Proponer hoy una Asamblea Constituyente puede poner en riesgo los derechos que las personas LGBTIQ+ han adquirido a partir de la constitución de 1991 y dará fuerza a los discursos de odio y las políticas anti-derechos como formas de gobierno para limitar la libertad y poner en jaque la dignidad bajo el falso discurso de la soberanía y la moral pública.
El anuncio del presidente Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no solo es arriesgado por el momento de polarización que vive el país, lo que puede resultar en una dilación del proceso, como ocurrió en Chile, sin que tengamos sus mismos mecanismos constitucionales para sacarla adelante, sino que también puede significar un retroceso en materia de avances y derechos que hemos tenido en Colombia gracias a la constitución de 1991. Treinta y tres años después, queda claro que no es obsoleta ni está limitada, sino que no ha sido puesta en funcionamiento como debería ser. Si bien el constituyente legítimo, que es la ciudadanía, es quien legitima estos procesos, es muy arriesgado por parte del gobierno interpretar el mandato que se le otorgó hace ya dos años de activar sus políticas de cambio, poniendo en funcionamiento el Programa de Gobierno que presentaron al electorado, como si fuera igual a habilitar una constituyente. Esto significará poner allí toda su energía política y dejar en veremos la aplicación del Plan de Desarrollo, que a mitad de su mandato ya muestra falencias.
Efectivamente, el gobierno está teniendo problemas para activar sus políticas de cambio, porque la clase política tradicional, aliada con los medios de comunicación, no solo está imposibilitando la gobernanza, sino que está minimizando logros significativos que ha tenido este gobierno. Para materializar los cambios más estructurales, se requiere romper ese imaginario creado, pero esto no se consigue clausurando la constitución del 91 como si fuera el problema, o proponiendo, como ya lo hizo el presidente a modo de decreto, un articulado que debe cambiar desde el ejercicio asambleario. Se hace más bien, teniendo la capacidad que da estar en el gobierno de promover consensos y hacer un gran pacto nacional para que las transformaciones que requiere el país se den no sobre o a pesar de la constitución, sino poniendo en acción las bondades que la misma constitución ofrece y no llevándonos al “matadero” con una Asamblea Constituyente.
Nuestro temor de la nueva Asamblea Constituyente no radica en desconocer el poder legítimo que radica en la ciudadanía, sino en el uso mediático que la clase política puede hacer de la ciudadanía, como lo hemos experimentado en los últimos años –ejemplo de ello el plebiscito por la paz– para poner en el mandato popular el retroceso de derechos y la limitación de libertades, que es el escenario que los grupos políticos hegemónicos quieren consolidar. Su estrategia es en cuatro vías: 1. Construyen unas narrativas de crisis, de la que hacen responsable al acceso a derechos de grupos históricamente excluidos y a los que se les ha otorgado libertades; 2. Sustentan un imaginario moderno del enemigo interno, que encarnan precisamente en los grupos poblacionales que en los últimos años han pasado de la invisibilidad al reconocimiento y promueven la exacerbación de la sociedad hacia ellos; 3. Consolidan un imaginario de soberanía, que raya en la xenofobia, aporofobia y desprecio a los procesos de integración; y 4. Hacen de la familia y la moral religiosa el baluarte de sus luchas, proponiendo a sus contradictores como enemigos de la familia e inmorales.
Una Asamblea Constituyente es el resultado de una expresión ciudadana, no la respuesta al fracaso de un proyecto político. En 1991 fue el mandato de la Séptima Papeleta, promovido por jóvenes estudiantes que desde diferentes sectores invocaban la paz, quien consiguió el fervor que se tradujo en su convocatoria. Pero no fue ni la campaña del gobierno de turno, ni significó parar la gobernanza para activar su funcionamiento. Por supuesto, había una crisis institucional, como seguramente la tenemos hoy, pero fue la acción en red, sin mesías de por medio, la que fue conectando sentires y saberes y nos permitió un diálogo entre pares y no un ejercicio impuesto como se lee en la propuesta actual. A ello se suma que la constitución de 1886, que para esa época nos regía, no sólo no tenía respuesta a dichas necesidades, sino que no hablaba el lenguaje de la época.
En esta situación no se puede apelar a la relación entre las demandas del gobierno del cambio que le motivan su llamamiento y la constitución vigente, pues todas ellas, con excepción quizá de la relación territorial (que es el mayor interés del gobierno), tienen en la carta política vigente herramientas para actuar. Lo que significa que bienvenidas esas solicitudes y que lo que provocan es darles toda una fuerza de implementación desde la vigencia constitucional. Avanzar en el derecho a la educación, la salud y las pensiones; el desarrollo social y económico de los territorios, la reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, la reforma a la justicia, la reforma política, el pacto por una economía productiva y la verdad judicial para una paz definitiva encuentran en el articulado de la constitución y en las diferentes sentencias de la Corte Constitucional caminos de implementación. Lo que requieren es concertación, compromiso y aplicación. Claro, ello nos permitirá hacer realidad el uso de una carta política que siempre hemos admirado por su liberalismo y compromiso social, pero que siempre hemos demandado por su poca aplicabilidad.
En lo que compete a las personas LGBTIQ+, si bien ni la Asamblea Constituyente en su convocatoria nos nominó, ni la carta política en su articulado nos otorgó derechos, el ambiente liberal de las personas constituyentes de pensar y proponer un estado social de derecho, garante de las libertades, empezó a abrir camino a nuestra visibilidad y empoderamiento. El articulado de la constitución, al consagrar en el artículo 13 la no discriminación y llamar la atención del Estado de proteger, con acciones afirmativas, a los grupos poblacionales que sufren inequidad y desigualdad, y en el artículo 16 el libre desarrollo de la personalidad, que dejó constancia de que no se pueden limitar la dignidad humana y el sentido de proyecto de vida de cada ciudadano como derecho legítimo, fueron insumos para que, de un lado, los activismos y las organizaciones sociales que lideramos las agendas de diversidad sexual y de género comenzáramos un proceso de incidencia para transformar realidades, y, del otro, la Corte Constitucional, a través de sentencias (para hoy, más de 300), ir reconociendo en la vida normativa y cotidiana acciones inconstitucionales porque con prácticas de discriminación o limitación a las libertades de las personas LGBTIQ+ estaban poniendo barreras para el ejercicio de derechos.
Esta primavera que activó la constitución y que tiene su mayor producción en la primera década del 2000, con la equiparación de derechos a las parejas del mismo sexo, con la prohibición clara de la discriminación y con garantizar acceso a los sistemas del Estado para otorgar derechos a todas las personas sin desventaja por prejuicios hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, permitió ir avanzando en materia de equidad y hoy, si bien falta mucho por hacer, nos permite contar que el país tiene herramientas concretas de protección a las personas LGBTIQ+, permitiéndoles pasar de la invisibilidad al reconocimiento de derechos. Cuentan las anécdotas de las personas constituyentes que este resultado no es aleatorio, que en sus intensas conversaciones, algunos aventajados como Horacio Serpa promovieron la posibilidad de pensar en esa constitución transformar la figura del matrimonio, que sin duda abriría la puerta al matrimonio igualitario, y los más jóvenes, las mujeres y los indígenas propusieron en su momento acciones claras de paridad como obligatoriedad del Estado que hoy tanto reclamamos y mecanismos de autonomía para grupos históricamente excluidos que son el mismo sentir de las manifestaciones colectivas de estos años. Si bien la constitución se debatió entre derechos y mercado, autonomía y capitalismo, y ese es un debate abierto en la sociedad colombiana, en lo que se refiere a las personas sexo-género diversas, nos dio el impulso y promueve hoy las acciones cotidianas, buscando hacer de la igualdad costumbre.
Dicho debate al día de hoy no tiene las mismas garantías y se torna peligroso. 1. A diferencia de la búsqueda de transformar realidades para mejorar acceso a derechos, que era el interés genuino de las personas constituyentes en 1991, hoy hay una clase política que tiene como lema el retroceso y, a toda costa, quieren limitar derechos. 2. Hoy nadie se avergüenza de discriminar ni ve los riesgos de la exclusión; por el contrario, hay propuestas políticas que tienen estas acciones como fuente de su proyecto de país y bajo los discursos de odio validan hacer del vecino el enemigo interno al que no hay que integrar sino segregar. 3. Los extremismos que hoy se cuecen en la política y la gobernanza han generado una relación con la familia, la moral y las libertades que terminan cohibiendo, prohibiendo y sancionando la dignidad con base en un falso discurso de soberanía, bienestar familiar y moral pública. 4. La ausencia de transformar la cultura ciudadana, que es de las cosas que menos hemos activado de la constitución política, hace que estas formas de gobernar y pensar la política, usando información engañosa, calen en la gente y que sea la misma gente quien salga a desconocer nuestros derechos con información errónea y que, seguramente, si hoy son consultadas, dirán mayoritariamente que no tenemos derechos. Ello, en el argot del constituyente primario, significa privarnos de los derechos ganados.
Siendo así, preferiríamos que el gobierno en sus dos años de mandato que le quedan, se dedique a materializar su Plan de Desarrollo, el primero que incluye a las personas LGBTIQ+, active el plan de acción participativa de la policía pública, fortalezca la mesa de casos urgentes para prevenir la violencia, acompañe los proyectos de vida de las personas trans para que dignifiquen su vida, respalde los proyectos de ley en el congreso (Inconvertibles y Ley Integral Trans) que buscan, que por fin tengamos normatividad que cree rutas claras de protección, y que su impulso de crear el Ministerio de la Igualdad, como propuso el Informe de la Comisión de la Verdad y que hoy está en crisis por el tiempo medido dado por decisión de la Corte Constitucional, haga que ese tiempo tenga acciones contundentes y específicas. Esto empieza por nombrar la persona que llevará el Viceministerio de las Diversidades y tener una fuerte presencia territorial, para conseguir algo que hoy parece imposible y es impulsar un nuevo proyecto de ley para darle nueva vida a esta cartera. Aquí es donde operan acciones que sí debe liderar el gobierno, como acuerdos nacionales y pactos para sacar adelante las responsabilidades que el Estado tiene en mora en su misión de ser garante de derechos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo