El hecho de que, por primera vez, llegara al gobierno nacional un proyecto político con claros compromisos para garantizar una vida digna a las personas LGBTIQ+ en Colombia, tiene un significado importante. Ahora, este gobierno tiene la tarea, en los próximos dos años, de hacer realidad sus compromisos a través de acciones concretas.
El 7 de agosto de 2022, durante la toma de posesión del Presidente Petro y la Vicepresidenta Francia, llamó poderosamente la atención que el video que acompañó las notas del himno nacional, el cual es hoy el video institucional, incluyera imágenes de la marcha del orgullo LGBTIQ+. Este acto simbólico, cargado de significado, marcó el inicio de un gobierno que, por primera vez, nos incluyó en el Plan de Desarrollo, creó institucionalidad para garantizar los derechos de las personas sexo-género diversas, nombró a personas destacadas del movimiento en cargos de decisión, y que, cuando emite comunicados o realiza discursos, no solo tiene cuidado de usar un lenguaje no sexista, sino que también nombra con claridad a las personas LGBTIQ+ y ha tuiteado para denunciar la violencia, condenar los prejuicios y celebrar los avances en derechos. Sin embargo, en materia de ejecución e implementación, que es la tarea para la cual fueron elegidos, al llegar a la mitad de su mandato, no solo no se materializan las acciones concretas para hacer realidad sus propuestas, sino que tampoco se están blindando los derechos adquiridos, que hoy están en peligro de retroceso. La inactividad del gobierno podría llevar, al final de su mandato, a no solo no mejorar las condiciones de vida de las personas sexo-género diversas, sino a que se agudice el odio y la negación de derechos. Veamos algunos ejemplos:
- El gobierno recibió en la campaña política y en las mesas de discusión del Plan de Desarrollo una solicitud expresa del movimiento social: activar la política pública LGBTIQ+, creada por el gobierno Santos, que permanece inactiva. Para ello, la Vicepresidencia, que en su primer año de gobierno contó con una Gerencia para las Diversidades, y el Ministerio del Interior, activaron una consulta participativa a lo largo y ancho del país, que culminó en un encuentro nacional hace más de un año, para llenar de contenido participativo, territorial y poblacional el decreto 762 de 2018, que dio origen a la política pública y que estaba estancado por la ausencia de un plan de acción participativo. Parece que la acción del gobierno actual logró recoger las voces ciudadanas de las que carecía dicho decreto, pero, después de dos años en el poder, aún no se ha materializado dicho proceso, ni se conoce ni se ha activado el plan de acción.
- Ante la solicitud expresa de institucionalidad para resolver las demandas de las personas LGBTIQ+ y en el marco de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en 2023 se aprobó en el Congreso de la República, bajo la Ley 2281, el Ministerio de la Igualdad, que incluye el Viceministerio de las Diversidades (al principio era solo de diversidades sexuales y de género, pero al recibir críticas por tanta burocracia –6 viceministerios– se unió nuestro viceministerio con el de discapacidades). Meses después, se anunció como viceministro a un hombre gay, trabajador sexual, que ya había ocupado cargos similares en la alcaldía de Bogotá. Este nombramiento recibió presión y rechazo por parte de los medios de comunicación y de la derecha, debido a su ejercicio de trabajo sexual, lo que paralizó la acción del gobierno, que, casi un año después de su anuncio, aún no lo ha posesionado ni ha nombrado a otra persona en su lugar, dejando el viceministerio acéfalo. Aunque a inicios de 2024 se nombró dentro de este viceministerio la Dirección de la Diversidad Sexual y de Género, que ya tiene un plan de trabajo y equipo, su baja ejecución y reducida acción política no logran que despegue esta figura de institucionalidad. Muestra de ello es que acaba de terminar el primer mes del orgullo con la existencia de este ministerio y no se percibió ni un mensaje de solidaridad ni un pronunciamiento de la señora ministra en dichas jornadas.
- Desde 2010, el Ministerio del Interior ha sido responsable de las agendas LGBTIQ+ a través de su trabajo en la Dirección de DDHH y en la Oficina de Minorías, atendiendo las demandas en materia de derechos humanos. Al ser la violencia el principal factor de preocupación del movimiento social, se establecieron mecanismos institucionales de protección y garantías de no repetición, materializados en la Mesa de Casos Urgentes para resolver las violencias contra las personas sexo-género diversas, que fue ratificada por la política pública. Semanas atrás, se conoció que este ministerio, en su transferencia de funciones al nuevo Ministerio de la Igualdad, por el decreto 0714 de 2024, modificó sus funciones, entregando a la nueva cartera toda la responsabilidad en políticas públicas, pero quedándose con toda la tarea de la defensa de los derechos humanos. Hoy, la Mesa de Casos Urgentes, aunque activada y con acciones descentralizadas en Medellín, Barranquilla, Cali, entre otras, no logra dar resultados significativos en materia de prevención e investigación. La coordinación con otras entidades del Estado es muy débil, y le urge una reforma estructural para que tenga más fuerza vinculante y pueda dar resultados que se materialicen en la reducción de la violencia.
- El plan de desarrollo, “Colombia, una potencia para la vida”, se posicionó como el primer plan de desarrollo en el país con acciones concretas en materia de derechos LGBTIQ+ (el plan de desarrollo de 2014 incluyó algunos aspectos en la línea base, pero este, en su articulado, creó programas, metas y resultados específicos para las personas sexo-diversas). La creación del sistema integral de información y acción para prevenir y atender las violencias, materializado en el artículo 114 del plan de desarrollo, unido al artículo 109 que busca promover la participación de las personas LGBTIQ+ y el 81 que invita a que la promoción de empleo público vincule a personas trans, son, si se quiere, los tres artículos que históricamente le dieron vida institucional a las agendas sexo-género diversas en el Estado nacional. Sin embargo, y luego del reporte de avances del gobierno presentado en los últimos días, de estas acciones, dependientes en su mayoría de un COMPES anunciado y de la reestructuración del decreto de la política pública, aún no se avanza en materia de arquitectura y de consulta ciudadana, y los retrasos pueden llevarnos a que dichos compromisos queden sin ejecución por mala administración del tiempo.
- La territorialización de las acciones. Una de las apuestas del gobierno del Cambio, heredada del acuerdo de paz, es que sería el gobierno de los territorios. Pero hoy hay tres realidades que ensombrecen este principio: a) la centralidad de las acciones y la debilidad de la institucionalidad del gobierno nacional en los territorios hacen que su compromiso con las personas LGBTIQ+ se desconozca o no se materialice en las regiones; b) la desconexión entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que recientemente iniciaron funciones, ha hecho que algunas agendas, entre ellas las de diversidad sexual y de género, queden congeladas porque se usan para sus disputas ideológicas. Muestra de ello es la desaceleración que los temas LGBTIQ+ tuvieron en los planes de desarrollo territoriales recientemente aprobados; y c) el gobierno nacional, en la institucionalidad creada para los asuntos de diversidad sexual y de género, no ha creado puentes con la sociedad civil en los territorios.
- Acompañamiento a proyectos legislativos. Las dos legislaturas que han acompañado los tiempos de este gobierno han sido significativas por dos acciones: a) por primera vez tenemos una comisión accidental de la diversidad conformada por siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ y otras aliadas, y en la primera con un proyecto de ley: Inconvertibles (que pasó en la Cámara de Representantes, pero no alcanzó a discutirse en el Senado). En la segunda –actual– legislatura, se han presentado dos proyectos: este mismo, que se presenta por tercera vez, y, por primera vez, fruto de una iniciativa popular, el proyecto de ley integral trans. Sin embargo, ni en la anterior legislatura ni en esta se ha visto un compromiso concreto del gobierno con estos proyectos, su liderazgo o incluso su capacidad política para que se incluyan en el orden del día y sean votados por los congresistas de la coalición y afines al gobierno. Además, dicho silencio también funciona en contravía con proyectos de ley recientemente radicados que buscan retroceder en materia de vida digna para las personas sexo-género diversas.
- Garantías para el movimiento social. El gobierno actual es fruto de la paz y de la movilización social, dos escenarios que han sido, en las últimas dos décadas, espacio de autonomía, crecimiento y madurez del movimiento LGBTIQ+. Y, aunque el movimiento autónomo no acompañó en su totalidad la propuesta política del gobierno, por su carácter plural y de no vinculación partidista, sí esperaba que un gobierno que se forjó en la lógica de la calle y de la justicia social simpatizara, promoviera y garantizara la concreción de dichas demandas. Sin embargo, la ausencia del gobierno y su silencio en espacios de movilización social y política de las agendas LGBTIQ+, sumado a la falta de garantías para que estas se realicen, pese a sus intentos discursivos, muestran una gran desconexión con un movimiento social que, pese a sus diferencias, comparte con quienes hoy gobiernan la urgencia de garantizar condiciones de vida digna. No ha habido ni una alocución de la señora vicepresidenta, hoy ministra, ni un esfuerzo en su diplomacia internacional para sumarse a la “Equal Coalition” o liderar acuerdos en la CIDH. Con excepción de la política feminista, incluso, se ha desdibujado la esperanza de que su liderazgo también fuera mundial en cuanto a los derechos de las personas sexo-género diversas.
Pero aún hay posibilidad; estamos a mitad de camino. La llegada de aliados como el nuevo ministro del Interior, la concreción del COMPES y la puesta en marcha de la institucionalidad ministerial, si se actúa con diligencia en los próximos 24 meses, podrían poner al día el plan de desarrollo, construir y dejar capacidad instalada en el Estado que trascienda como legado del gobierno y vincular acciones de pedagogía ciudadana que transformen los prejuicios y la violencia naturalizada en condiciones de vida digna. Pero hay que actuar ya. Ya hay muchos diagnósticos, disposiciones y decretos, así que no hay tiempo que perder, ha llegado la hora de mostrar resultados. Solo eso dará cuenta de que son un gobierno del cambio y que están cambiando la vida de las personas LGBTIQ+. De lo contrario, pasarán a la historia como la ilusión de algo que podría haber sido y no fue. La decisión está en sus manos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo