Faltando 20 meses para terminar el gobierno del “Cambio”, el mismo que es una esperanza para poder construir una ciudadanía plena para las personas sexo-género diversas, no está dando resultados y tiene la urgencia de avanzar, no retroceder, y blindar lo ganado, pues, de lo contrario, puede cerrar con más retrocesos en materia de diversidad sexual y de género que el gobierno anterior, que fue abiertamente anti-LGBTIQ+.
La respuesta política que el gobierno del Cambio está dando a las agendas LGBTIQ+ a 20 meses de terminar su periodo constitucional no solamente ha sido insuficiente, pues no ha estado a la altura de las expectativas generadas en el Programa de Gobierno por el que fueron elegidos Petro y Francia, sino porque ha tenido varias acciones y omisiones que nos llevan en algunos tópicos a decir que este gobierno no fue garante de los derechos de las personas sexo-género diversas. Veamos tres ejemplos: 1) nombran a inicios de octubre de 2023 al primer viceministro de las diversidades, que fue altamente atacado por los medios por dedicarse a las actividades sexuales pagas, y el gobierno no solo guardó silencio ante esos ataques que van en contravía de una agenda que es deficiente, sino que no le ha posesionado y sigue siendo un cargo vacante; 2) al mismo Ministerio, por vía decreto, traslada todas las competencias que en materia de política pública tenía el Ministerio del Interior, justo luego de que la Corte Constitucional, en una decisión, a mi modo de ver, discutible, anunciara el fin del Ministerio de la Igualdad. Seis meses después de trasladadas esas funciones, no avanzan; parecen estancadas, y si no se toma una decisión política inmediata para un nuevo proyecto de ley (que se ve imposible) que salve al Ministerio, en febrero de 2026 quedarán acéfalas dichas acciones; y 3) se nombró a Luis Carlos Leal, hombre gay, superintendente de salud, quien hizo una labor impecable, fue atacado por su orientación sexual, y cuando quiso desbloquear acciones en materia de salud para personas trans, por órdenes judiciales pendientes, fue solicitada su salida por parte de los grupos anti-derechos y el gobierno acató dicha solicitud.
Suena doloroso decirlo, pero en un gobierno en el que el movimiento social había puesto su esperanza y que ya está en un punto de inflexión, o se recuperan las acciones para la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+, que fueron paralizadas en el gobierno de Duque, luego de un leve avance en el gobierno de Santos, o pasará a la historia como un gobierno que no materializó condiciones de vida digna para las personas LGBTIQ+, pues se suma a esto la imposibilidad de reducir la violencia contra personas sexo-género diversas, que, al día de hoy, por documentación de Caribe Afirmativo, suma más de 50 asesinatos documentados, los cuales, lastimosamente, cuando al final de año se comparan con los datos de la Fiscalía, terminan triplicándose; el mantenimiento de las amenazas hacia las personas LGBTIQ+, defensorías y activistas, como el acto de violencia de mayor crecimiento; la falta de operatividad de la política pública en acciones que garanticen la vida de la gente; y la mora en la transformación de instituciones del Estado que siguen siendo estructuralmente prejuiciosas e invisibilizan en sus acciones la vida de las personas LGBTIQ+.
Por supuesto, no todo es fatalidad. Hay iniciativas en el gobierno que tienen un gran significado para la lucha del reconocimiento de derechos de las personas sexo-género diversas, como la reactivación de la resolución Mujeres y Paz, que tiene una clara apuesta por las mujeres LBT, y la activación de la política exterior feminista, liderada por la Cancillería; el trabajo del Ministerio de Justicia, por acercar el enfoque de género a las operaciones de justicia territoriales; y su reciente compromiso con la preparación del decreto para garantizar el acceso y la gratuidad del cambio del componente sexo-género de las personas trans; el esfuerzo del Ministerio del Trabajo para incluir a las personas LGBTIQ+ en sus reformas, a pesar de que el Congreso, ya en la reforma laboral, activó un acto de homofobia para dejar por fuera a las parejas homoparentales; y el Ministerio de Educación, que en su reforma fallida pensó un lugar para la escolaridad de las personas trans. Por supuesto, seguro hay otras acciones que desconozco o que no han tenido impacto, pero todas ellas, si se articulan a un compreso armónico bajo la tutoría de la política pública y la institucionalidad para la diversidad sexual y de género, que es el propósito del Viceministerio, serían más adecuadas.
Las otras ramas del Estado tampoco han sido muy competentes: la Defensoría del Pueblo sigue siendo líder en el trabajo con las duplas de género en su acción territorial, pero no tiene la misma respuesta la Procuraduría ni las personerías; la Fiscalía creó una directiva y un grupo de fiscales especiales para avanzar en la investigación de la violencia por prejuicio. Hemos visto acusaciones sólidas, reuniones de trabajo y grupos de impulso, pero todavía el sistema judicial no está reconociendo la gravedad de este delito y sus sentencias terminan por invisibilizar la diversidad sexual o la identidad de género; la Policía, anunció en mayo, luego de una denuncia de violencia policial interpuesta por Caribe Afirmativo, que reactivaría la directiva de trabajo para garantizar los derechos de las personas sexo-género diversas y aún no lo consigue; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macro-caso de violencia sexual, violencias basadas en género, violencias sexuales y reproductivas, pero la lentitud de su activación y la confusión con la acreditación están siendo contraproducentes; la UBPDD habla de 22 personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas, cuando sabemos que es un gran subregistro, fruto de que a las personas LGBTIQ+ nadie las busca o, en la búsqueda, se invisibiliza su diversidad sexual o de género; las recomendaciones del Informe Final de la CEV de la verdad entregan 17 recomendaciones precisas para buscar la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ afectadas por el conflicto armado, pero, a excepción de la creación del Ministerio de la Igualdad, con los problemas que ya anunciamos que tiene, las demás no fueron acogidas por el gobierno en su plan de 104 recomendaciones priorizadas. Los gobiernos territoriales, que recientemente aprobaron sus planes de desarrollo, dejaron por fuera y como una acción de retrocesos muchas iniciativas propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas sexo-género diversas.
Este panorama de un gobierno y un Estado que desacelera su compromiso con los derechos de las personas LGBTIQ+ está siendo caldo de cultivo para el posicionamiento de los discursos anti-derechos y las políticas del odio, que han puesto en su matriz de enemigo político al movimiento LGBTIQ+ y hoy tiene dos proyectos de ley en el Congreso contra nuestros derechos, una bancada llamada “Provida”, que busca nuestra muerte, lidera marchas y plantones contra nuestras existencias cargados de violencia física, verbal y simbólica, y ha penetrado los medios de comunicación creando contenidos falsos para darle razón a esa ficción perversa de que somos el nuevo enemigo de la sociedad, porque venimos a destruir a las familias, cambiar la vida de las niñas y los niños e imponer un “estilo de vida”, realidad que alimentan, como en un círculo vicioso, la violencia prejuiciosa que afecta principalmente a las personas trans y no binarias, las más visibles del movimiento, y consolida unas narrativas morales que validan esta violencia. Como un ejercicio populista, dan vía libre a poner fin a nuestros derechos, como si nuestras vidas no importaran o no merecieran ser vividas.
El sentimiento de insatisfacción de las colectivas y liderazgos LGBTIQ+, sobre todo feministas y jóvenes, de ver que la respuesta al florecimiento de su visibilidad es la violencia, nos hace preguntas sobre los problemas estructurales que hoy demandan más y mejores democracias. El reciente informe de IDEA sobre la democracia en el mundo da cuenta de que hoy, comparativamente con lo medido antes de la pandemia, hay más países con retrocesos en materia de derechos y las libertades se vienen estancando en términos de porcentaje. El informe dice que el mundo, en 2023, presentó un estancamiento del 48% en los países democráticos en lo que significa avance de derechos y solo el 30% de los países blindaron y garantizaron estos. Y allí, América Latina es la que presenta más retrocesos, con situaciones preocupantes: 8 de los países más violentos están en esta región y el 34% de los homicidios y feminicidios del mundo se cometen aquí. En los últimos años, el autoritarismo ha impuesto más retrocesos, como los argentinos, nicaragüenses, cubanos, venezolanos y salvadoreños; pero con debilidad en países como el nuestro, Perú, Honduras, México y Brasil, por el recrudecimiento de la violencia. De los indicadores más graves en materia de igualdad de derechos que presenta este informe está la ausencia de compromisos de los gobiernos con los movimientos LGBTIQ+ y con la visibilidad de las políticas públicas de la diversidad, que demuestran la escasa representación política de las mujeres y los grupos de género diversos.
En todo el mundo disminuye la participación electoral y aumentan las protestas sociales de insatisfacción, todo ello ante un escenario de debilitamiento institucional, ausencia de liderazgos comprometidos con los derechos humanos el aumento del descontento por falta de coherencia política de los gobiernos; y el reflejo de eso es la pobreza agudizada en los territorios, la articulación de nuevos y viejos conflictos, la débil participación y representación de los grupos poblacionales en la toma de decisiones, la persistencia de desigualdades estructurales, presencia de crimen organizado y ausencia de pluralidad en los medios de comunicación. Todo esto ante un incremento de indiferencia social aprovechado por el capitalismo, que logra, bajo sus lógicas de consumo y aceleración, conseguir que la ciudadanía guarde silencio o se resigne a esta democracia precaria que nos impone la actualidad.
Pero, como decía Augusto Castro, cuando está más oscuro, puede amanecer, y Colombia podría promover un impulso, liderado por el gobierno en lo que queda de su mandato, que promueva la agenda de derechos en general y la garantía de vida digna para las personas LGBTIQ+ en particular. Para ello, podría liderar un procesos de transformación desde un ecosistema democrático basado en la búsqueda de igualdad cómo derecho que le permita activar diálogos honesto y con compromiso y resultados concretos con el movimiento a lo largo y ancho del país, promover espacios de empoderamiento, cualificación y vocería de la sociedad civil sexo-género diversa, fortalecer su proyecto político con base a la vida digna y el disfrute de derechos de la gente más olvidada vincular a sus acciones a la academia y los centros de pensamiento para que sus apuestas teóricas se transformen en acciones reales y materializar a modo de cierre avances, blindándoles y garantizándoles sostenibilidad, todo ello en un dialogo armónico con otros poderes del Estado, la clase política, la comunidad internacional y la sociedad, pues se trata de derecho, no de privilegios y un país en paz, debe ser donde también puedan vivir dignamente las personas LGBTIQ+.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo