El actual Plan Nacional de Desarrollo fue el primero en incluir acciones concretas para las personas LGBTIQ+ en Colombia. A dos años y dos meses de este gobierno termine su mandato, urge materializar su cumplimiento para garantizar la vida digna de las personas sexo-género diversas.
El gobierno de Petro y Francia ya ha marcado un hito histórico en materia de reconocimiento de grupos poblacionales históricamente excluidos, al asumir compromisos concretos para superar la exclusión y la inequidad y concretar acciones de “vida buena” para estas personas; entre las que se encuentran indígenas, afros, mujeres, campesinas y campesinos, personas LGBTIQ+, entre otras poblaciones. Estas, en gobiernos pasados, eran meramente enunciadas en los principios de sus respectivos planes. En este gobierno, pasaron a estar en el articulado del plan, con acciones, metas, resultados y responsables que podrán materializar las banderas de “las y los nadies”, que dieron su apoyo y voto para que, efectivamente, Colombia sea un país donde se dignifique la vida. Muestra de ello, en estos casi dos años de gobierno, ha sido la creación de programas para reducir la inseguridad alimentaria, acciones para hacer frente a la pobreza, la atención a la ruralidad, para superar el déficit agrario y la apertura de espacios de representación con personas de estos grupos poblacionales que están liderando estos cambios.
En lo que compete a las personas LGBTIQ+ el plan de desarrollo —aprobado a inicios del año 2023 y que tiene temporalidad hasta el 2026— el solo hecho de aparecer por primera vez en el articulado, ya marcó un asunto de cambio para el movimiento social, pues, desde el gobierno Santos (2010 – 2014) solo aparecía tímidamente enunciado en su preámbulo. Dicha participación en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia: potencia mundial de vida’, se pueden asumir cuatro artículos estratégicos que cuyas acciones diferenciales deben impactar la vida de las personas sexo-género diversas y un artículo estratégico que, de entrar en marcha, puede mejorar considerablemente la calidad de vida. Bajo el entendido que un plan de desarrollo es una hoja de ruta para la gobernabilidad, la enunciación de las personas LGBTIQ+ como sujetos de especial protección constitucional ya marcan un hito claro de responsabilidad de derechos, desde donde quiere posicionar el gobierno su decisión y le compromete a aunar esfuerzos desde todos los frentes institucionales y sociales. Para lograr este objetivo, la inclusión y protección a personas LGBTIQ+.
Los artículos estratégicos, desde donde se deben derivar acciones concretas son los siguientes. Artículo 70, que crea el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, el cual busca coordinar las actividades estatales de las organizaciones sociales y de los particulares para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas, territoriales y sociales. Además, impulsar el goce del derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad, la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados. El Artículo 74, que insta al Ministerio del Trabajo y al Gobierno Nacional a crear la Política Pública de Trabajo Digno y Decente, la cual se regirá por un enfoque diferencial, buscando la promoción de empleo e ingresos dignos, la extensión de la protección social, la garantía de los derechos fundamentales del trabajo y el ejercicio del diálogo social y tripartido. El Artículo 81, que busca la creación de un Plan de Formalización del Empleo Público para que los órganos, organismos y entidades de la Administración Pública provean todos los cargos de las plantas de personal, se creen nuevas modalidades de acceso al empleo público y se haga un uso racional de la contratación por prestación de servicios. Por último , el Artículo 109, que busca que a través del Ministerio del Interior se lidere, amplíe y fortalezca la Política Pública de Participación Ciudadana y Electoral, con el objeto de incorporar enfoques diferenciales, como el de género, y de esta manera fortalecer las organizaciones sociales, proteger el voto libre y promover los derechos políticos de las mujeres, bajo el principio de paridad y alternancia y de la población LGBTIQ+.
Como pueden ver, son cuatro objetivos que se resumen en tres acciones estratégicas: a. Que el país cuente con rutas y metodologías propias que hagan de la equidad una norma de vida y vaya superando la desigualdad. b. Una acción de política laboral concreta, orientada sobre todo para las personas trans que están invisibilizadas en el mundo del trabajo, asumiendo una buena práctica en la creación de empleos públicos. Y c. Promover la participación ciudadana con enfoque diferencial. Podría decirse que son acciones que, desde la constitución de 1991, andan marchando pero que este gobierno se propone concretar y materializar para la vida de las personas sexo-género diversas.
Pero luego aparece el Artículo 114, que es el colofón del compromiso de este gobierno con los derechos de las personas LGBTIQ+. Este contempla la creación y conformación de un mecanismo para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ+ a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad en articulación con los Ministerios de Defensa, Justicia, Interior, Educación, Salud, Trabajo, Cultura, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo, contará con la participación de la Comisión Accidental de Diversidad Sexual del Congreso de la República, el Ministerio Público, representantes de la academia y organizaciones sociales. Es decir, una gran plataforma de articulación del Estado, con participación ciudadana, que dotará de contexto a las instituciones para construir respuestas acorde a las necesidades y con herramientas claras de medición para construir políticas públicas, que se deben medir a corto, mediano y largo plazo con énfasis territorial, interseccional y en integralidad de derechos. Serían estos cimientos muy sólidos para un proyecto de ciudadanía que, por fin, nos permita superar la violencia y la ausencia de derechos por un aparato institucional que responde en derechos y asegura libertades.
Estas instancias conformarán un mecanismo de coordinación interinstitucional para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención e investigación oportuna a casos de violencias contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que pueden hacer parte de las violencias basadas en género, en conexidad con el Sistema Nacional LGBTIQ+ o el que hagas sus veces. Como parte de este mecanismo, se hace un llamado a las entidades territoriales para que creen metas y líneas estratégicas en los planes de desarrollo locales y regionales que busquen la prevención y atención integral de las violencias y actos de discriminación a la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Además, mesas de trabajo interinstitucionales para el abordaje de violencias y actos discriminatorios en contra de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
El reciente informe de derechos humanos de Caribe Afirmativo, alertó el déficit de estructuras en materia de sistemas de información que tiene hoy el Estado en lo referido a personas LGBTIQ+, que les conlleva prácticas de discriminación, invisibilización, revictimización y le deja a las entidades información a medias, poco oportuna y sin claridades que no les provee insumos para políticas públicas. Por eso, la puesta en marcha de este sistema podría ser el punto de arranque para consolidar una cultura de derechos, dejar capacidades instaladas y no permitir retrocesos o más omisión del Estado en el cumplimiento de sus funciones. Pero ello requiere un arranque inmediato. La lentitud con la que avanza la política pública nacional que aún no concreta nada, la ineficiencia de la Mesa de Casos Urgentes y la no posesión de un viceministerio anunciado hace casi seis meses, que se refleja en baja ejecución presupuestal, ausencia de norte político a las propuestas y la materialización de acciones, nos están dejando entrever que le cuesta a este gobierno honrar sus compromisos con las personas sexo-género diversas.
Esperemos que el ejecutivo entre en razón, que en las próximas semanas se eche a andar la estrategia de implementación y que se aproveche el momento histórico en el que los entes territoriales construyen planes de desarrollo, para que las acciones tengan corresponsabilidad, articulación y sobre todo lleguen a los territorios más apartados y mejoren la vida de la gente más invisibilizada del movimiento social, que necesita experimentar con urgencia la vida digna y bien vivida que tanto se les ha prometido en campañas políticas. Es así que, si en 865 días que termina este gobierno, tenemos un sistema de información solido frente a las realidades territoriales LGBTIQ+ con indicadores claros de transformación y metas que se miden por impactos reales en la calidad de vida de las personas sexo-género diversas, podremos decir que se cumplió el cometido de parte del gobierno del cambio con las agendas de diversidad sexual y de género y que marcaron historia, pues dejaron las bases para un país comprometido con la dignidad de sus grupos poblacionales más invisibilizados. Pero, si ocurre lo contrario, la frustración de ver pasar ante nuestro ojos la creación y activación de unos dispositivos como respuesta a unas demandas que no funcionan, dejarán marcadas la vida de muchas personas que hoy confían en que otra versión de este país es posible y serán responsables de los retrocesos que se puedan marcar.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo