25 de octubre de 2024. En el marco del IV Encuentro de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes y Refugiadas, celebrado en Cartagena, se presentó un informe sobre la situación de derechos humanos y las necesidades de protección internacional de las personas LGBTIQ+ refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. Este documento recoge una serie de recomendaciones en materia de salud, trabajo, regulación, educación, vivienda y rutas migratorias elaboradas por el equipo investigador y las organizaciones que participaron en el proceso de entrevistas.
En cuanto a salud, la negación y falta de acceso al derecho a la salud constituyen una barrera significativa para las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana. Es fundamental abordar esta problemática desde un enfoque diferencial y de derechos humanos. Por ello, se propone la creación e implementación de programas diferenciales en los territorios de acogida y en las rutas, con la asignación de recursos nacionales que garanticen la atención prioritaria a personas con VIH, tratamientos psicológicos y otros diagnósticos, abarcando desde el más alto riesgo hasta el más leve. Además, es crucial continuar con la capacitación del personal hospitalario para eliminar las barreras basadas en prejuicios.
Respecto al trabajo, se recomienda la implementación de estrategias nacionales que fomenten la empleabilidad y el emprendimiento de personas LGBTIQ+ migrantes. Por ejemplo, las empresas en regiones fronterizas o con alta presencia de migrantes podrían destinar un porcentaje de sus nóminas a personas LGBTIQ+ migrantes, recibiendo a cambio incentivos como la reducción de impuestos y el fortalecimiento de sus iniciativas.
En términos de regularización, se subraya la necesidad de crear un documento único de regularización migratoria para las personas migrantes en las Américas, que contemple enfoques diferenciales. Este documento permitiría el acceso a empleo formal, servicios de salud, educación, productos financieros, envío y recepción de remesas, entre otros.
Con respecto a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, es crucial promover legislación que impulse el respeto y la aceptación de las personas con identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales diversas en los países de las Américas.
En el ámbito de la educación, es importante establecer mecanismos que faciliten el reconocimiento de títulos académicos y certificados de notas sin el requerimiento de apostilla, así como la validación de habilidades y destrezas adquiridas de manera empírica o sin documentos formales.
En cuanto al derecho a la vivienda, este debe abordarse desde una perspectiva de sensibilización ciudadana, clave para transformar ideas xenófobas y frenar las múltiples violencias que enfrenta la población LGBTIQ+ migrante y refugiada. La pedagogía debe ser interiorizada por los funcionarios e instituciones responsables de orientar acciones sin prejuicios, priorizando un enfoque de diversidad. A corto plazo, se recomienda a los Estados brindar una amplia cobertura y asistencia humanitaria en refugios, convirtiéndolos en espacios seguros para las personas LGBTIQ+ migrantes y refugiadas.
Finalmente, en lo que respecta a las rutas migratorias, las personas LGBTIQ+ migrantes en las Américas enfrentan múltiples violencias debido a prejuicios sobre sus identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales. Además, su condición como migrantes y la falta de representación de sus identidades en documentos aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de sufrir violencias a manos de funcionarios. Por ello, se recomienda unificar criterios entre los Estados de las Américas para generar una política migratoria con enfoque diferencial de género que incluya la creación de espacios seguros en albergues y rutas de acceso, con un enfoque en la diversidad sexual y de género, así como garantías de rutas seguras para las personas migrantes que incluyan mecanismos de protección. Es igualmente importante capacitar y sensibilizar a los funcionarios para ofrecer un trato digno a las personas LGBTIQ+ migrantes, estableciendo además mecanismos de evaluación y sanciones para quienes incurran en actos de discriminación.