19 de agosto de 2020. Las medidas adoptadas para contrariar el COVID-19 en las entidades territoriales ha llevado a normalizar el confinamiento de las personas, sin embargo, tras cinco meses de paralización, muchos ciudadanos y ciudadanos han tenido que retomar sus vidas exponiéndose a riesgos sanitarios, puesto que las necesidades van aumentando y el compromiso de la institucionalidad es limitado.
Esta situación se ha agudizado en algunos contextos, puesto que existen círculos de pobrezas y marginalidad enorme que presionan y ponen en jaque la vida de la ciudadanía. Este es el caso de las mujeres trans en el municipio de Ciénaga, una población que históricamente se ha podido caracterizar como un grupo cuya garantía a derechos sociales, económicos y culturales es casi inexistente, enfrentadas “múltiples barreras en el sistema se salud plantea que frente al acceso a la salud en la región Caribe las personas ellas hacen parte de una población particularmente vulnerada en sus derechos, sus necesidades y demandas son desatendidas, denegadas” (Pérez , 2017), llevado a que el 10% de ellas carezcan de acceso a la salud, sean desde jóvenes obligadas a salir de sus hogares y de las instituciones educativas en donde NO se reconocen las identidades y expresiones de género diversas.
La invisibilización de sus experiencias y realidad, acompañado de la ausencia de registro de datos oficiales ocasiona que siga perdurando la visión sobre la cual sus cuerpos son objetos de violencia les impide su ejercicio libre de sus derechos, desde el uso restringido del espacio público hasta el hecho de recibir amenazas por sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. En el pasado y actualmente en algunos territorios los grupos al margen de la ley y bandas criminales han victimizado a gran parte de la población y entre esas a personas LGBT, quienes, tanto en zonas rurales como urbanas, han sido amenazadas, desterradas, despojadas y asesinadas.
A la fecha se tiene conocimiento por 4 casos mujeres trans trabajadoras sexuales de este municipio que “sean visto obligadas a salir a las calles y colocarse en la carretera, a pesar que eso no está dando”, puesto que no han recibido apoyo institucional desde que comenzó la cuarentena y las necesidades de ellas y de sus familiares aumentan. Sin embargo, el riesgo sanitario por contraer COVID-19 no es su único riesgo, aún hay uno más complicado que pone en riesgos a la vida y su integridad física: la presencia de los “serenos”.
Los “serenos” son un grupo contratado por la ciudadanía para cuidar las calles, quienes, al ser legitimado para el uso de la violencia para cuidar los territorios, han fortalecido el imaginario de mantener un control territorial y tener la facultad de ejercer violencias sobre las mujeres trans que realizan trabajo sexual o prostitución. Estos “serenos” están divididos por sectores del municipio, aparentemente es una práctica recurrente y normalizada en estos meses; los que agreden a las mujeres trans ejercen control desde la carretera hasta la calle 18. Bajo ese marco, estos exigen hacer el pago de una cuota diariamente para que ellas puedan estar en el espacio, si existe una negativa en el pago estos ejercen violencias sobre sus cuerpos.
Según testimonios y narraciones de las presentes están las corretean, golpean o emplean un Tabano Teaser eléctrico para causar daño, como forma de represaría y reprimenda por el incumplimiento de su “obligación”, dos de ellas han sido agredidas con este dispositivo, el ultimo caso de agresión se registró el sábado 15. Esta forma de violencia se escuda en la “garantía” de protección y seguridad, y la existencia del prejuicio sexual latente por las identidades de género asociado a transfobia. Este es una conducta que es típica, antijuridica y culpable denominada con extorsión, por lo que requiere seguimiento e investigación de las autoridades correspondientes y una actividad con un alto reproche social, especialmente, NO es justificable que la ciudadanía acceda a las vías de hecho ¿Qué está ocurriendo en materia de seguridad en el municipio?
Sin lugar a dudas, se hace un llamado a la Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena y la Personería Municipal a hacer valer los derechos de las mujeres trans y una necesaria intervención al asunto que pone en riesgo su integridad física, exhortando a que en el momento del diseño e implementación de la medida NO recrimine, ni satanice el trabajo sexual, mucho menos culpabilice a las victimas de la violencia y de un sistema que ha desconocido las realidades, experiencias y vivencias de las mujeres trans en el territorio, quienes lamentablemente son un grupo vulnerable, vulnerabilizado y excluido en un gran sentido.
Es fundamental que la Alcaldía tome una posición clara en garantizar subsistencia alimentaria a estas mujeres trans, y en su totalidad (tanto a trabajadoras sexuales y las que no) puesto que la dinámica registrada por Caribe Afirmativo en sus diversos informes y en la línea base elaborada para la adopción de una política publica en diversidad sexual y de género en el municipio de Ciénaga determinó que el trabajo informal independiente con un 32% es la principal forma de adquisición de recursos, un trabajo de rebusque que sólo permite la subsistencia; sumado a eso el 8% de personas se dedican al trabajo sexual y este es el caso de las mujeres trans, quienes en un 80 % se dedican a esta actividad y el restante a actividades de ventas ambulantes o trabajo doméstico. Es notable que esta practica del trabajo sexual es la única fuente que se la ha permitido y esta disponible en las medidas de sus posibilidades, por lo cual, la invitación a trabajar de fondo para mitigar el problema y no incurrir en acciones con daños.
Como Caribe Afirmativo, esperemos que esta situación sea mitigada y abordada con la integralidad e intersectorialidad necesaria, en vista que existe un riesgo latente a la vida. Las mujeres trans merecen una vida sin violencia, sin que se sienta como una pena de muerte ¡Nuestros derechos NO están en cuarentena!