En particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, incluyendo información relacionada con los derechos de las personas LGBTIQ+.
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30 de marzo de 2023. El derecho a la información es un derecho fundamental que se reconoce a nivel internacional y nacional; se refiere al derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información de cualquier tipo, ya sea a través de medios de comunicación o de cualquier otra forma. En el contexto de las personas LGBTIQ+, el derecho a la información se relaciona con su derecho a acceder a información precisa, completa y confiable sobre sus derechos, sus necesidades y sus experiencias.
Antecedentes legales. En Colombia, el derecho a la información está protegido por la Constitución y diversas leyes y regulaciones. El artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (de la cual Colombia es uno de los países signatarios), manifiesta que toda persona tiene derecho a “(…) buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Además, la propia Constitución Política (1991) consagra el derecho de las personas colombianas a:
- Recibir información veraz e imparcial (art. 20)
- Solicitar información ante las autoridades por motivos de interés general o particular, y recibir una pronta respuesta (art. 23)
- Acceder a documentación pública, salvo casos excepcionales que establezca la ley (art. 74).
- Incluso, el artículo 15 de la Constitución consagra el derecho del Habeas Data, con el cual la persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar información personal que se haya recogido en cualquier banco de datos o archivos de naturaleza pública y privada.
En particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, incluyendo información relacionada con los derechos de las personas LGBTIQ+.
Aunque la Ley 1712 de 2014 es una herramienta importante para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades gubernamentales, aún existen desafíos en la implementación de esta ley. A menudo, las entidades gubernamentales no cumplen con los plazos establecidos para la publicación de información y los ciudadanos enfrentan obstáculos para acceder a información relevante. Además, la falta de capacitación y sensibilización en las entidades gubernamentales sobre la importancia de la transparencia y el acceso a la información sigue siendo un problema, muy en particular en organismos de seguridad (Policía, Ejército, etc) y el sistema de justicia.
Barreras institucionales. En un reciente informe elaborado por Transparencia Colombia (octubre de 2021), se apunta en contra de la marcada presencia de prejuicios y estereotipos en contra de la población LGBTIQ+, que representa una gran barrera para el acceso a la información y la denuncia, el cual cita a su vez un informe de la Defensoría del Pueblo (2018), en el que hace referencia a la poca credibilidad que muchas personas tienen de las denuncias presentadas por población LGBTIQ+. Asimismo, dicho estudio denuncia la escasa información sobre las rutas de acceso al restablecimiento de los derechos tanto para población LGBTIQ+ como mujeres, incluso apunta a un escaso o nulo registro diferencial de género por parte de las autoridades ante casos de denuncia por abusos.
La falta de confianza en las instituciones también puede ser un obstáculo para el ejercicio del derecho a la información por parte de las personas LGBTIQ+. Esto se debe a que las personas LGBTIQ+ a menudo han experimentado discriminación o violencia por parte de las instituciones, lo que puede llevar a la desconfianza y la falta de voluntad para interactuar con ellas.
Recomendaciones. Para abordar estos problemas, es importante que las instituciones trabajen activamente para construir la confianza de las personas LGBTIQ+ y garantizar que los servicios y la información que proporcionan sean accesibles, inclusivos y respetuosos de la diversidad sexual y de género. Esto podría incluir la capacitación del personal en temas de diversidad sexual y de género, la promoción de la igualdad y la no discriminación en todas las áreas de trabajo, y la creación de canales de comunicación específicos para las personas LGBTIQ+. Una muestra de ello se evidencia en la Guía de atención a mujeres y personas LGBTI en los servicios de acceso a la justicia, presentado por el Ministerio de Justicia (2019), en el cual este organismo marca la pauta a sus funcionarios sobre el enfoque diferencial hacia las mujeres y personas LGBTIQ+ como poblaciones vulnerables, haciendo marcado énfasis en la eliminación de barreras al acceso a la información.
Otras recomendaciones para mitigar las barreras en el acceso a la información y la confianza en las instituciones por parte de las personas LGBTIQ+:
- Sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos: es importante que los funcionarios públicos reciban capacitación y sensibilización sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y las formas en que pueden asegurar el acceso a la información para esta población. Esto puede incluir talleres de capacitación y la inclusión de políticas específicas en las entidades gubernamentales.
- Inclusión de las organizaciones LGBTIQ+ en el diseño y la implementación de políticas públicas: las organizaciones LGBTIQ+ deben ser incluidas en el diseño y la implementación de políticas públicas relacionadas con esta población. Esto garantizará que se aborden las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+ y se tengan en cuenta sus perspectivas.
- Mejora de los canales de comunicación: las entidades gubernamentales deben mejorar los canales de comunicación con las personas LGBTIQ+ para garantizar que tengan acceso a información relevante. Esto puede incluir la creación de una línea telefónica o un correo electrónico específico para consultas LGBTIQ+ y la publicación de información relevante en sitios web y redes sociales.
- Campañas de información y concientización: los organismos del Estado deben realizar campañas de información y concientización dirigidas a la población LGBTIQ+ para que conozcan sus derechos y los servicios disponibles para ellos. Estas campañas pueden ser realizadas en colaboración con organizaciones LGBTIQ+ y pueden incluir la distribución de materiales impresos y la realización de eventos públicos.
- Creación de mecanismos de seguimiento y denuncia: las instituciones del Estado deben establecer mecanismos de seguimiento y denuncia para que las personas LGBTIQ+ puedan informar de cualquier violación de sus derechos y solicitar información sobre los servicios disponibles para ellos. Estos mecanismos deben ser accesibles, fáciles de usar y confidenciales.
En resumen, el derecho a la información es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las personas, incluyendo las personas LGBTIQ+. Sin embargo, para que este derecho se ejerza plenamente, es necesario abordar la discriminación y la falta de confianza en las instituciones que a menudo impiden el acceso a la información precisa y confiable.