Nuestro observatorio de derechos humanos cerró el año pasado con un preocupante incremento en los casos de violencia y amenazas contra personas LGBTIQ+. Estas cifras no son solo números: reflejan una realidad sostenida y dolorosa que se ha venido agravando y que hoy, con los hechos recientes, se manifiesta con mayor crudeza.
14 de abril de 2025. El asesinato de Sara Millerey no ha sido un hecho aislado. Fue un mensaje. Y lo más grave: es la cadena de violencias que demuestran cómo el miedo se instala como mecanismo de control sobre la vida de las personas LGBTIQ+.
En los días siguientes, dos nuevas agresiones contra mujeres trans sacudieron al país. En La Estrella, Antioquia, Selena fue atacada con arma blanca; y en Anserma, Caldas, otra joven trans fue violentamente agredida. Estos hechos evidencian una escalada de violencia transfóbica que pretende enviar un mensaje de disciplinamiento a quienes deciden habitar el mundo desde identidades y cuerpos disidentes.
A este escenario se suma la situación de Carlos Miguel Narváez, un joven gay de Puerto Libertador, Córdoba, quien ha sido blanco de amenazas homofóbicas que comprometen su integridad, afectan su bienestar emocional y ponen en riesgo su permanencia en el territorio. Su caso no es una excepción, sino la confirmación de que el miedo opera como estrategia sistemática para despojar, silenciar, aislar o forzar al exilio a quienes se atreven a vivir desde la diferencia.
Nuestro observatorio de derechos humanos cerró el año pasado con un preocupante incremento en los casos de violencia y amenazas contra personas LGBTIQ+. Estas cifras no son solo números: reflejan una realidad sostenida y dolorosa que se ha venido agravando y que hoy, con los hechos recientes, se manifiesta con mayor crudeza.
Desde Caribe Afirmativo se advierte con urgencia que estas violencias no son hechos desconectados. Se trata de expresiones reiteradas de un sistema que castiga la diferencia, que responde con odio a la visibilidad y que busca expulsar simbólica y físicamente a las personas LGBTIQ+ de sus propios territorios. Lo que ocurre es grave y sostenido: el miedo está siendo utilizado como arma política para borrar sus vidas.
Por eso, exigimos al Estado que garantice la vida y la integridad de quienes han sido víctimas recientes de estas violencias. Demandamos una respuesta institucional urgente, decidida, que no siga reproduciendo la negligencia y la desprotección. Pedimos que se reconozca la sistematicidad de estos hechos y se actúe con enfoque diferencial, con voluntad política y con presencia real en los territorios.