15 de abril de 2021. En Colombia, hasta el mes de julio del año 2020 se registraron mas de 1000 desalojos a personas venezolanas en situación de movilidad humana, tal y como lo registró Fundación Juntos Se Puede, quien manifestó que la decisión de los arrendadores o dueños de los predios obedece a la terminación de los decretos de emergencia económica en Colombia, que prohibían el desalojo de migrantes durante el aislamiento obligatorio (Semana, 2020).
Teniendo en cuenta el documento de evaluación rápida de necesidades desarrollada por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia, el 53% de los hogares encuestados requieren apoyo para el pago de vivienda y 45% acceso a empleo/medios de vida. antes del COVID; el 91% tenían un trabajo remunerado, en el contexto COVID; solamente el 20% conservan su trabajo (disminución del 78%) (reliefweb, 2020).
La situación económica tras la pandemia y las medidas administrativas adoptadas para contenerla agudizaron el problema económico debido a que la mayoría de las personas en situación de movilidad humana se dedican al trabajo informal en los espacios públicos, los cuales fueron clausurados, dejando por fuera sus particularidades de vida.
En Cartagena han persistidos tras la pandemia los casos de desalojos habitacional que son de nuestro conocimiento, del que, se presume son más. Sumado a ello, los desastres producto de la tormenta tropical IOTA afectaron a la población que vive en la periferia de la ciudad, donde se ubican muchas personas en situación de movilidad humana a quienes no se les presto ninguna ayuda estatal para contener la emergencia.
En medio del desastre natural las soluciones por parte del funcionariado público de la ciudad hacia las personas en situación de movilidad humana se remontaba a la remisión de los casos a Migración Colombia y proceder a la deportación, dando pie a un escenario de doble vulneración de derechos. En la actualidad, a pesar del cese de las medidas administrativas que permiten habitar los espacios públicos y trabajar informalmente, persisten casos de desalojo habitacional legitimados bajo argumentos xenofóbicos y discriminatorios que son reforzados bajo los discursos de que “las personas venezolanas son agentes de contagio”.
En este orden de ideas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presento la iniciativa del proyecto “Ciudad integradora, desarrollo urbano y cultural para un país de acogida” que tiene como objetivo la promoción de oportunidades de integración económica, la facilitación del acceso a vivienda asequible de migrantes venezolanos y población de acogida, al tiempo que se fortalece la capacidad institucional de los municipios y áreas metropolitanas beneficiarias para ayudar a los migrantes y sus comunidades receptoras que será ejecutado en Medellín, Rionegro, Barranquilla, Riohacha, Maicao, Cúcuta y Villa del Rosario, sin embargo, esta iniciativa no abarca todo el territorio nacional dejando por fuera territorios habitados por un gran porcentaje de personas en situación de movilidad humana, como Cartagena.
Por esta razón, CARIBE AFIRMATIVO exhorta al Estado colombiano a implementar medidas de mitigación a la discriminación que coarten el derecho a la vivienda digna de personas en situación de movilidad humana en el territorio y a la Alcaldía Distrital de Cartagena celeridad en la ejecución y funcionamiento del Centro de Atención al migrante propuesto en el plan de desarrollo vigente.