12 de febrero de 2021. En el devenir histórico de Colombia la situación de vulneración de derechos de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de DD. HH se ha visto zanjada por violencias sistemáticas, agravándose en los últimos tras la implementación del Acuerdo de paz y demás acciones encaminadas a la transformación de los territorios. Este registro que se realiza mediante sistema de información de las violencias y los casos estaba en manos de las entidades del Ministerio Publico y de la Fiscalía General de la Nación.
Cabe resaltar, hasta el momento el sistema de información no ha sido el fuerte del Estado, por el contrario, se ha contribuido, beneficiado y funcionado entorno a la documentación de las organizaciones de sociedad civil y respectivas denuncias que ha mantenido la memoria de las víctimas, reclamando justicia y entretanto entregando insumos al Estado[1] para acelerar los procesos investigativos y de protección a victimas
Ahora bien, en las últimas declaraciones conocidas por el gobierno nacional se ha planteado la unificación del sistema de información donde registran los casos de violencias a defensoras de DD. HH, función que estaría bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación, situación que genera de preocupación a la ciudadanía que trabaja en materia de los derechos humanos en razón de lo peligroso en la forma en como se está pensando en registrar las violencias, acreditar la calidad de “defensor” y evaluación de los contextos.
Este malestar se debe en esencia a que:
- Es reconocible que la Fiscalía General de la Nación es la entidad que en el ejercicio de las funciones ha tenido mayores dificultades acompañada de la ausencia de celeridad en los procedimientos, lo cual pone en jaque la garantía de seguridad de los y las defensoras de DD. HH. En el accionar de la institucionalidad y la historia de este país existen altos índices de impunidad registrados secuencialmente que amparan a los procesos, por tanto, advertimos lo peligroso de esta medida en la medida que la violencia puede quedar en la impunidad.
- Por otro lado, el ejercicio de la unificación de una base de datos continúa siendo accionar imprudente, puesto que el Estado Colombiano se ha caracterizado por carecer de información confiable, siendo la Fiscalía una de las entidades con mayor énfasis en esta problemática, lo cual habilitaría la puerta para la negación de la violencia, la ausencia de conocimiento del contexto aumentando la brecha entre la realidad y las responsabilidades estatales.
- Eventualmente, es necesario el registro de manera adecuada de los datos ya que esto permite la toma de las decisiones adecuadas, realizando incidencia política y social de manera asertiva, al permitir direccionar el accionar de las políticas publicas que verdaderamente garanticen los derechos de las personas, en especial, los y las defensoras de los DD.HH.
- Asimismo, el Estado Colombiana debe dedicarse ocuparse en investigar, proteger y garantizar la vida y demás de los y las defensores humanos, por consiguiente, no debe caer en la tarea prosaica exclusiva de contabilizar los casos de violación de derechos humanos, sin la claridad de criterios y omitiendo el contexto. En ese sentido, ratificamos la necesidad proteger la independencia de las entidades perteneciente al Ministerio Publico (Procuraduría general de la Nación y Defensoría del pueblo) cuya finalidad es salvaguardo de los derechos, así que la evaluación desde los enfoques las anteriores y la Fiscalía sigue siendo necesaria para poder contrarrestar, correlacionar y mejorar las acciones del Estado.
- En materia LGBT, el Estado mantiene deficiencias en la comprensión de las realidad y experiencias de personas OSIGEG diversas. Esto es traído a colación en vista que ha quedado demostrado que estas vivencias no han sido una prioridad y existe una clara tendencia a la invisibilización y normalización de las violencias, lo cual es un riesgo enorme para las personas LGBT que son defensoras de DD. HH y apuestan a la construcción de paz en territorios donde la disidencia sexual sigue siendo un crimen, sometiéndose a persecuciones, amenazas, desplazamiento y muertes violentas por la ausencia de garantías. Esto es importante, debido a que los avances en esta materia se deben al trabajo del movimiento LGBT que se ha empeñado en registrar los casos de violencias y visibilizarlos.
- Es reiterativo manifestar que se mantiene la dificultad de documentar los casos, especialmente los relacionados con las violencias de las personas y defensoras de DD. HH LGBT en el territorio nacional. El Estado en consecuencia, propender porque el Estado realice acciones debe concentrarse en garantizar acceso a la justicia con enfoque diferencial, investigar las denuncias prevenir, proteger y garantizar la defensa de los DD. HH.
¡Que se garantice la vida y la seguridad!
[1] En el pasado se buscó implementación de una base de datos en cabeza Instituto Colombiano de Medicina Legal en donde se registraría la información de personas OSIGEG diversas, sin embargo, este ejercicio prontamente entraría en desuso por parte de la institucionalidad. En la actualidad aún no se realiza sistematización de los casos de violencias a personas sexualmente diversas, por el contrario, los insumos siguen siendo suministrado por organizaciones de la sociedad civil que subregistran, realizan acompañamiento y busca incidir políticamente para el reconocimiento de la aplicación del enfoque diferencial en los procesos.