26 de agosto de 2020. El transcurrir del mes de agosto ha estado cargado de graves sucesos de violencia en todo el territorio nacional. Nada más por referir los más recientes, el día de ayer se dio a conocer del incendio a la propiedad y amenazas de muerte contra líderes sociales LGBT y coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas del Roble (Sucre), Luis Fernando Cuello [1]; el pasado domingo hubo una masacre en Venecia (Antioquia) en la que mataron a tres personas y dejaron a otra herida [2]; los días 22 y 21 de agosto, hubo 3 masacres más en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño, donde asesinaron a 17 jovenes en menos de 24 horas [3]; también se encuentra la masacre de tres indígenas de la etnia Awá – Camawari del resguardo Pilapi en Restrepo (Nariño) el pasado 18 agosto [4]; y, por último, los 8 jóvenes asesinados en Samaniego (Nariño) el domingo 16 de agosto [5]. Este es el balance conocido de los últimos 10 días.
En este sentido, los sucesos ocurridos durante este mes no pueden ser vistos de forma aislada, pues hacen parte de un creciente panorama de violencia. Frente a esto, Naciones Unidas a través de su equipo en Colombia y la Misión de Verificación para la implementación del Acuerdo Final de Paz, lanzó un comunicado conjunto el pasado 17 de agosto, en el cual se señala, además de su honda preocupación, que en lo ocurrido del año:
“la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales a la fecha ha verificado 45 homicidios.
A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020 […]”. [6]
Sobre la cifra de masacres, recientemente el Espectador-Colombia 2020, bajo una investigación propia y datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), señaló que a 22 de agosto se han presentado un total de 43 masacres, asimismo, resaltan que un 72% se han presentado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo [7].
La concentración de hechos violentos en estos territorios no es casualidad, considerando que en ellos han existido profundas afectaciones ocasionadas por el conflicto armado, la presencia y reconfiguración de actores/grupos al margen de la ley, y la consolidación de economías ilícitas que han proliferado en el marco de una baja presencia estatal y condiciones de desigualdad socioeconómica que han afectado principalmente a poblaciones rurales, campesinas, comunidades indígenas o étnicas, entre otros grupos vulnerables.
A pesar de este contexto, en estos territorios ha existido una gran apuesta por la construcción de paz, considerando que son zonas priorizadas dentro del proceso de implementación del Acuerdo Final firmado en noviembre de 2016. Así, actualmente se encuentran participando en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), entre otros, sin embargo, también están padeciendo nuevas formas de violencia, la guerra persiste en los territorios y el discurso estatal pretende convertirse en un debate semántico sobre el uso de término masacre u homicidio colectivo.
Se necesita con urgencia implementar acciones que salvaguarden la seguridad de los habitantes de estos territorios, de sus lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos humanos, y de los excombatientes que dejaron las armas bajo la expectativa de una nueva vida después de la guerra. Es por eso, que desde Caribe Afirmativo, instamos al Gobierno Nacional a que garantice las medidas plasmadas en el punto 3.4 [8] del Acuerdo Final, que estableció la obligación para el Estado colombiano de garantizar la seguridad a todas las personas que hacen parte del proceso de implementación e inciden en la construcción de paz.