Luego de un trabajo de campo por casi dos años que tuvo en cuenta el enfoque territorial e interseccional de las personas sexo-género diversas, Planeación Nacional y el Ministerio de la Igualdad, recibieron hace ya 60 días comentarios de la sociedad civil sobre su propuesta CONPES y estamos a la espera de la concertación con los órganos de gobierno para su aprobación.
En 2018 se creó, con el decreto 762, la política pública LGBTIQ+ en Colombia que, pese a los esfuerzos de dos de los tres gobiernos que han pasado luego de ello, no logran avanzar con la urgencia. Para esto, se planteó: a. Consolidar una estructura estatal que responda a los requerimiento de vida digna de las personas sexo-género diversas; b. Poner fin a la violencia cotidiana que hace muy difícil en el país la vida de las personas LGBTIQ+; c. Fortalecer y acompañar las acciones colectivas y procesos organizativos que propenden por el respeto y reconocimiento de las diversidades sexuales, identidades y expresiones de género. El actual gobierno, honrando su programa de gobierno y el mandato de algunos sectores sociales de las disidencias sexuales y de género que le acompañaron, luego de dejarlo consignado en su plan de desarrollo de forma pionera, se propuso hacer un documento CONPES como herramienta para concretar su implementación con acciones y responsables claros, que permitan solucionar los problemas identificados hace más de siete años que dieron origen a esta política pública y que fueron refrendados y actualizados en un proceso de caracterización. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado por la Ley 19 de 1958.
Los documentos CONPES, creados hace más de 58 años como un mecanismo de la “realpolitik”, que busca acciones reales para problemas concretos y que se vio mejorada como herramienta técnica en 1967 es un documento de acción política que cobra vida por la articulación que, en torno a él, generan actores tomadores de decisiones que, para el caso colombiano, es el órgano rector de planeación que asesora al gobierno en términos económicos y sociales según el área específica que aborda. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través de la postulación, estudio y aprobación de las acciones que de él se desprenden sobre el desarrollo de una política específica con una temporalidad determinada y unos recursos monetarios y materiales precisos. Desde 1967, Colombia ha aprobado 4306 documentos CONPES, al año aproximadamente 75 se aprueban. En el gobierno de Santos, el mismo que dio luz verde a la política pública LGBTIQ+, se mejoró su metodología y se hizo más participativa para que estos correspondan a una visión compartida de transformación de país. El gobierno del cambio, con casi tres años de mandato, ha aprobado 33 documentos CONPES y tiene para su recta final 18 en proceso casi todas relacionados con la misionalidad del Ministerio de la Igualdad y Equidad como lo son los del cuidado (recientemente aprobado) y el de discapacidad y personas sexo-género diversas que se encuentran en proceso.
En materia de políticas públicas los CONPES son instrumentos que permiten de forma colegiada dar insumos a los responsables de la ejecución de las acciones y tomar decisiones y lineamientos para ser efectivos en su empeño de avanzar en materia de desarrollo económico y social. Su propósito, aún vigente, es mantener un ejercicio coordinado permite la cohesión de diferentes actores del Estado y con los aprendizajes adquiridos, asume una metodología que permita desde la “real política”, activar acciones que, efectivamente, estén encaminadas a la transformación. Su papel de instrumento facilitador en materia económica y social permite marchar en doble dimensión; primero, dentificar los problemas que son causas estructurales del déficit de derechos, y segundo, activar las acciones de financiación para corregirlas. Todo ello a través de objetivos, acciones, indicadores, resultados y mecanismos de evaluación
Pensar un CONPES para la política pública LGBTIQ+, expedida por el decreto 1867 de 2017, destaca varias funciones específicas: 1. Ser un órgano asesor de las entidades del Estado responsables de los derechos LGBTIQ+ para un desarrollo integral de las acciones que deben implementar; 2. Ser un mecanismo de promoción de acciones de coordinación interinstitucional para entregar respuestas articuladas a las cotidianidades que deben resolver fruto de este proceso estructural; y 3. Ser un instrumento de aplicación para promover y adoptar decisiones que permitan avanzar en materia de calidad de vida para la ciudadanía objeto de la política pública. En el caso de Colombia, con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación que por su experticia económica y social lidera las acciones de coordinación, diseñando la metodología para elaborar de forma participativa el documento CONPES y hacerle seguimiento a su aplicación buscando que las políticas sean rigurosas y consistentes.
Del proceso CONPES, en casi 60 años, hemos aprendido que su eficacia depende de cuatro prerrequisitos clave: 1. Deben ser claro en la viabilidad de lo que se propone que tanto las acciones como los recursos y alcances sean coherentes con lo que necesita la población beneficiaria y que tenga los recursos materiales suficientes para llegar a todos en términos territoriales y poblacionales, de esa manera se materializa la voluntad política y se permite que sean los responsables identificados los actores principales del proceso. 2. Implementar la construcción participativa que tenga en cuenta los diferentes sectores de la población, que recoja aprendizajes históricos y experiencias de organizaciones sociales, el mismo Estado y otros grupos poblacionales, a partir de un árbol de problemas que le dé un diagnóstico real a lo que se quiere responder y eso también limita y aterriza lo que se quiere hacer en un ejercicio temporal definible que lleve a soluciones concretas desde un plan de acciones claro y aplicable; 3. Proponer un plan de acción que permita comentarios de la ciudadanía, el diálogo abierto y recepcionar iniciativas, que lleve a discusiones técnicas y políticas que ajusten la propuesta a las políticas de Estado y los respectivos planes de desarrollo y a los compromisos adquiridos con la ciudadanía; y 4. Garantizar el seguimiento, que permita que los tomadores de decisiones de cada entidad responsable, puedan dar cuenta de su trabajo en el marco de su misionalidad e implementación.
En el caso particular del proceso de la política pública LGBTIQ+ de Colombia, su expedición que coincidió con el fin del gobierno Santos, no dejo un plan de acción que por norma debía ser participativo, el gobierno de Duque que le siguió, se desentendió de ella, incluso ignorando una decisión judicial de por medio que le exigía su activación y el gobierno de Petro, se planteó no solo desatrancarla sino ponerla en sintonía de CONPES. Y así, desde 2023, los espacios participativos y las solicitudes de avances del movimiento social han presionado su celeridad desde varias regiones del país y con discusiones sectoriales como colombianos y colombianas en el exterior, las personas privadas de las libertad, las víctimas del conflicto armado o las adultas mayores, entre otras. Allí se recogieron, de un lado, realidades que conforman un diagnóstico real y caracterizado y de otro propuestas y buenas prácticas que el Estado puede asumir en un plan de acciones que, con garantías de participación permanente, funcione en triple vía: a. Resuelva problemas estructurales; b. Sea un mecanismo reparador de la naturalización de la violencia y la discriminación; y c. Avance en la consolidación de la ciudadanía plena.
Este ejercicio territorial, liderado por el Ministerio de la Igualdad durante casi dos años, identificó cuatro problemas estructurales significativos que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Colombia:
- Barreras cotidianas para acceder a servicios y ejercer plenamente la ciudadanía, lo que limita el goce efectivo de derechos como empleo decente, seguridad social, alimentación adecuada, vivienda digna, educación de calidad, uso del espacio público, acceso al deporte, la cultura y la recreación.
- Persistencia de la violencia estructural, tanto física como simbólica, que se agudiza en un contexto de impunidad y se reinventa constantemente en nuevas y más deshumanizadoras formas de expresión.
- Deficiencias en las capacidades institucionales a nivel nacional y local, con ausencia de servicios efectivos y falta de rutas de acceso diferenciadas, claves y eficientes.
- La necesidad urgente de una transformación cultural en el país**, que desmonte los imaginarios prejuiciosos que validan la violencia contra las personas sexo-género diversas como algo normal.
Un documento CONPES para una política pública permite articular acciones entre múltiples sectores para lograr respuestas efectivas y evitar intervenciones que, lejos de garantizar derechos, terminan generando daño. Esto ha sido una constante en el Estado cuando se trata de poblaciones históricamente excluidas. Por ello, este tipo de política social debe trascender la voluntad de un gobierno y convertirse en una política de Estado de mediano y largo plazo, con un compromiso sostenido. Para lograrlo, es fundamental contar con un método claro, recursos adecuados y responsables definidos, evitando así respuestas improvisadas y promoviendo decisiones estratégicas con un plan de seguimiento riguroso.
Ante el inminente cierre del Ministerio de la Igualdad, entidad responsable de las acciones en materia de diversidad sexual y de género en el país, es urgente garantizar la implementación de la política pública LGBTIQ+. Ahora, el liderazgo del proceso recae en el CONPES, lo que plantea preguntas clave: ¿Quién asumirá esta responsabilidad? ¿Cuál es la prioridad y el enfoque que le ha dado Planeación Nacional? ¿Qué compromiso y centralidad le asigna el nuevo ministro de la Igualdad? ¿Cuál será el papel del grupo técnico de política pública creado hace un par de años para este fin? ¿Qué rol jugará la Dirección de Diversidad Sexual, responsable del diagnóstico? ¿Será este el momento para finalmente designar al viceministro de las diversidades?
Quedan menos de 17 meses de este gobierno y, aunque no será quien implemente el CONPES, al menos debería dejarlo aprobado para evitar que el movimiento LGBTIQ+ siga enfrentando una racha de incumplimientos.
Wilson. Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo