Las víctimas LGBTIQ+ en Colombia ahora cuentan con un protocolo de buenas prácticas para los procesos de investigación y judicialización de violencias fundadas por orientación sexual y/o identidad de género.
24 de octubre de 2022. Este miércoles 26 de octubre de 2022, la Fiscalía emitió la Guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género (real o percibida) de la víctima. Este documento, del cual es coautor Caribe Afirmativo, es desarrollada por la Fiscalía General de la Nación -FGN- en cumplimiento de sus funciones y atendiendo a las necesidades en materia de investigación y judicialización de los casos de violencia contra personas con orientación sexual y/o identidad de género -OSIG- diversa (real o percibida). Su propósito es brindar herramientas para la identificación de las violencias fundadas en la OSIG y fortalecer las capacidades institucionales en el abordaje de estos casos, así como su registro, garantizando el derecho a la igualdad y no discriminación de las víctimas.
Con este objetivo, la guía está estructurada en cinco secciones. La primera sección explica el marco conceptual y las definiciones generales para la comprensión de los elementos asociados a la OSIG. La segunda introduce las obligaciones del Estado respecto de las personas con orientación sexual e identidad de género, entre las que se resalta el derecho a la igualdad y la no discriminación y la obligación de investigar y sancionar las violencias en contra de estas personas. En la tercera se exponen algunas buenas prácticas para ser tomadas en cuenta en la investigación y judicialización de las violencias basadas en la OSIG, a partir del principio de debida diligencia. En la cuarta se presentan buenas prácticas en materia de adecuación típica e imputación de las violencias en contra de personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Finalmente, en la quinta se efectúan algunas consideraciones sobre el reconocimiento de la identidad de género y la orientación sexual en la atención a víctimas y usuarios de la Fiscalía General de la Nación.
En agosto de 2022, a partir de la incidencia realizada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo técnico del programa USAID Colombia, el Consejo Nacional de Policía Judicial -CNPJ- en el Acuerdo 001 de 2022 aprobó la modificación de diez formatos de actos urgentes para la mejor incorporación del enfoque diferencial en los mismos, ellos son:
Reporte de iniciación – FPJ-1, Formato único de noticia criminal – FPJ-2, Informe Ejecutivo – FPJ-3, Actuación del primer responsable – FPJ-4, Acta de derechos del capturado – FPJ-6, Acta de inspección de lugares – FPJ-9, Acta de inspección técnica cadáver – FPJ-10, Entrevista – FPJ-14, Interrogatorio de indiciado-FPJ-27, Arraigo -FPJ-34. Estas modificaciones. Tienen Incidencia para toda la policía judicial, tanto Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- como Seccionales de Investigación Judicial y Criminal -SIJIN-, y en todo el territorio nacional.
Sin embargo, lejos de ser simples modificaciones de actualización a los textos de los formatos, los cambios aprobados por el CNPJ, dan cuenta de un proceso de reconocimiento dignificación de poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas, que han enfrentado dificultades particulares en el acceso y respuesta efectiva del sistema de justicia penal.
Hablar de enfoque diferencial nos ubica en múltiples discusiones que atraviesan entre otras: las desigualdades de género (enfoque de género), las exclusiones a personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer y demás -LGBTQ+- (enfoque por identidad de género y orientación sexual), la discriminación racial y contra los pueblos indígenas (enfoque étnico-racial), la marginación social de las personas con discapacidad (enfoque de discapacidad), las diferenciaciones injustas a las personas por su edad (enfoque por ciclo vital etario), los prejuicios sociales contra personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, reincorporados, víctimas o periodistas (enfoque de derechos humanos) o las relaciones sociales que se tejen entorno al territorio (enfoque territorial).
Así mismo, estos enfoques interactúan ente ellos, se encuentran y coexisten en la experiencia vital de una misma persona, es así que podemos encontrarnos con personas que podríamos caracterizar como, por ejemplo, afrodescendiente, lideresa, lesbiana y adulta mayor residente del Urabá. Esta superposición de identidades nos revela la complejidad de los y las usuarias del sistema de justicia penal, y la necesidad por tanto de contar con funcionarios/as que puedan leer estas realidades escondidas en la cotidianidad de su trabajo.
Las modificaciones incorporadas a los formatos de actos urgentes son en la práctica pequeños cambios en el registro de la información, que permite caracterizar de mejor manera a la población usuaria de los servicios de la Fiscalía. Con relación al enfoque por orientación sexual e identidad de género valdría la pena destacar por lo menos tres aspectos:
- Reconocimiento de las identidades trans y no binarias
- Reconocimiento de nuevas categorías registrales bajo el criterio “sexo”.
- Inclusión de pregunta sobre el autorreconocimiento identitario.
Las implicaciones de este reconocimiento trascienden a lo largo del proceso penal y permitirán a investigadores y fiscales aproximarse de otra forma a la investigación misma y dar efectos jurídicos a motivaciones violentas discriminatorias por las razones anteriormente expuestas. Así mismo, permitirá ofrecer garantías de protección o reparación de forma diferenciada a las personas usuarias de los servicios de la Fiscalía. En este sentido, es un proceso que impacta a toda la entidad y sus funcionarios/as y hace parte de un proceso más extenso de transformación institucional.
“Esta guía va a ser un horizonte jurídico para que el funcionario de la Fiscalía y Policía Judicial cuente con herramientas actualizadas y pensadas plenamente para su labor, con el fin de investigar y llevar a juicio de manera exitosa los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, con un punto adicional, y es que el reconocimiento de aquellos casos donde los móviles prejuiciosos fueron fundamentos de las violencias también podrán ser reconocidos más fácilmente y llevados también ante las autoridades judiciales, permitiendo también que se siga reconociendo los casos de violencia por prejuicio contra la orientación sexual, identidad de género o expresión de género percibida”, declaró nuestro director Wilson Castañeda al diario El Espectador.
Desde Caribe Afirmativo acompañamos el proceso de construcción de este protocolo con el apoyo de USAID. Celebramos su firma y puesta en marcha como un gran paso en el acceso a justicia por parte de las personas LGBTI que son violentadas en razón de su orientación sexual e identidad de género, pues es parte de saldar una deuda histórica que ha tenido el Estado hacia las víctimas. Esperamos que la implementación de este protocolo sea al pie de la letra y no dé lugar a revictimizaciones.