4 de marzo de 2021. La migración como un proceso voluntario o forzado ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Hoy en día en nuestro continente la observamos de manera forzada, en su mayoría por las personas de nacionalidad venezolana, quienes se ven en la necesidad de salir de su territorio por el contexto social, político y económico que se está viviendo en su territorio. Así como los pocos avances regulatorios y de políticas públicas en temas relacionados con la diversidad sexual y de género.
Algunos Estados aún no aceptan la migración como una realidad que se debe aceptar y proteger. Pues las afectaciones que sufren en su tránsito son derechos humanos y libertades que todos los Estados se comprometieron a respetar de manera universal y efectiva[1].
En América Latina, y en razón al gran flujo migratorio de personas venezolanas, algunos Estados han tomado decisiones desproporcionadas y apresuradas militarizando las zonas fronterizas con las fuerzas armadas con el fin de evitar que estas personas ingresen a sus territorios o continúen su tránsito a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en Perú “se desplegaron fuerzas armadas a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera con Ecuador”, ubicando “más de 50 vehículos del ejército peruano entre tanques, carros de combate, vehículos blindados blindados, así como 1.200 militares”[2].
Por su parte, en Ecuador “el 27 de enero el gobierno de Lenin Moreno desplegó las fuerzas armas en la frontera para controlar el paso de migrantes. Tanques y camiones, además de helicópteros y 200 uniformados intensificaron la vigilancia por los pasos irregulares usados por migrantes venezolanos”[3].
De igual forma, el 12 de enero en Chile, el presidente Piñera firmó un Decreto modificatorio “que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera en materia de narcotráfico y crimen organizado y que, a partir de ahora, amplía su objeto y permite el control del ingreso ilegal por pasos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”[4]. Lo cual es controversial porque refuerza imaginarios de que la migración es ‘ilegal’ y la equipara como un delito que requiere el mismo control que el narcotráfico y el crimen organizado, enviando un mensaje de xenofobia y desinterés por las personas migrantes venezolanas.
Para Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, la militarización es preocupante, porque “los militares no están preparados para el control migratorio, no tienen las herramientas ni la capacitación para poder hacerlo (…) recordemos que son personas extremadamente vulnerables”[5].
En la reciente presentación del informe sobre el estado de los Derechos Humanos en 50 países del mundo, realizada el día 26 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet “consideró especialmente preocupante la militarización de la gestión fronteriza en Ecuador, Perú y Chile, así como información de que ‘se estaría expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección”[6].
En muchos de los casos gestionados militarmente en las fronteras, se omiten las realidades de las personas migrantes en situación irregular, no se les brinda información sobre las formas de regularización que tienen los países, cuál es el trámite para solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada o cómo interponer las acciones de amparo para proteger sus derechos.
Por lo anterior resulta preocupante el mensaje que envían los estados a sus nacionales y a la comunidad internacional con la militarización fronteriza. Pues rechazan la migración, afianzan comportamientos xenofóbicos, refuerzan los imaginarios y mitos que continúan vulnerando los derechos humanos de las personas LGBT en situación de movilidad humana.
Desde CARIBE AFIRMATIVO nos preocupa lo que pueda ocurrirles a las personas LGBT en situación de movilidad humana en los territorios fronterizos militarizados donde no hay comunicación ni vigilancia. En especial debido a que la fuerza pública ostenta una posición de poder y autoridad en la zona, la cual muchas veces no es usada de la mejor manera, se abusa o excede de ella, terminando en violencias y revictimizaciones a las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y/o expresiones de género diversas que están transitando y huyendo de un contexto que per se ya vulneraba sus derechos humanos.
Como una respuesta a estos comportamientos y sus graves consecuencias en los territorios de acogida, CARIBE AFIRMATIVO de la mano de aliadas/os estratégicas/os, continuaremos fortaleciendo los liderazgos, activismos, acompañamientos socio jurídicos, atenciones psicosociales, talleres de formación y grupos de apoyo dirigidos a las personas LGBT en situación de movilidad humana en el Caribe Colombiano, Medellín y en el Departamento de Nariño, para seguir construyendo ciudadanías plenas en los territorios del país.
[1] Preámbulo Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
[2] Fronteras Blindadas: el nuevo desafío de la migración. https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/fronteras-blindadas-el-nuevo-desafio-de-la-migracion/
[3] Ibídem.
[4] https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=170849
[5] La militarización de las fronteras, un nuevo obstáculo en la odisea de los migrantes venezolanos. https://www.france24.com/es/programas/migrantes/20210202-migrantes-militares-frontera-peru-ecuador
[6] Fortalecer la participación para enfrentar las crisis, pide Bachelet ante Consejo de Derechos Humanos. https://acnudh.org/fortalecer-la-participacion-para-enfrentar-las-crisis-pide-bachelet-ante-consejo-de-derechos-humanos/