La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su informe final entregó 14 recomendaciones específicas al país, fruto de los hallazgos del volumen ‘Mi cuerpo es la verdad’. Estas se leen en 10 acciones de transformación que permitirán que la construcción de paz sea la oportunidad para garantizar proyectos de vida posibles en los territorios para las personas LGBTIQ+.
Los planes de desarrollo soy hoy el escenario concreto en lo territorial para concretar las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y hacer de ellas un bien público, consolidando su socialización y la apropiación de la ciudadanía, promoviendo la responsabilidad de los entes territoriales ante ellas, asumiendo compromisos y tareas y con un llamado específico para adecuar el Sistema Integral de Información del Posconflicto (SIIPO) como herramienta para la consolidación de la paz. Allí precisamente están los mayores desafíos en la actualidad para concretar en la vida cotidiana de nuestras comunidades, con hechos concretos, espacios adecuados y rutas claras que es posible construir un proyecto de vida digno para grupos poblacionales que, por prácticas naturalizadas de desprecio a la diversidad, se han visto invisibilizados en sus pretensiones de vida buena, accediendo a servicios que les permitan gozar de derechos y consolidar su proyecto ciudadano.
Por ello es clave que en esta etapa que asambleas y concejos revisaran las propuestas presentadas por los gobiernos seccionales —y que deben contener las acciones participativas—, las organizaciones y liderazgos sociales, bajo la figura de cabildo, audiencias o intervenciones en las corporaciones deben aportar herramientas técnicas para su conocimiento, divulgación e implementación al interior de los planes de desarrollo, que les permita a las personas que participan de estas corporaciones y que toman las decisiones finales identificar mecanismos de articulación con el gobierno nacional y el Estado en su conjunto para su avance. De esa manera es posible garantizar que todo el país consolide su compromiso con la paz garantizando vida digna a los grupos poblacionales históricamente excluidos y, a su vez, dotar a las personas de mecanismos y rutas para activar procesos de verificación y seguimiento que transiten de la invisibilidad a la ciudadanía plena.
En la entrega del informe final, para responder a las preguntas “¿Qué nos llevó como colombianos por décadas a un conflicto que nos desgarró como sociedad?” (hallazgos) y “¿Cómo hacer para que eso no se repita?” (recomendaciones), la CEV entregó en su volumen de Hallazgos y recomendaciones que suman 91 dispositivos de cambio para la sociedad colombiana, agrupados en nueve ejes que, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, que se proponen como accionantes de la paz completa y la consolidación de la dignidad humana a saber: 1. Para conseguir la paz territorial (25); 2. Para consolidar la seguridad humana integral (18); 3. Para fortalecer la democracia (13); 4. Para incentivar la cultura de paz (11); 5. Para poner fin a la impunidad y avanzar en acceso a la justicia (9); 6. para reparar integralmente a las víctimas (7); 7. Para promover transformaciones económicas y culturales (5); 8. Para poner fin a la cultura del narcotráfico (2); y 9. Para mantener el legado de la Comisión (1). Pero precisamente profundizando su mandato de enfoques diferenciales y honrando el compromiso de ser el primer acuerdo de paz en el mundo con enfoque de género que busca identificar las causas estructurales que en el marco del conflicto armado hicieron más difícil las vidas de las mujeres y las personas LGBTIQ+, en su volumen de género, en el acápite “La verdad es Arcoíris”, la CEV propone:
- Ante una sistematicidad de violencia que no para y que sigue haciendo difícil la vida de las personas sexo-género diversas en el país —exacerbadas por el conflicto armado— con ausencia de protección, un sentimiento de indefensión y altos niveles de impunidad como si la vida nuestra no importara, se propone prevenir atender y responder frente a todo tipo de casos de violencia contra personas LGBTIQ+ y contribuir acabar con la impunidad articulando acciones con la fuerza pública, las organizaciones LGBTIQ+ articulando rutas de protección individual y colectiva que permitan investigar la violencia como intervenir las causas estructurales que hacen que estas exista.
- Reconociendo la tarea aún pendiente de avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las victimas sexo-género diversas del conflicto armado, que ha sido un obstáculo estructural para avanzar en materia de condiciones de vida digna, sobre todo en los territorios más afectados por la violencia, se invita a los gobiernos seccionales a reconocer los procesos de memorialización y museos a nivel territorial a las víctimas LGBTIQ+ dando cuenta de las violencias diferenciadas que sufrieron y sus resistencias como una herramienta pedagógica, que transforme realidades sociales.
- Frente a la ausencia de información por parte del Estado sobre esta violencia para prevenirla, la ineficacia de las bases de datos y la ausencia de enfoques diferenciales en la recolección de información para promover acciones afirmativas y políticas públicas con enfoque diferencial y ante el subregistro existente, se motiva a los gobiernos seccionales apoyar la recolección de información sobre violencia contra personas LGBTIQ+ construyendo indicadores claros y concretos para observatorios y redes regionales y nacionales que registren la violencia contra las personas sexo-género diversas.
- Ante la falta de enfoques diferenciales y rutas de atención en lo local, que ofrezca atención especializada y garante de derechos, se insta a los entes territoriales a recoger información diferenciada y desagregada desde los instrumentos públicos para conocer mejor las necesidades en cada territorio de las personas LGBTIQ+, con una idónea sensibilización y formación del funcionariado público, para que no se reproduzcan acciones con daño.
- Por el déficit de derechos, las presiones de orden moral que controlan los cuerpos y limitan las libertades y la ausencia de garantías de vida digna en los territorios, que hace que muchas personas se vean obligadas a desplazarse, a invisibilizar o aplazar los proyectos de realización personal, se exige constituir políticas públicas, programas y planes de igualdad y equidad que busquen disminuir las brechas en materia de derechos de las personas LGBTIQ+ desde secretarías o programas específicos en asocio con el ministerio de la igualdad.
- En un estado de desprotección en relación al sistema de salud pública y la existencia de barreras para acceso a la salud como un derecho, se urge promover el enfoque diferencial en la atención del sistema de salud, dejando claras como políticas los enfoques diferenciales, exigiendo personal idóneo que garantice su aplicación, atención garantes a las personas trans, incluyendo salud mental, salud reproductiva, bienestar de hijas e hijos, salud sexual, prevención del VIH Sida con enfoque diferencial y sin expresiones de estigma y acciones afirmativas para superar el déficit que en atención preventiva tienen las personas LGBTIQ+.
- La acción permanente de bullying y matoneo en los sistemas educativos que afecta la salud mental, la constante deserción escolar de personas sexo-género diversas por falta de garantías y la ausencia de mecanismos psicopedagógicos basados en derechos, se promueve establecer en las instituciones educativas una cátedra de paz con enfoque poblacional, diferencial y territorial que asegure el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, como mecanismo de reconocimiento y de vida digna dentro de las aulas escolares. Allí, prestar especial atención a crear entornos de protección para niños, niñas y adolescentes y jóvenes con orientación sexual, identidad y expresión de género no hegemónica.
- El desempleo, subempleo, acoso laboral, restricción de derechos en el mundo del trabajo y la precariedad con la que viven muchas personas LGBTIQ+ en los territorios, llama a fomentar dentro de las políticas laborales y los incentivos a los generadores de fuentes de trabajo, la contratación de las personas sexo-género diversas, prevenir, denunciar y eliminar la discriminación contra ellas en el trabajo, además de no criminalizar el trabajo sexual y respetar los derechos de quienes lo ejercen. También, reconocer que para que la vida sea digna, se requiere facilitar los programas regionales de acceso a vivienda y agua como derecho a las personas LGBTIQ+ con aplicación en todos estos servicios de un enfoque diferencial en las políticas de distribución y acceso.
- Para profundizar la democracia como garantía de igualdad y que los grupos subrepresentados puedan tener voz en la vida cotidiana del territorio, se invita a garantizar la participación de personas LGBTIQ+ en espacios de decisión, reconocer y acompañar sus fechas conmemorativas como acción afirmativa, apoyar su celebración pública con sentido pedagógico de transformación social. Apoyar las manifestaciones artísticas y culturales de las personas LGBTIQ+ en los procesos colectivos del territorio, como espacios para visibilizar sus derechos y fomentar el respeto a la diversidad.
- Por la creciente complicidad social e indiferencia cultivada por décadas en nuestras comunidades frente a la vida de las personas sexo-género diversas, que en el país ha naturalizado la violencia contra las personas LGBTIQ+ y ha validado controlar sus cuerpos y limitar sus proyectos de realización personal, la Comisión convoca implementar estrategias de comunicación pública en la vida cotidiana, medios y espacios públicos, para erradicar los prejuicios y la discriminación y promover un proceso de transformación social que reconozca la diversidad como un valor social y la libertad como un requisito para vivir en paz.
Los gobiernos locales, que hace poco encendieron motores y que someten estos proyectos de plan para ser aprobados y que en las próximas semanas sean su hoja de ruta de gobernabilidad, son los responsables de concretizar en los territorios las políticas de reconciliación y, para ello, es necesario profundizar la paz territorial, el empoderamiento ciudadano y la garantía de derechos a los grupos poblacionales históricamente excluidos y, en ese escenario, acoger en el marco de los planes de desarrollo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que permitirán lo siguiente: a. Activar la hoja de ruta y contribuir a una paz estable, justa y duradera para el país; b. Abordar y prevenir causas estructurales del conflicto armado; c. Promover garantías de reparación y no repetición; d. Consolidar en los territorios, de forma participativa escenarios de transformación y garantías de no repetición, garantías de que las personas que históricamente se han visto privadas de la dignidad transiten de la victimización hacia la ciudadanía plena de derechos y; por último, e. Consolidar acciones desde la institucionalidad para la implementación territorial.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo