Su aplicación debe reducir la impunidad estructural y el alto estado de indefensión que experimentan las personas LGBTIQ+ que, cuando son víctimas de violencia, lejos de encontrar protección a sus derechos son revictimizadas.
El pasado lunes 24 de octubre fue hallado en el barrio el Santuario de Barranquilla, el cuerpo de Franklin Pugliese Camargo, un hombre gay de 39 años, cuyo cuerpo fue arrojado desde una camioneta blanca. Según la información preliminar, su cuerpo tenía signos de golpes, múltiples impactos de uso de armas contundentes sobre sus órganos genitales y, en su pecho y espalda, mordiscos y otras expresiones de tortura. Además, por la reconstrucción que se hace del contexto, se da cuenta de que fue sometido a un trato inhumano, cruel, degradante y en el que, finalmente, bajo el procedimiento de asfixia mecánica, perdió la vida. Relatos similares al caso de Franklin Pugliese también reposan en centenares de folios en despachos de fiscalías a lo largo y ancho del país que dan cuenta de una expresión violenta hacia las personas LGBTIQ+, que no es aislada, ni accidental, sino que responde a un prejuicio creciente, validado por el desprecio que sienten hacia su diversidad sexual, identidad y/o expresión de género diversa, que es materializado con violencia, buscando así aniquilar lo que sus vidas representan.
Relatos como éste, llamaron hace décadas la atención de María Mercedes Gómez, filósofa, docente y activista lesbiana, que se ha dedicado a estudiar y entender los efectos de la violencia desproporcional a las personas LGBTIQ+, motivada por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Esta preocupación la acercó a la filosofía social y, ahí, al concepto kantiano de prejuicio, entendido como la predisposición negativa e irracional hacia alguien por lo que representa; dicha concepción termina legitimando el uso de la violencia que se expresa en múltiples formas, bien sea verbal, física y simbólica, que tiene como único fin aniquilar la diversidad que la otra persona expresa. Esta acción se realiza eliminando al contrario con un procedimiento excluyente o reduciendo sus pretensiones ciudadanas con una acción jerarquizante para hacerle entender que su vida no tiene sentido.
Lo característico en unas y otras violencias que se catalogan desde el homicidio, feminicidio, violencia sexual, violencia intrafamiliar, discriminación y hostigamientos, entre otras es que, cuando la víctima es una persona lesbiana, gay, bisexual, no binaria o tiene una expresión de género diversa real o percibida, suelen quedar en la impunidad y la víctima, lejos de verse protegida por el Estado, experimenta altos niveles de indefensión. Por eso, la profesora Gómez y las organizaciones de la sociedad civil —con quienes se dio la tarea de recorrer el territorio colombiano para visitar fiscales, policía judiciales y familiares de las víctimas—, realizamos grupos de discusión y mesas de trabajo para tratar de encontrar metodologías que lograran contribuir a reducir la impunidad y esclarecer la violencia homicida hacia las personas LGBTIQ+.
Como resultado de ese trabajo, que fue de largos años y que encontró muchas dificultades para consolidar la voluntad institucional de la Fiscalía, hoy se materializa en la guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género (real o percibida) de la víctima, firmada por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado jueves 27 de octubre, como parte de un trabajo apoyado por USAID y realizado conjuntamente entre varios grupos ciudadanos, Caribe Afirmativo e investigadores de la Fiscalía General de la Nación para construir un insumo que contribuya a garantizar de manera más efectiva la justicia para las personas LGBTIQ+. Esto recobra mayor importancia en un contexto como el actual que, documentando por las organizaciones sociales, da cuenta del aumento de la violencia motivada por la orientación sexual, identidad o expresión de género, el mal procedimiento en las investigaciones judiciales y los obstáculos para materializar un acceso efectivo y con enfoques diferenciales a la justicia.
Esta guía va a ser un horizonte jurídico para que el funcionariado de la Fiscalía y Policía Judicial cuente con herramientas actualizadas y pensadas plenamente para su labor, con el fin de investigar y llevar a juicio de manera exitosa los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, con un punto adicional que es el reconocimiento de aquellos casos donde los móviles prejuiciosos fueron fundamentos de las violencias; estos también podrán ser reconocidos más fácilmente y llevados ante las autoridades judiciales, permitiendo que se siga reconociendo los casos de violencia por prejuicio contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y binarios por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género percibida. Con esto se espera poner fin a esa práctica cotidiana en despacho y tribunales de fiscales y jueces en su ejercicio penal, de desconocer como primera hipótesis de un hecho violento contra una personas LGBTIQ+ el uso de la categoría OSIGEG, pues esta guía será un eje indispensable para fundamentar dicha hipótesis y que nunca más vuelva a invisibilizadas la vida digna de las personas con sexo-género diversas y, desde el ejercicio de la acción penal, se siga contribuyendo a reconocer y desmantelar las violencias por prejuicio hacia la diversidad sexual o la identidad y expresión de género.
Del mismo modo, esta guía es una acción que contribuye en la construcción de mecanismos de cercanía entre un ente investigador como la Fiscalía con las personas LGBTIQ+, para generar confianza y certeza de ser una entidad aliada, garante de derechos y que reconoce el enfoque diferencial de OSIGEG en la implementación de su mandato constitucional. Han sido años en que se ha vivido impunidad estructural en las violencias y esta guía es un paso para que la justicia haga parte de la historia, y que por fin sus vidas puedan ser vividas.
Esta guía no es un documento solo con rigurosidad académica, también recoge la casuística y los aprendizajes de un buen trabajo analítico que han logrado consolidar fiscales destacados y policías judiciales que, luego de jornadas de discusión con equipos de la sociedad civil expertos, han logrado generar escritos de acusación contundentes para dar cuenta de cómo opera la violencia por prejuicio. Esas personas que esperaron por años la firma de esta guía por parte del Fiscal General, confían en que, con su implementación y vinculación a los procesos investigativos, sea un horizonte jurídico y que, de esta manera, sirva para que la justicia efectiva contribuya a desnaturalizar las violencias contra las personas LGBTIQ+; que estas violencias sean rechazadas, cuestionadas, investigadas, judicializadas y, sobre todo, prevenidas. Esta guía permitirá que las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y no binarias de Colombia sientan que sus derechos son resguardados.
Para ello además, es necesario que: a) de inmediato, el Fiscal dé instrucciones precisas para que la guía se implemente en todas las fiscalías seccionales del país, particularmente en los territorios más periféricos; b) que fiscales y policías judiciales no indaguen solo en que pasó, sino por qué paso, pues reconociendo las causas que motivan las violencias, podremos prevenirlas; c) articular esta guía como mecanismo de todo un sistema que, desde la atención al ciudadano, hasta el ejercicio de imputación, hagan sentir a las personas sexo-género diversas que la Fiscalía es un lugar seguro para ellas y que protege sus derechos; d) que se preparen otras guías especializadas para atender otros delitos que afectan a personas LGBTIQ+, como las lesiones personales, la discriminación, el hostigamiento, la violencia intrafamiliar, entre otras y, por último; e) que estos avances le permitan a la Fiscalía consolidar un sistema de información con bases de datos, categorías desagregadas, clasificadas y georreferenciadas que sean insumos para que otras entidades construyan políticas públicas y acciones afirmativas que garanticen sus derechos.
Con la firma de la resolución que adopta la guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas, la Fiscalía está dando constancia de una tarea pendiente: garantizar el acceso a la justicia a un grupo poblacional que históricamente ha sido víctima de violación a los derechos humanos y, con su puesta en marcha, asume un compromiso con el déficit en la protección de derechos, del cual el movimiento social hará seguimiento. También confiamos en que esta guía sea acogida por toda la cadena involucrada en la investigación criminal para actuar con celeridad, imprimiendo en los equipos de trabajo el enfoque OSIGEG en todo el proceso, asumiendo la hipótesis delictiva como primera opción y usando la ampliación del tipo penal de feminicidio. Celebramos este logro como resultado de un trabajo juicioso, dedicado y sistemático de un movimiento resistente, que ha enfrentado durante años la violencia con determinación y paz, al tiempo que vemos en esta firma un acto de reparación y memoria de miles de personas LGBTIQ+ que, durante años, han enfrentado al prejuicio que controla y aniquila sus vidas, la desatención del Estado y la naturalización de las violencias.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo