31 de enero de 2020. Basta con una breve lectura del decreto que da vida al nuevo Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, para enamorarse de la estructura casi poética en la cual se sustenta, debido a que parte de la importancia y necesidad de impulsar la integración latinoamericana, la igualdad, la solidaridad y el acceso a condiciones de trabajo dignas de las personas que han migrado a Colombia desde Venezuela de forma irregular.
También se podría alegrar el lector con que esta medida es mucho más laxa para el migrante, ya que no requiere un pasaporte o documento de identidad vigente para iniciarse, siendo mayor de 18 años, libre de antecedentes u órdenes de deportación y aportando una copia simple bastará para ser postulado por el interesado en emplear a una persona venezolana ante la autoridad competente, otorgándole un permiso de permanencia por el tiempo de ejecución del contrato sin que exceda los dos años y siendo extendido hasta por 4 años, dejando un considerable periodo de tiempo para que la persona regule su situación migratoria en el país.
En síntesis, el PEPFF nace en virtud de una oferta laboral o de prestación de servicios, donde la responsabilidad inicial será para el empleador-contratante de postular ante un aplicativo web del Ministerio de trabajo la oferta con información sobre el objeto y condiciones del contrato acorde a la legislación que corresponda, bien sea civil o laboral. Siguiente a ello, el ministerio revisa y aprueba la solicitud en caso de estar en debida forma, siguiente a ello, se traslada la carga al ciudadano venezolano de solicitar ante Migración Colombia, la cita presencial para terminar la validación del proceso.
Aunque estos contratos sean regulados acorde la legislación correspondiente y se realicen con todas las garantías formales del caso, el mayor temor es que a través de estos se constituyan elementos de coerción y explotación laboral. Los contextos en los que se otorgarían estos contratos son bastante sensibles ante las desigualdades que viven los contratistas o trabajadores, debido a que además de la oportunidad de ingresar formalmente a una fuente de recursos, es un vale para huir de un país con un contexto complejo en todos los ámbitos y en crisis.
En este sentido, se abre la puerta a constituir una relación de poder y de explotación laboral, considerando precedentes encontrados en Estados Unidos, donde se han reportado casos de graves vulneraciones a derechos humanos a raíz que se otorgaran visas temporales a los trabajadores migrantes en virtud de un contrato de trabajo, llegando a situaciones tan extremas como la muerte de los empleados debido a las precarias condiciones de ejecución del trabajo.
Con esto, Caribe Afirmativo considera que se debe procurar disponer de una adecuada gestión de recursos administrativos no solo para que el empleador o contratante sienta que es un trámite ágil y lo realice rápidamente, sino para que las autoridades competentes ejerzan control y vigilancia sobre las condiciones laborales que van a llevar las personas que sean contratadas a través del PEPFF, así evitar que lo que parece una nueva alternativa en contra de la informalidad laboral del trabajador migrante sea usada como fachada a un mercado de explotación formalizado.