A dos días de aplicación del decreto 003 de 2024, por parte de la Alcaldía Distrital de Cartagena, nos preocupa la revictimización y la criminalización que el ente territorial hace del trabajo sexual.
03 de enero de 2024. En Colombia, la Corte Constitucional, con sentencia T-594 de 2016, protegió los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación y, la SU 062 de 2019, abordó, de forma integral, el concepto de trabajo, las modalidades que requieren una protección especial y lo concerniente a las medidas administrativas. Además, pidió al Congreso de la República reglamentar el ejercicio del mismo en Colombia, situación que, de forma participativa, se viene haciendo estos días en el Senado y la Cámara de Representantes, donde la voz y propuestas del sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales ha sido clave para no re-victimizar su ejercicio y no criminalizar sus vidas.
Precisamente, lo que ha denunciado este sindicato es la existencia en el país de prácticas delictivas como la trata de personas y el comercio sexual con fines de esclavitud en ciudades como Cartagena. Estos fenómenos ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas que ejercen el trabajo sexual, y si bien reconocemos la disposición del nuevo gobierno distrital para poner atención a este, nos preocupa el nivel de revictimización que se desprende de lo consagrado en el decreto 003 de 2024.
En este decreto se adoptan medidas para establecer el orden público en el centro de Cartagena en contra del turismo sexual y la trata de personas, especialmente para proteger a niños, niñas y adolescentes, así como medidas en contra de comercialización y tráfico de estupefacientes. Dicho decreto tiene un carácter más coercitivo que garantista, debido a que, en materia de derechos, pone en riesgo la vida de las personas trabajadoras sexuales, entre ellas de muchas personas trans que se encuentran en riesgo en la ciudad y son susceptibles de ser víctimas de esclavitudes modernas.
Las violencias sexuales, el comercio sexual con fines de explotación y la trata de personas es un flagelo que ha afectado históricamente a Cartagena y otras ciudades del país. Las autoridades han perseguido a las víctimas y no a los victimarios, generando un aumento de las condiciones de riesgo, y su inacción frente al delito ha aumentado sus modalidades. A esto se le suma, la persecución y aplicación selectiva de la ley por parte de la Policía Metropolitana a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, especialmente a las mujeres trans, pues tal como lo consagró el último informe de derechos humanos de Caribe Afirmativo, entre el año 2022 y 2023, se presentaron en Cartagena 11 casos de violencia, persecución y aplicación selectiva de la ley, con especial afectación a las migrantes venezolanas y quienes están en habitabilidad de calle. Por eso, una medida para poner fin a estos delitos debe ser integral.
En esa línea, detallamos siete puntos claves frente al decreto 003 de 2024:
1. El decreto, al atender un problema, criminaliza todas las formas de trabajo sexual en el Centro Histórico de Cartagena, afectando el derecho fundamental al trabajo y otros derechos humanos.
2. A pesar del uso en las motivaciones del informe ‘Invisibles: un abordaje exploratorio y descriptivo al fenómeno de la trata de personas en Cartagena en clave de diversidad sexual y de género’, que hicimos en Caribe Afirmativo, la interpretación que se realiza desconoce lo buscado en el documento, que no es otra cosa que garantizar los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, evitar su criminalización y brindarles garantías.
3. En dicho informe hacemos una solicitud explícita que no fue atendida, ni por el gobierno anterior, ni ha sido asumida por el actual; en este solicitamos a la alcaldía que: (i) active de inmediato una mesa de trabajo donde participen las trabajadoras sexuales y (ii) construya de forma participativa una hoja de ruta que prevenga y sancione los delitos, sin aumentar hacia ellas los riesgos y las vulnerabilidades, ni coartar su libertad.
4. El pasado mes de octubre, con ocasión de algunas jornadas que realizamos para crear conciencia sobre la importancia de la prevención del delito de la trata de personas en la ciudad, invitamos a un debate público sobre el uso del suelo, que reconozca las voces de las personas que ejercen el trabajo sexual como grupo históricamente discriminado, para no afectar sus derechos.
5. Las medidas estatales que se adopten para atender estos fenómenos deben estar orientadas a la protección y no a la revictimización. Además, la ciudad está en mora de: (i) socializar a las personas que ejercen el trabajo sexual y otres la ruta de atención a casos de trata de personas y (ii) garantizar que esta cuente con una perspectiva diferencial con énfasis en diversidades sexuales y de género. Ruta que fue resultado de unas mesas participativas realizadas en el gobierno anterior, pero que hasta la fecha no se ha hecho pública.
6. Proponemos instalar de inmediato en el Distrito una Mesa de Casos Urgentes con población históricamente discriminada y reconocida como grupos de especial protección, como las personas trabajadoras sexuales, en aras de construir de forma participativa una ruta de acción que garantice sus derechos.
7. Invitamos a la Alcaldía Distrital de Cartagena, de manera respetuosa, a consultar nuestro informe ‘Invisibles: un abordaje exploratorio y descriptivo al fenómeno de la trata de personas en Cartagena en clave de diversidad sexual y de género’. Desde la página 163 a la 171, se encuentran las recomendaciones construidas con las personas trabajadoras sexuales, donde se incluyen propuestas específicas para abordar la problemática de manera integral.
Por último, es fundamental recalcar que las actuales medidas que refuerzan el hecho de que sea la fuerza pública quien seleccione quienes sí y quienes no pueden ejercer el trabajo sexual, sometiendo todo al poder policivo no es adecuada. Primero, porque estas medidas deben hacerse a través del POT para regular el uso del espacio público, siguiendo los lineamientos que establece la ley en materia de regularización del trabajo sexual. Segundo, porque la policía en Cartagena –y en el país–es la mayor vulneradora de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, como lo indica nuestro estudio. Ignorarlo será aumentar el nivel de criminalización de las personas trabajadoras sexuales, tanto en la aplicación del acto administrativo, como en las acciones secundarias de control policial que se desprendan de él.
Por ello invitamos al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y a su equipo de gobierno, a revisar de inmediato este decreto, garantizar que esté sujeto a la ley y a la protección de derechos de una población de especial protección constitucional y a promover su protección no su criminalización. Saludamos el interés de poner fin al delito de la trata y de las esclavitudes modernas en la ciudad, pero es necesario que sea a través de estrategias que no caigan en la revictimización, ni aumenten los niveles de riesgo y de vulnerabilidad para las víctimas.
Caribe Afirmativo