24 de febrero de 2025 – En el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, se presentó el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que analiza la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2024. El documento destaca el impacto de la violencia territorial y el conflicto armado interno sobre los derechos humanos y el espacio cívico, así como los desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Principales preocupaciones
El informe expone la preocupación por la expansión territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, que han intensificado sus estrategias de control social y territorial, afectando gravemente a la población civil, organizaciones étnico-territoriales y de base. Además, resalta la necesidad de mejorar la articulación en la implementación territorial de las políticas de paz total, seguridad, desmantelamiento y lucha contra el narcotráfico.
Otra preocupación clave es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado ante graves afectaciones a los derechos humanos en los territorios más vulnerables, donde se evidencian constantes violaciones y limitaciones al acceso a la justicia y la protección de las comunidades afectadas.
Recomendaciones del ACNUDH
El informe recomienda fortalecer la articulación entre la política de paz total, la política de seguridad, la política de desmantelamiento y la política de drogas, con el objetivo de abordar las causas estructurales de la violencia y garantizar una respuesta integral a la crisis de derechos humanos en los territorios.
En relación con la situación de personas LGBTIQ+, el ACNUDH documentó casos de amenazas, desplazamiento y violencia basados en orientación sexual e identidad de género. La falta de denuncias de la mayoría de estos casos evidencia la necesidad de implementar estrategias de atención integral y confidencial para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en los territorios más afectados.
El informe también recibió alegaciones sobre nueve casos de amenazas y otras violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras LGBTIQ+. Sin embargo, la información solo es una aproximación de la realidad, ya que el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo reportó que al menos 54 personas LGBTIQ+ fueron víctimas de violencia en 2024, de las cuales más de la mitad eran personas trans y al menos 8 tenían la calidad de líder o lideresa social. Además, se registraron más de 15 amenazas colectivas a través de panfletos donde se registran a personas LGBTIQ+ que ejercen labores de defensa de los derechos humanas y más de 30 personas LGBTIQ+ defensoras amenazadas que fueron atendidas por la organización. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, manifestó: “Los datos presentados reflejan solo una parte del problema. La situación en los territorios es alarmante y requiere una acción inmediata del Estado para proteger la vida y los derechos de las personas LGBTIQ+”.
En este sentido, se recomienda la instalación de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio del Interior, con la participación de la sociedad civil, para diseñar un nuevo modelo de protección para personas defensoras. Esta iniciativa incluiría la reforma de la Unidad Nacional de Protección, el fortalecimiento de los modelos de protección colectiva con enfoques diferenciados y el seguimiento a la implementación de medidas con perspectiva de género para mujeres y personas LGBTIQ+.
El informe del Alto Comisionado subraya la urgencia de que el Estado colombiano refuerce su compromiso con la protección de los derechos humanos y la garantía de un espacio cívico seguro y libre de violencia para todas las personas en el país.