16 de marzo del 2021. El día de ayer se realizó la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la periodista Jineth Bedoya, quién fue victima de violencia sexual, tortura y secuestro durante más de 16 horas por parte de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC en complicidad con la fuerza pública. Esto ocurrió el 25 de mayo de 2000 cuando se dirigía a la cárcel Modelo a realizar una entrevista parte de su trabajo periodístico.
Veinte años después este caso llega a la Corte de IDH y lo que sucedió ayer demuestra la inoperancia de la justicia colombiana, pues los abogados que representaban al Estado en está audiencia se retiraron bajo el pretexto de que faltan garantías procesales por parte de seis de los siete magistrados.
Lo anterior demuestra que aún faltan años luz para reparar, vencer la impunidad y dar una adecuada respuesta desde las justicia para las personas que han sido víctimas de violencia sexual en Colombia, pues como lo ha señalado Jineth Bedoya en múltiples entrevistas su cuerpo ha sido territorio de guerra y ese dolor lo ha resignificado a través de los años, principalmente porque desde su historia personal y su profesión como periodista ha documentado las experiencias de miles de mujeres, niñas y adolescentes en Colombia que han vivido estos mismos hechos victimizantes.
El caso de Jineth Bedoya es el primer caso de violencia sexual del país que llega a tribunales internacionales, pues ella denunció inmediatamente pero el proceso se estancó durante 11 años y en el 2011 al llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República se vio obligada a retomar las investigaciones sobre lo ocurrido en el 2000. Aquí se determinó que el único responsable fue el Estado colombiano al no brindarle garantías de protección y no dar prioridad a sus derechos como mujer y periodista.
Por su causa en agosto de 2014 el presidente Juan Manuel Santos declaró el 25 de mayo como “Día internacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado”. En 2016, Jineth Bedoya descartó conciliar con el Estado ante la CIDH por la inoperancia en el castigo a las autores intelectuales del crimen, que involucra a policías y militares colombianos. Dos décadas después hay tres condenas a autores materiales y ninguna a autores intelectuales, según lo registra el medio de comunicación feminista Volcánicas.
En lugar de aprovechar la oportunidad para reconocer los errores y ofrecer promesas de reparación, la oposición opta por dilatar el proceso lo cuál revictimiza a Jineth Bedoya, una vez más se pone en tela de juicio al Estado colombiano, mientras que Bedoya se convierte en un símbolo de valentía y resiliencia.
Varias organizaciones sociales por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y los y las periodistas comunicaron su rechazo ante este hecho, pues otros países que han sido convocados a la Corte de IDH no se han retirado, Colombia es el primero en tener una actitud irresponsable frente a las víctimas.
Con base en lo anterior, CARIBE AFIRMATIVO se suma a las demás organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, para rechazar estos actos por parte de quienes representaron a Colombia en esta audiencia, pues como institución que ha documentado los casos de violencia sexual, especialmente en los casos de mujeres LBT en el marco del conflicto armado, sabemos que estos hechos quiebran en mil pedazos las vidas de las víctimas y las consecuencias que deja en relación a la ruptura de sus proyectos de vida, daños en su salud física y mental, que en la mayoría de las veces son irreparables.
Exigimos al Estado responder ante esos hechos con responsabilidad, escuchar a Jineth Bedoya quien en entrevistas señaló que una posibilidad de reparación sería clausurar la cárcel Modelo, pues allí a diario se viven violaciones sistemáticas de derechos humanos, como también brindar protección a los y las periodistas cuya labor se ve en riesgo al documentar y divulgar la verdad histórica de Colombia y especialmente a las mujeres, porque sus cuerpos han sido desde siempre utilizados para sembrar el terror y ratificar su poder sobre los mismos. Así las cosas, enfatizamos que ya no es hora de callar y que los dirigentes y funcionarios de las distintas ramas del poder del país tienen que entenderlo y actuar consecuentemente a las exigencias de las víctimas.