Con 37 recomendaciones en su informe final, la CEV entrega al Estado y a la sociedad un proyecto de acciones específicas que, al implementarse en el corto, mediano y largo plazo, pueden hacer que Colombia sea un mejor país para las personas LGBTIQ+.
La Comisión de la Verdad, nacida del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y las FARC, al igual que otras comisiones de la verdad en el mundo, tenía la tarea de construir un documento extrajudicial que diera voz a las víctimas y recogiera, de forma participativa, hipótesis que respondieran a las causas del conflicto armado en Colombia, además de una serie de recomendaciones que orientaran una agenda clara de no repetición. Esta Comisión no empezaba desde cero, tenía antecedentes como el “Basta Ya”, el documento de académicos sobre el fin del conflicto y un sinnúmero de investigaciones de universidades y la sociedad civil que, por décadas, han estudiado este fenómeno y propuesto hipótesis. La novedad de esta Comisión de la Verdad es que no solo era una instancia estatal nacida del Acuerdo de Paz, que construiría desde el Estado una respuesta oficial a la pregunta de las causas estructurales, sino que tenía retos como materializar los enfoques, entre ellos el de género, que la comprometían a dar cuenta de la afectación hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+.
Dicha comisión realizó cuatro acciones para cumplir su cometido: 1) creó un grupo especializado en asuntos LGBTIQ+ que, dentro del componente de género y bajo la tutoría de la comisionada Alejandra Miller, trabajó durante tres años y medio para responder a la realidad de las personas sexo-género diversas; 2) entablaron acuerdos con organizaciones de la sociedad civil que les permitió realizar acciones conjuntas en los territorios y desde la especialidad de cada realidad del movimiento social; 3) promovieron y recibieron decenas de informes realizados por la sociedad civil que, aplicando la metodología de la Comisión de la Verdad, entregaron información profunda sobre la afectación del conflicto armado a lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y personas no binarias; y 4) promovieron desde las territoriales acciones específicas de atención, orientación y acompañamiento a personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. Como resultado de este trabajo, en el informe final, el volumen “Mi cuerpo es la verdad”, dividido en dos capítulos, uno de ellos titulado “La verdad en arcoíris”, narra las graves afectaciones hacia las personas LGBTIQ+, respondiendo a preguntas como: ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué hicimos con lo que pasó? y ¿Cuáles fueron los mecanismos de afrontamiento y resistencia?
Todo esto culmina en las recomendaciones que se encuentran tanto al final del volumen como en el volumen final titulado “Hallazgos y recomendaciones”. De las 220 recomendaciones en total que trae el grueso del informe, 37 están directamente relacionadas con el bienestar y las garantías de no repetición para las personas LGBTIQ+, además de otras que pueden ser transversales, como las 14 específicas para consolidar la paz territorial o las 117 que entregan responsabilidades a los entes territoriales. Dichas recomendaciones se entienden en cuatro dimensiones: a) Temporal: fueron diseñadas para implementarse a corto plazo (de uno a dos años), mediano plazo (tres años) y largo plazo (siete años). Si bien ya han pasado dos años desde su presentación y los tiempos no han sido tan exactos, ya se están ejecutando. b) Responsabilidad: hay compromisos frente a las recomendaciones tanto del gobierno como del Estado en su conjunto –la mayoría–, pero también de la sociedad civil y de la comunidad internacional. c) Acciones: las recomendaciones, fruto de hallazgos específicos que responden a la pregunta “¿Por qué ocurrieron los hechos?”, cuentan con una serie de acciones (647 en total) que, a modo de indicadores de transformación, establecen respuestas a la pregunta “¿Cómo hacer para que esto no se repita?”. d) Seguimiento y monitoreo: la CEV creó un Comité de Seguimiento y Monitoreo que, por siete años, hará informes periódicos para supervisar su implementación. Además, al ser el informe un bien público, la sociedad y la comunidad en general están llamadas a realizar el mismo ejercicio de veeduría.
En el capítulo “La verdad en arcoíris” queda claro que la afectación del conflicto armado hacia las personas LGBTIQ+ es estructural y que es urgente una transformación de la realidad para que la paz sea la oportunidad de superar el déficit de derechos de las personas sexo-género diversas. Por ello, la gran responsabilidad de estas 37 recomendaciones específicas recae particularmente en el Estado, responsable, por acción u omisión, de proteger la vida de las personas LGBTIQ+. El gobierno nacional, con decisiones ejecutivas que pongan fin a la precariedad; el Congreso, con la emisión de leyes que garanticen derechos; el sistema judicial, acercando la justicia para la equidad; las alcaldías y gobernaciones en lo territorial, pero también los medios de comunicación, las empresas, los centros educativos y las organizaciones sociales, deben articularse con el gobierno nacional y la institucionalidad creada para concretar la implementación del Acuerdo de Paz.
De las 37 recomendaciones, se pueden destacar en diez grupos las más relevantes:
- La creación del Ministerio de la Igualdad, para tener la institucionalidad necesaria que vele por las garantías de los derechos de las personas LGBTIQ+, trabajando en red con la construcción y puesta en marcha de políticas públicas y acciones que busquen reducir la brecha en materia de derechos, liderado por un funcionariado sensibilizado para trabajar por la vida digna. (R: 40 y 44)
- Recomendaciones para poner fin a la violencia, con acciones de atención y sanción, además de crear mecanismos dentro del Estado para la recolección de información con datos desagregados y monitoreo de esas violencias, de modo que se puedan implementar acciones preventivas en políticas públicas. (R: 13, 24, 28)
- Construir memoria desde las realidades de las personas LGBTIQ+, que en el circuito de la memoria nacional y como garantías de no repetición nombren las violencias por prejuicio, pero también den espacio a las formas diversas de construir memoria. (R: 17)
- Garantizar servicios integrales y con enfoques diferenciales desde el Estado, con énfasis en salud mental, salud sexual y salud reproductiva, priorizando la atención a la violencia sexual y la prevención del VIH. (R: 32)
- Promover una educación libertaria y constructora de paz, que establezca en el sistema educativo del país una cátedra de paz que reconozca explícitamente la diversidad sexual y de género. (R: 33 y 43)
- Promover el acceso al trabajo decente para las personas LGBTIQ+, activando acciones afirmativas en la contratación y previniendo la discriminación en el ámbito laboral. (R: 34)
- Activar programas específicos y mecanismos eficaces para garantizar a las personas LGBTIQ+ el acceso a vivienda, agua como derecho, tierras y participación en proyectos productivos agrícolas. (R: 36)
- Promover acciones culturales que reconozcan la diversidad sexual y de género, apoyando las manifestaciones artísticas y culturales de las personas LGBTIQ+ que visibilicen sus derechos y fomenten el respeto a la diversidad. (R: 35)
- Participar en los espacios de toma de decisiones y promover pactos ciudadanos por el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ en alianza con los Consejos de Paz y Reconciliación. (R: 42)
- Implementar estrategias de comunicación en medios tradicionales y alternativos, y mecanismos de difusión, para erradicar los prejuicios contra la población LGBTIQ+. (R: 45)
Estas recomendaciones, puestas en marcha por todos los actores clave del país, contribuirán a la recomendación rectora y estratégica de la Comisión de la Verdad sobre la violencia contra las personas LGBTIQ+: el alto nivel de complicidad social e indiferencia que ha hecho que la vida de las personas sexo-género diversas no importe en este país. Ese nivel de desprecio ha sido un caldo de cultivo para que los actores del conflicto, tanto legales como ilegales, las desplacen, amenacen, asesinen, desaparezcan e instrumentalicen, porque, en sus lógicas de control armado de los territorios, parece que son vidas que importan menos y, por ello, no deben ser vividas.
Gracias a la Ley de Víctimas de 2011, se creó la Unidad para la Atención a las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, las primeras instituciones estatales en Colombia que buscaron responder a la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ reconociéndolas como víctimas del conflicto armado y creando condiciones para su reparación integral. La primera, con un sistema de víctimas individuales y hechos victimizantes, lleva doce años documentando hechos individuales y colectivos, así como episodios de violencia que, en el marco del conflicto armado, hacen más difícil la vida de personas LGBTIQ+, activando mecanismos de reparación.
La segunda, con tres informes: Aniquilar la diferencia: Lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano (2015), Un carnaval de resistencia: Memorias del reinado trans del río Tuluní (2018), y Ser marica en medio del conflicto armado: Memorias de sectores LGBT en el Magdalena Medio (2019), ha entregado herramientas al Estado, que hoy, junto con el informe de la Comisión de la Verdad y las acciones de búsqueda de personas LGBTIQ+ desaparecidas: “Hasta encontrar todos los colores del arcoíris”, y los más de 100 casos acreditados hoy en el sistema de Justicia Transicional (JEP) de víctimas directas de acciones en el marco del conflicto armado que esperan justicia, conforman un mecanismo que le permite al país, en su construcción de paz, reparar de forma integral a las víctimas LGBTIQ+ y mostrar al mundo entero cómo las guerras y los conflictos armados afectan a las personas sexo-género diversas. Marcan un precedente de que la construcción de paz es un escenario ideal para garantizar la vida digna de las personas LGBTIQ+.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo