En la declaración del Encuentro Plural por la Paz se reconocieron los avances importantes en la implementación del acuerdo. No obstante, se enfatizó en la necesidad de darle celeridad a cada uno de los procesos de manera integral.
En junio del 2017, como resultado de la firma de Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, 13.000 combatientes de este movimiento armado ilegal se desarmaron y desmovilizaron, desapareciendo así la guerrilla más antigua y poderosa del continente. En los años siguientes, arrancó la implementación del acuerdo y disminuyó sustancialmente la violencia en todo el territorio nacional.
Actualmente, se avanza de forma satisfactoria en la reincorporación de los excombatientes y la inmensa mayoría de ellos cumple con sus compromisos, mientras el sistema de justicia transicional comienza a mostrar resultados importantes. Sin embargo, son lentos los avances en la implementación integral del acuerdo, que es fundamental, si queremos romper el círculo vicioso de la guerra que hemos padecido por décadas.
En esa línea, es importante mencionar que aún continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales y excombatientes, la reforma rural no despega, la reforma política y electoral sigue pendiente y aún no aplicamos con rigurosidad el nuevo enfoque en la lucha contra los cultivos ilícitos en los territorios.
Con la elección del nuevo gobierno de Gustavo Petro, se abren grandes expectativas frente a las posibilidades de paz en el país. En ese sentido, consideramos que la prioridad inicial debe ser el compromiso del Estado con la implementación integral del acuerdo, recuperar el tiempo perdido y garantizando el pleno funcionamiento de las instancias bilaterales contempladas en el acuerdo.
Convocar de manera urgente la Comisión Nacional de Protección de garantías y seguridad, impulsar en el Congreso las reformas pendientes, asegurar la correcta inversión de los recursos para las zonas PDETS y garantizar la presencia del estado en las zonas en las que el conflicto se ha agudizado en los últimos años, son los grandes desafíos que tenemos por delante como sociedad. Comprendemos que esta tarea requiere el compromiso de las distintas fuerzas políticas, sociales y empresariales del país, con el fin de lograr de una vez por todas la derrota de la violencia y la ilegalidad.
En ese mismo propósito, entendemos que es necesario explorar las posibilidades de reanudar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y analizar las distintas opciones jurídicas que permitan el sometimiento a la justicia de las diversas bandas criminales. Del mismo modo, el acuerdo con las FARC abrió las puertas para construir una paz estable y duradera en Colombia. El compromiso de ambas partes en su cumplimiento es esencial para avanzar en ese objetivo, si queremos desactivar en forma rápida y efectiva los distintos actores armados que persisten en generar violencia contra los colombianos en su afán de apoderarse de las rentas ilícitas.
A su vez, recuperar el control territorial en algunas zonas del país, cumplir integralmente el acuerdo y abrir las posibilidades a acuerdos políticos y de sometimiento a la justicia de otros grupos armados ilegales, son entonces los grandes retos que asume el próximo 7 de agosto el gobierno del Presidente Petro y en los cuales contará con nuestro apoyo, con la ilusión de que finalmente La Paz y la reconciliación se consolide para todos.