Las recientes declaraciones de Nayib Bukele tras su victoria electoral reflejan una realidad que plantea serios desafíos para la democracia de El Salvador.
18 de febrero del 2024. Ante la reciente celebración de las elecciones en El Salvador, expresamos nuestra preocupación por los eventos que han tenido lugar y su impacto en las agendas de diversidad sexual y de género, así como en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ en El Salvador.
Nayib Bukele, candidato del partido Nuevas Ideas, ha sido reelegido como presidente de El Salvador, a pesar de que esto no está permitido por la constitución del país. Con un abrumador apoyo del 70% de la población, que se traduce en más de 1.600.000 votos, Bukele lidera un gobierno de tendencia conservadora con mayorías en la asamblea, destacado principalmente por su programa de lucha contra las pandillas, el cual ha sido objeto de denuncias por parte de diversas organizaciones de derechos humanos.
Las recientes declaraciones de Nayib Bukele tras su victoria electoral reflejan una realidad que plantea serios desafíos para la democracia de El Salvador. Al afirmar que su partido único pulverizó a toda la oposición, Bukele evidencia una situación sin precedentes en un sistema plenamente democrático, este hecho plantea interrogantes sobre el futuro de la pluralidad política y el ejercicio democrático en el país.
En este contexto, es crucial destacar que el avance de la democracia es un tema de suma importancia para las personas LGBTIQ+. A diferencia del proceso de paz en Colombia, en El Salvador no se abordaron específicamente los temas relacionados con las personas LGBTIQ+ y como resultado los escenarios postconflicto han tenido un impacto considerable sobre ellas, exponiéndolas a discriminación, persecución y violencia. Como consecuencia, activistas se han visto impulsados a exigir el reconocimiento y la atención adecuada a sus necesidades y derechos en un contexto democrático que aún enfrenta desafíos significativos en términos de inclusión y protección de los derechos humanos, no obstante por ello también han sido objeto de persecución y amenazas, siendo obligados a abandonar el país en busca de seguridad y protección.
Ahora bien, con respecto a las recientes elecciones, desde hace tiempo se venía previendo la posibilidad de fraude electoral, pero las irregularidades que se denunciaron superaron cualquier expectativa. Entre los hechos más alarmantes destacan: (i) Fallas en el sistema electoral, robo de urnas y papeletas, así como colapsos en el sistema informático durante el proceso. (ii) Duplicación o triplicación de números de actas en lugares donde solo un número de personas estaban habilitadas para votar.
Estos acontecimientos ponen en entredicho la legitimidad del proceso electoral, y lo que es aún más preocupante, reflejan un patrón de opresión y retroceso en materia de derechos humanos y democracia por parte del gobierno reelegido.
La ciudadanía de El Salvador siente estar en una situación que rememora los días oscuros de la dictadura militar de 1932, con acciones que buscan socavar los acuerdos de paz y los derechos fundamentales de la ciudadanía, pero más aún a las personas LGBTIQ+. El clima de miedo y opresión instaurado amenaza a los salvadoreños a sumirse en un pasado que creían haber superado.
Es importante destacar que, a pesar de estos obstáculos, la ciudadanía mostró su apoyo a la oposición en las urnas. Además, muchos movimientos sociales han intensificado sus esfuerzos y fortalecido sus lazos de colaboración en respuesta a esta crisis política.
No obstante, para entender la gravedad de la situación actual, es necesario revisar los antecedentes. Desde los años 90, los movimientos sociales en El Salvador han luchado por la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, a pesar de algunos avances significativos, como la creación de la Dirección de Diversidad Sexual en 2010 y la tipificación de los crímenes de odio en reformas legislativas posteriores, hemos presenciado un retroceso alarmante en los últimos años.
El actual gobierno ha desmantelado progresivamente las instituciones y políticas destinadas a proteger y promover los derechos de las personas LGBTIQ+. Se han recortado presupuestos, cerrado mesas de trabajo y se ha promovido una retórica abiertamente hostil hacia las agendas de diversidad sexual y de género.
Además, la falta de transparencia y el deterioro de las instituciones democráticas ponen en peligro el futuro de nuestro país. La falta de acceso a la información pública y la ausencia de rendición de cuentas solo sirven para perpetuar un régimen que atenta contra los principios más básicos de la democracia y los derechos humanos.
Nos preocupa profundamente el futuro de El Salvador y de las personas LGBTIQ+ que allí viven, las organizaciones sociales hoy están en las sombras y las voces opositoras ven la necesidad de guardar silencio para salvaguardar las vidas, debido a que el país enfrenta un sistema de persecución politica constante.
Por tanto, hacemos un llamado urgente a la solidaridad y colaboración de los movimientos sociales en la región del Caribe y América Latina. Es fundamental unir fuerzas para denunciar estas violaciones a los derechos humanos y para trabajar juntos en la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en El Salvador y en toda la región.
Solo a través de la unidad y la solidaridad regional podremos enfrentar los desafíos que enfrentamos y avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la diversidad. Juntos, podemos marcar la diferencia y construir un futuro donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, sin importar su orientación sexual o identidad de género.