Aunque el plan de desarrollo incluye algunas acciones clave, persisten dudas sobre la actividad del Consejo Consultivo y la desconexión con la sociedad civil.
15 de septiembre de 2024. Después de ocho meses del inicio del nuevo gobierno en el departamento del Atlántico, persiste una preocupación estructural sobre la falta de avances claros y contundentes en relación con las acciones que benefician a las personas LGBTIQ+. Aunque el gobernador incluyó algunas iniciativas clave en su plan de desarrollo, no se ha visto un progreso efectivo en la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Existen tres puntos principales de inquietud. En primer lugar, se creó un Consejo Consultivo LGBTIQ+ como parte de la implementación de la política pública. Sin embargo, este órgano no ha contado con las garantías y procesos de gestión para una actividad dinámica y efectiva. A pesar de su voluntad para ejercer un papel importante en la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, su impacto hasta el momento ha sido limitado, debido a la poca gestión por parte del gobierno departamental. Sobre esto, desde nuestra organización, respaldamos las solicitudes hechas por parte del Consejo Consultivo para mejorar su ejercicio y funcionamiento.
El segundo punto de preocupación es la falta de puesta en marcha de la política pública para las personas LGBTIQ+. Se han realizado algunas acciones aisladas, pero no existe una articulación clara entre dichas acciones y los objetivos establecidos en la política pública. Es fundamental recordar que esta política establece obligaciones claras para la gobernación, incluyendo acciones concretas que deben realizarse en conjunto con la sociedad civil.
Por último, resaltamos la desconexión con la figura del funcionario enlace entre la gobernación y la sociedad civil. Es necesario que se facilite la comunicación y coordinación de esfuerzos para avanzar en la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+ en el departamento.
En conclusión, es imperativo que el secretario de Interior, José Antonio Luque, quien tiene la responsabilidad de impulsar estas agendas, y el gobernador, Eduardo Verano, convoquen de manera urgente al Consejo Consultivo para establecer, en diálogo con la ciudadanía, una ruta de trabajo clara para el tiempo restante de gobierno. Todas las acciones futuras deben estar alineadas con los compromisos adquiridos y con las necesidades de la comunidad LGBTIQ+.
No podemos pasar por alto la ausencia de compromiso y debemos exigir una mayor claridad y responsabilidad en la ejecución de las políticas públicas.