La rápida, multitudinaria y mediática respuesta de diferentes actores del Estado colombiano a nivel nacional, regional y local, unida al rechazo de la comunidad internacional por el asesinato de Sara en días pasados en Bello, Antioquia, no se materializa en acciones claras para esclarecer la violencia y prevenir que esto siga sucediendo.
Luego de que las organizaciones sociales y los medios de comunicación reprocháramos el cruel asesinato de Sara y sancionáramos la indiferencia social que hizo de su dolor un show mediático, contribuyendo con él al desenlace fatal de su agresión, los mensajes de políticas, particularmente en campaña, no se hicieron esperar, repudiando el hecho y haciendo responsable a los gobiernos de turno (local, regional y nacional) de su ejecución. El gobierno nacional estrenó su viceministro de las diversidades y no solo irrumpió con capacidad logística en el plantón convocado en Bogotá, sino que rápidamente convocó reuniones de trabajo y ofreció sendas recompensas. Embajadores, agencias internacionales y promotores de opinión pública, por varios días, usaron sus espacios de difusión para unirse al rechazo generalizado.
Sin embargo, Sara no es el primer y de seguro no será el último caso: casi 30 asesinatos similares en lo que va del año contra personas sexo-género diversas, todas acciones de altísima sevicia e indiferencia social, dan cuenta de que la vida de las personas LGBTIQ+ importa poco o nada y que seguimos recibiendo respuestas inmediatas y coyunturales que no van a los problemas estructurales para resolverlos de raíz.
La sistemática violencia contra las personas LGBTIQ+ en Colombia ha sido agenda recurrente desde que en el país apareció el movimiento social. La investigación de Juan Pablo Ordóñez para la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas en los 90 ya estableció, analizando los casos de ejecuciones extrajudiciales, que en este país hay una violencia estructural contra la ciudadanía que se enuncia desde la diversidad sexual y de género. Luego, en la primera década del 2000, otra investigación de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina dio cuenta de que Colombia es uno de los países con mayor déficit de derechos para las personas diversas y encontró tres factores determinantes: la impunidad en el desinterés por investigar estos asesinatos, la violencia institucional evidenciada sobre todo en la Policía Nacional y la ausencia de acción de protección para la vida de las personas sexo-género diversas.
Dicha realidad, que trató de ser desmentida por el gobierno de Uribe, que era el de turno en cabeza de su vicepresidente Francisco Santos, dio como respuesta tres acciones en los mismos niveles:
- La Fiscalía comenzó un trabajo de respuesta que, casi 20 años después, dio como resultado la directiva de investigación sobre violencias por prejuicio y la creación de un grupo de fiscales especializados para investigar, que pese a su compromiso, no dan resultados con la celeridad esperada.
- La Policía creó la directiva transitoria 058 y luego la definitiva 010 en 2009 para promover acciones al interior de la institución que garantizaran derechos de personas LGBTIQ+ a través de su figura de Enlace, que hoy está desactivada.
- El gobierno, desde el Ministerio del Interior, formuló una política pública LGBTIQ+ que tenía en su centro la prevención de la violencia, creando consigo la Mesa de Casos Urgentes, que fue aprobada en 2018 pero que hasta ahora ve la luz con la reciente aprobación del CONPES.
A nivel local, la concentración de los hechos de violencia en Bogotá, Medellín y Cali, a partir de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, empezó a dar como resultado la formulación de políticas públicas que tenían la mayoría de sus acciones concentradas en la cultura de la no violencia, y crearon figuras de Enlace u oficinas de trabajo al respecto. Sin embargo, la ausencia de articulación con quienes en lo territorial deben responder a la reducción de la violencia, la falta de recursos y lo poco oportuno de sus programas hace que, pese a que son programas que se han institucionalizado más allá de los gobiernos de turno, no logren resultados específicos.
También ayudó a la respuesta la reacción de tres entidades clave del Ministerio Público: la Defensoría del Pueblo, creando en su delegada de Mujeres y Género unas duplas jurídicas y psicosociales a lo largo y ancho del país para atender desde la defensa de los derechos humanos; la Procuraduría, desde su delegada de Derechos Humanos, que hace cada vez mayor uso de su poder preferente para investigar algunos casos, sobre todo donde hay participación de la fuerza pública o negligencia de las fuerzas gubernamentales en su investigación; y en lo local las Personerías, que si bien llevan años con muy poco margen de acción en materia de derechos humanos, también han documentado y denunciado en lo local estas situaciones.
Otras entidades territoriales que, en número, no han tenido los casos de estas ciudades en mención, por presión de las organizaciones locales y para validar la memoria de todas las víctimas, así sean en número menor, han ido creando reacciones similares. Pero en todos estos casos es un actuar limitado que suele aparecer cuando se comete la violencia para condenarla, olvidando que su papel de Estado les da las herramientas suficientes para identificar las causas estructurales, prevenirlas y trabajar fuertemente la cultura ciudadana.
La comunidad internacional no se ha quedado atrás. Acciones políticas propias de su rol diplomático para instar al Estado a responder con eficacia, el apoyo con programas de cooperación para que salgan adelante algunas agendas particulares, el acompañamiento en los territorios de acciones colectivas del movimiento LGBTIQ+, y el posicionamiento de su preocupación a nivel internacional —de la mano de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras—, ha puesto en el panorama mundial la preocupación del mundo entero por la vida de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Esta ha sido ampliamente debatida en las audiencias temáticas de la CIDH, en sentencias de la Corte Interamericana, presentada en los Exámenes Periódicos Universales (EPU) de Naciones Unidas, y más recientemente en la Corte Penal Internacional con ocasión del proceso de paz en Colombia y su enfoque de género, y de seguro estará en la agenda del Experto Independiente de Naciones Unidas para la Diversidad Sexual y de Género que vendrá en próximos días a Colombia.
Además, agendas puntuales como la implementación del Acuerdo de Paz y la acogida a ciudadanía en búsqueda de protección internacional y refugiada, en sus enfoques de género, que asumen tareas concretas con personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado y migrantes, han permitido que, tanto en acciones humanitarias como de acceso a la justicia y garantías de no repetición, se invoquen acciones concretas y reales con indicadores de medición que garanticen su ciudadanía plena. Sin embargo, la reparación para las víctimas sexo-género diversas, tanto individual como colectiva, no es consecuente con sus demandas, y muchas personas migrantes LGBTIQ+ en Colombia están siendo revictimizadas y sufriendo una violencia incluso mayor que la que experimentaban en sus países de origen antes de ser expulsadas.
Toda esta realidad, en términos formales, presenta un Estado, en todas sus escalas, con voluntad política expresa, medios necesarios y personal idóneo para atender las demandas de las personas LGBTIQ+, pero sus escasos resultados y la pervivencia de la violencia dan cuenta de que no logran conseguir lo que se proponen y que su teoría no está resolviendo los problemas cotidianos de las personas LGBTIQ+ que sufren violencia.
Por ello, requerimos que, si bien pese a nuestra indignación sigue en el país la violencia prejuiciosa contra las personas LGBTIQ+, situaciones como el transfeminicidio de Sara, rodeado de altísima indiferencia social y altos niveles de sevicia, consigan una respuesta en cuatro vías:
- Acciones oportunas, que tengan indicadores claros y precisos que mapeen el problema y planteen soluciones de fondo para intervenir las causas de raíz.
- Acciones coordinadas, que permitan articular las acciones nacionales con las locales, las de investigación con prevención y los resultados de sanción con lineamientos de políticas públicas.
- Acciones participativas, donde las personas LGBTIQ+, desde sus organizaciones y liderazgos en cada territorio, sean escuchadas y cuenten con las garantías de participación en la planeación, ejecución y evaluación de las acciones, por su conocimiento de la realidad y las prácticas que por años han asumido para enfrentar la violencia.
- Acciones transformativas, no sirven acciones que no resuelvan problemas de raíz, y el déficit de derechos unido a la precariedad cotidiana que viven las personas LGBTIQ+, mayoritariamente las personas trans, obliga a que los esfuerzos estén dados para promover escenarios diferentes que garanticen sus proyectos de vida.
En Caribe Afirmativo, cuando conocimos del vil asesinato de Sara, teníamos con su caso 24 homicidios y feminicidios documentados, pero el alto nivel de visibilidad que tuvo este crimen permitió que otras denunciaran, y en los días siguientes conocimos de 5 casos más que habían ocurrido en los primeros 100 días de este año en Cali, Bogotá, Medellín, Argelia (Cauca), Cartagena de Indias y Cartagena del Chairá, que nos han llevado hoy a la penosa cifra de 30 asesinatos documentados en lo que va del 2025 contra las personas LGBTIQ+ en Colombia, porque la diversidad nos está costando la vida.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo