28 de abril de 2025. El pasado 26 de marzo de 2025, el Gobierno Nacional aprobó el CONPES 4147: Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, un hito histórico y una deuda pendiente con el movimiento LGBTIQ+ en Colombia. Este paso representa un avance fundamental para superar los obstáculos que han impedido la aplicación efectiva de la Política Pública Nacional LGBTIQ+, aprobada en 2018 mediante el Decreto 762 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. A pesar de su relevancia, dicha política quedó sin implementación por la falta de un plan de acción claro, la ausencia de voluntad política en el gobierno siguiente y la ineficiencia de las entidades responsables, lo que generó un estancamiento en la materialización de sus objetivos.
En 2020, una acción de tutela ordenó su implementación, pero fue solo hasta el gobierno de Gustavo Petro, el primero en incluir de manera explícita a las personas LGBTIQ+ en su Plan Nacional de Desarrollo, que se asumió un compromiso concreto para destrabar la política. Como resultado, se propuso la formulación de un documento CONPES, que permitiera establecer acciones concretas, definir responsables y proponer la asignación de recursos para la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+.
El CONPES 4147 fue formulado por el Ministerio de la Igualdad y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en un período de nueve meses, con participación ciudadana a través de cinco mesas técnicas en cinco regiones del país: Amazonía, Andina, Pacífica, Caribe e Insular y Orinoquía. En estos espacios, alrededor de 500 personas, representantes de distintos sectores LGBTIQ+, aportaron sus experiencias y demandas, consolidando un diagnóstico que evidenció la persistente discriminación, violencia y exclusión que enfrenta la población sexo-género diversa, así como la falta de articulación institucional para garantizar sus derechos. A partir de este proceso, el CONPES estructuró 161 acciones, a cargo de 49 entidades públicas, organizadas en cuatro ejes estratégicos:
- Transformación cultural (24 acciones): busca desmontar imaginarios sociales y prejuicios que perpetúan la discriminación, promoviendo cambios en espacios clave como el sistema educativo, las familias, el ámbito laboral, los medios de comunicación y las instituciones públicas.
- Garantía de derechos fundamentales (73 acciones): orienta acciones para asegurar el acceso equitativo a empleo, salud, educación, vivienda y seguridad social, permitiendo la inclusión real y el reconocimiento pleno de las personas LGBTIQ+ en la sociedad.
- Reducción de las violencias por prejuicio (30 acciones): apunta a combatir la violencia estructural y simbólica contra la población LGBTIQ+, mejorar el acceso a la justicia y capacitar a funcionarios para evitar la revictimización en los procesos judiciales.
- Fortalecimiento institucional y articulación intersectorial (34 acciones): pretende garantizar que las entidades responsables de implementar la política pública, tanto a nivel nacional como local, cuenten con rutas de acceso eficaces y diferenciadas, evitando la fragmentación y la inoperancia estatal.
Aunque el CONPES no puede asignar recursos para la implementación de la política, sí sugiere, y recomienda, un monto total de cerca de $258.900 millones de pesos, para la ejecución de sus acciones a un período de 11 años. Este documento se convierte en un mecanismo de coordinación interinstitucional para garantizar respuestas articuladas y efectivas. Además, establece un plan de seguimiento y monitoreo, asegurando que su ejecución no dependa exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno.
Uno de los elementos más innovadores del CONPES es la implementación de la Metodología de Seguimiento Participativo, diseñada para fortalecer la confianza en este instrumento. Si bien los documentos CONPES no son vinculantes, estudios del DNP indican que el 73% de los que son aprobados se encuentran en implementación, lo que evidencia su potencial de incidencia. Con esta metodología, se busca que las organizaciones LGBTIQ+ accedan a información detallada sobre las acciones, metas y entidades responsables, permitiéndoles acompañar y exigir su ejecución. Además, el documento establece un mecanismo de evaluación semestral de las entidades, asegurando que la sociedad civil tenga un papel activo en el monitoreo de avances, para que la política no quede solo en el papel, sino que se traduzca en cambios reales y sostenibles.
A pesar de los avances que representa el CONPES 4147, su implementación enfrenta importantes desafíos. El primero es la incertidumbre sobre qué entidad asumirá el liderazgo del proceso, especialmente ante el cierre inminente del Ministerio de la Igualdad, quien ha estado coordinando estos esfuerzos. En este escenario, el rol del DNP, del Ministerio del Interior (quien abordaba estos temas) y de las entidades sectoriales será clave para evitar un nuevo estancamiento. Otro reto fundamental es garantizar la asignación de recursos adecuados para la ejecución de las acciones propuestas. Si bien el CONPES traza un marco de intervención, su impacto dependerá de la voluntad del gobierno y del compromiso de las entidades responsables en asignar los fondos necesarios. Y finalmente, la sostenibilidad de esta política dependerá de la vigilancia y presión del movimiento LGBTIQ+ y de la sociedad civil. El gobierno actual no alcanzará a ver los efectos directos de la implementación del CONPES, pero tiene la responsabilidad dejar mecanismos de ejecución claros y con compromisos vinculantes para que su impacto trascienda esta administración.
Desde Caribe Afirmativo, celebramos la aprobación del CONPES 4147, pues marca un hito en la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Sabemos que su sola existencia no garantiza su implementación, pero este documento es un punto de partida y hoja de ruta. Para que el CONPES 4147 no se convierta en otro compromiso incumplido, el movimiento LGBTIQ+ y la sociedad civil deben asumir un rol activo en su seguimiento, exigir su implementación y presionar al Estado para que las acciones allí contenidas se materialicen. Solo así se podrá avanzar hacia una ciudadanía plena para las personas LGBTIQ+, consolidando un país en el que la igualdad y la diversidad sean principios irrenunciables.
Desde Caribe Afirmativo, celebramos la aprobación del CONPES 4147, pues marca un hito en la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Sin embargo, sabemos que su sola existencia no garantiza su implementación. Este documento es un punto de partida y hoja de ruta. Para que el CONPES 4147 no se convierta en otro compromiso incumplido, el movimiento LGBTIQ+ y la sociedad civil deben asumir un rol activo en su seguimiento, exigir su implementación y presionar al Estado para que las acciones allí contenidas se materialicen. Solo así se podrá avanzar hacia una ciudadanía plena para las personas LGBTIQ+, consolidando un país en el que la igualdad y la diversidad sean principios irrenunciables.