violencia hacia las personas LGBTIQ+ ataca de forma simbólica los cuerpos sexo-género diversos, pues precisamente son los cuer pos, particularmente de las personas trans, los que enarbolan la lucha política y social del reconocimiento y, al afectar esos cuerpos, es controlarlos limitarlos o condicionarlos a prototipos establecidos por la sociedad o la autoridad y 4) las afectaciones son colectivas, es decir, si bien los casos se individualizaban, el mensaje que acompañaba simbólicamente la escena del crimen o del delito es expulsar a las personas LGBTIQ+ del entorno, lo que produce desplazamientos, silenciamientos, aplazamientos identitarios y, en muchas ocasiones, conductas de miedo y zozobra que conducen al suicidio o al desprecio de la propia vida.
El principal reto del actual proceso de implementación del acuerdo de paz en el desarrollo de su enfoque de género y que sirve también para superar la criminalidad no es solo la nominación de las personas LGBTIQ+ y sus hechos victimizantes —como lo hace ya el volumen de género de la CEV— ni el reconocimiento de los comparecientes en los 11 macro casos de la JEP (en todos hay víctimas LGBTIQ+), o la activación de la búsqueda de personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas. Tres tareas pioneras en Colombia y que no había asumido antes ningún otro país con un conflicto armado moderno en su sistema de justicia transicional, pero todo esto debe conducir a algo concreto: al reconocimiento de responsabilidad social y estatal de una reparación estructural de unas prácticas sociales y culturales, incluso anteriores al conflicto armado, que permitieron la agudización de la violencia contra este grupo poblacional en los momentos más agudos del conflicto armado. La sociedad colombiana tiene una matriz sexista, patriarcal, homofóbica y transfóbica que rechaza la diversidad y que no solo ha sido el caldo de cultivo de la guerra, sino también de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Si dicha matriz no es transformada, el avance en la paz no significa vida digna para las personas LGBTIQ+.
Este ejercicio de reparación requiere de dos factores que son relacionales; por un lado, la verdad, como un ejercicio catalizador del dolor y la violencia que se narre no en tercera persona, desde lo que otros ven, sino desde la primera persona, lo que “yo viví”. Y allí es necesaria la memoria que permita identificar en qué momento y con qué factores las personas LGBTIQ+ empezaron a experimentar que sus vidas no podían ser vividas o fueron sometidas a vivir de forma periférica. Esa memoria así construida permitirá que la verdad no sea otra cosa que la oportunidad de proponer el reconocimiento de la diversidad como el camino para la convivencia y la reconciliación. Por otro lado, para que esto sea un proyecto a largo plazo que construya sociedades garantes y respetuosas de derechos, requerimos consolidar garantías de no repetición, es decir, confirmar que las generaciones futuras de Colombia no permitirán que la discriminación o la exclusión determine las relaciones sociales. Y para ello es necesario echar mano de tres aprendizajes que el movimiento LGBTIQ+ consolidó cuando el país tenía los principales focos de violencia, generándoles retos en la agenda.
Las experiencias de resistencia que el movimiento social asume diariamente como mecanismo de supervivencia y que permiten que muchos de ellos respondan a la intimidación con activismo han permitido crear lazos de ayuda, espacios laborales seguros y procesos culturales, religiosos y educativos que les permitieron construir sus proyectos de vida a pesar de la adversidad. Estas acciones de movilización social, particularmente en escenarios culturales y acciones populares, donde logran no solo hacerse un espacio sino hacerlo el lugar, por excelencia, desde el que construyen memoria y formas propias de ciudadanía resiliente, permiten llamar la atención de lo que la sociedad no quiere ver: que en Colombia es imposible un proyecto de vida libertario de las personas LGBTIQ+ con acceso pleno a derechos; la invisibilidad y los prejuicios son un argumento injustificado de la complicidad social y un Estado que es incapaz de garantizar su dignidad humana. Es el ejercicio de las organizaciones sociales que, de forma creativa y dedicada, ha documentado miles de casos, reconstruido historias y activado espacios de hermanamiento y solidaridad que con escenarios ideales de reconocimiento de derechos son expresiones concretas que exigen al Estado que de una vez por todas se ocupe de los derechos de las personas LGBTIQ+ que quieren vivir en paz y desarrollar su ciudadanía plena.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo