Una decisión que agrava la violencia estructural. La suspensión del parole humanitario tiene impactos directos en la vida de personas migrantes LGBTIQ+, especialmente venezolanas, cubanas, haitianas y nicaragüenses, quienes enfrentan múltiples factores de expulsión: autoritarismo, colapso institucional, pobreza extrema, violencia política y crímenes por prejuicio.
12 de junio de 2025. El gobierno de Donald Trump anunció que no reactivará el programa de parole humanitario que, desde enero de 2023, había permitido el ingreso regular de personas migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua por razones humanitarias. La decisión fue oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y responde a una agenda política que criminaliza la movilidad humana y desmonta mecanismos alternativos de protección internacional para quienes huyen de contextos de persecución y violaciones a los derechos humanos.
Este mecanismo fue una alternativa segura frente a la migración irregular en rutas altamente peligrosas, como la del Darién o el cruce de la frontera sur entre México y EE. UU. Según datos oficiales, más de 500.000 personas migrantes se beneficiaron del programa.
Una decisión que agrava la violencia estructural. La suspensión del parole humanitario tiene impactos directos en la vida de personas migrantes LGBTIQ+, especialmente venezolanas, cubanas, haitianas y nicaragüenses, quienes enfrentan múltiples factores de expulsión: autoritarismo, colapso institucional, pobreza extrema, violencia política y crímenes por prejuicio.
Para muchas personas trans, no binarias y disidentes sexuales, este mecanismo representaba una salida frente a la persecución estatal, las amenazas de grupos armados o el rechazo familiar. En el caso de Venezuela, donde persisten la criminalización indirecta y la represión sistemática, muchas mujeres trans y activistas han migrado forzadamente para salvar sus vidas.
La eliminación del parole las obliga a exponerse a rutas marcadas por abusos, extorsión, redes de trata de personas y detenciones arbitrarias en centros de inmigración donde las condiciones son inhumanas. Organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples casos de violencia sexual, negación de atención médica y aislamiento de personas LGBTIQ+ migrantes en estos espacios.
Una política que desconoce el derecho a buscar protección. Esta decisión no solo corta un canal legal, también niega el derecho a solicitar refugio en condiciones dignas. Como ha señalado ACNUR, las personas con necesidades de protección internacional no deben ser forzadas a retornar a países donde sus vidas están en riesgo.
Desde Caribe Afirmativo rechazamos esta medida. Es una decisión política que privilegia el control fronterizo sobre la vida y que invisibiliza las realidades de personas migrantes LGBTIQ+ que, por su orientación sexual o identidad de género, enfrentan riesgos particulares. Esta suspensión representa una barrera más en un sistema ya profundamente desigual y excluyente.