La Organización Mundial de la salud manifiesta: “Interrumpir la financiación de los programas de lucha contra el VIH puede exponer a las personas que viven con el VIH a un mayor riesgo inmediato de contraer la enfermedad y de fallecer, y socavar los esfuerzos para prevenir la transmisión en las comunidades y los países.
19 de febrero de 2025. El nuevo gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el republicano Donald Trump, emitió varias órdenes ejecutivas a pocos días de asumir la presidencia. Entre ellas, ordenó la suspensión temporal (exactamente tres meses) de la mayoría de los programas de ayuda humanitaria que el país suministra en todo el mundo.
Una de las órdenes ejecutivas de suspensión de ayuda humanitaria afecta directamente la financiación de los programas de VIH en países de ingresos medios y bajos. Según el nuevo gobierno, estas suspensiones tienen como objetivo ‘evaluar la eficacia programática y su coherencia con la política exterior de Estados Unidos’. Ante esta decisión automática de detener toda ayuda humanitaria, se impulsaron diversas acciones de incidencia para revertir esta preocupante medida.
El pasado miércoles 29 de enero, el nuevo secretario de Estado informó sobre la adopción de una exención de emergencia, cuyo fin es garantizar la continuidad o reanudación de la ayuda humanitaria destinada a medicamentos y servicios médicos esenciales, incluido el tratamiento antirretroviral para el VIH, así como a los suministros necesarios para su prestación. Esto significa que, a pesar de la revisión de 90 días sobre la eficacia y coherencia de estos programas, la ayuda no se detendrá en ese período, como se había anunciado inicialmente.
La directora ejecutiva de la oficina de las Naciones Unidas para el Sida Onusida manifestó: “ONUSIDA acoge con satisfacción esta exención del Gobierno de los EE.UU., que garantiza que millones de personas que viven con el VIH puedan seguir recibiendo la medicación que salva vidas durante la evaluación de la ayuda exterior al desarrollo de los EE.UU.”
Aun así, existe la alerta que, culminados los 90 días de evaluación, el gobierno del presidente Trump pueda decidir suspender definitivamente esta importante ayuda humanitaria. Ante el anterior panorama, La Organización Mundial de la salud manifiesta: “Interrumpir la financiación de los programas de lucha contra el VIH puede exponer a las personas que viven con el VIH a un mayor riesgo inmediato de contraer la enfermedad y de fallecer, y socavar los esfuerzos para prevenir la transmisión en las comunidades y los países. Medidas como esta, si se prolongan en el tiempo, podrían provocar un aumento en las nuevas infecciones y en los fallecimientos, revirtiendo así decenios de progresos y devolviendo al mundo a los años 80 y 90 del siglo XX, cuando, cada año, millones de personas morían por el VIH en todo el mundo, muchas de ellas en los Estados Unidos de América”.
Existe gran incertidumbre en organizaciones de base comunitaria y colectivas del país que trabajan con personas con VIH y poblaciones clave (Hombres gays y HSH, personas trans, personas trabajadoras sexuales, población migrante), pues son receptoras en gran medida de recursos provenientes de fondos del gobierno estadounidense que tienen como objetivo prevenir y tratar el VIH. Cualquier interrupción de estos recursos significaría afectar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030: Cero muertes por Sida y acabar con la discriminación por VIH.
La alerta continúa, esperando que impere el compromiso y el bien común que, en las últimas décadas, los Estados Unidos han mantenido con la salud pública.