Con la presencia de las personas LGBTIQ+ en el proceso de consulta metodológica para la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, se consolida la agenda de paz como el escenario ideal del movimiento de diversidad sexual y de género en Colombia.
Los conflictos armados, dictaduras y crisis democráticas, en sus narrativas para controlar de manera legal o ilegal el poder han usado las expresiones de superioridad moral como mecanismo de cohesión con la ciudadanía en dos direcciones: 1. Como herramienta extraída de las costumbres y las prácticas religiosas para justificar su escala de valor que agudiza el patriarcado, la misoginia, la violencia y la exclusión; y 2. Como solicitud de validación social para explicar por qué sus acciones de guerra tienen en los grupos poblaciones históricamente discriminados y excluidos los mayores depositarios de sus prácticas exacerbadas de violencias, e incluso para tener en ellos, como fuerza de guerra, una opción de reclutamiento débil o de servilismo frente a sus intereses.
Esta situación es uno de los argumentos explicativos sobre por qué en países como Colombia el conflicto armado de más de 60 años agudizó la vida de las personas LGBTIQ+, en razón del desprecio hacia su diversidad sexual y de género; también sobre por qué cobra tanta vigencia que pensar la paz en esta latitud obligue, necesariamente, a superar el déficit de derechos y garantizar condiciones de vida digna. Por eso, cobra altísima vigencia dos argumentos que, más allá de que la historia no es lineal y que siempre se cuenta diferente, están en la base de este país cuando se quiere leer el avance del movimiento de la diversidad sexual y de género. Lo primero, es plantear la paz como un gran esfuerzo de la sociedad civil a finales de los 90 por crear una agenda de paz en torno a dar cuenta de los efectos del conflicto armado hacia las personas sexo-genero diversas por los prejuicios exacerbados por la guerra. En segundo lugar, la aparición en 2011 del primer cuerpo legislativo en Colombia que habla de las personas LGBTIQ+ —la ley 1448, conocida como la ley de víctimas— que reconoce directamente su afectación por el conflicto armado.
A partir de ahí, los esfuerzos en Colombia por entender el conflicto armado y construir procesos de paz, han contado con la participación cualificada del movimiento social desde sus liderazgos territoriales, sus procesos de documentación e incidencia política y con intentos de tener mecanismos de participación, que no solo garantice su enunciación, sino las herramientas necesarias para entender los efectos desproporcionados de la guerra hacia las personas LGBTIQ+. Todo ello, con la solidaridad del movimiento de mujeres, de derechos humanos y de paz, en tres direcciones: a. En las plataformas y procesos nacionales; b. En las acciones territoriales —particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado—; y c. Haciendo realidad la interseccionalidad, pensando esta realidad de violencia prejuiciosa en el seno del sindicalismo, el campesinado, las mujeres, los grupos religiosos, las comunidades afrodescendientes, indígenas y en los espacios juveniles.
En primer lugar, la puesta en marcha de la ley de víctimas creó institucionalidad para poder identificar la afectación del conflicto, superarla y garantizar a las personas la consolidación de su ciudadanía plena. Para ello, la puesta en marcha de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) creó una base de datos que, hasta el día de hoy, con 5.925 personas LGBTIQ+ víctimas de homicidios, feminicidios, desplazamientos, amenazas, entre otros delitos. En esa misma línea, según la Red Nacional de Información, con corte al 31 de julio de 2023, da cuentas de hechos victimizantes colectivos hacia personas LGBTIQ+. Por esto, empezó a identificar y atender a las víctimas sexo-género diversas, está promoviendo espacios de reparación integral e incluyó en el reconocimiento de sujetos de reparación colectiva, por la afectación que su práctica organizativa pudo impactar a procesos del movimiento de diversidad sexual y de género. Este, al día de hoy, cuenta con el reconocimiento de colectivas en Chaparral, Tolima; El Carmen de Bolívar; Medellín y San Rafael, en Antioquia. De otro lado, el Centro Nacional de Memoria Histórica se ha dado la tarea de documentar las graves violencias contra las personas LGBTIQ+ que se recogen en textos como ‘Aniquilar la diferencia’, también en el reinado del Río Tuluní y en ‘Ser marica en medio del conflicto armado: violencia contra personas LGBTIQ+ en el Magdalena Medio’.
En segundo lugar, quiero resaltar lo que significó la discusión de esta violencia en el marco del conflicto armado en el proceso de justicia y paz, que buscó avanzar en el proceso de desmovilización de los paramilitares. Allí, testimonios presentados por la sociedad civil y documentados por organizaciones de derechos humanos que sirvieron como material para procesos acusatorios de la fiscalía, lograron develar historias como la de alias “El Oso”, en el Golfo de Morrosquillo, que sometió a hombres gays afeminados y mujeres trans a prácticas denigrantes al obligarles a “pelear” en público, hasta terminar mal heridos, como un acto de diversión para los habitantes de san Onofre. Este y otros casos han logrado dar cuenta de cómo los paramilitares despreciaban la vida de las personas LGBTIQ+. Para la sentencia contra alias Botalón, el 16 de diciembre de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia en contra de Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, y otros 26 paramilitares bajo su mando, pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. Este histórico fallo reconoce la violencia en razón del género de las víctimas, aplicada sistemáticamente sobre ellas como un patrón conductual. El mismo, acuña bajo la expresión “patrón de violencia basado en género” los hechos de violencia sexual cometidos por los procesados contra mujeres, niñas y adolescentes y, de manera destacada, incluye el homicidio, torturas, desaparición forzada y desplazamiento forzado de integrantes de la población LGBTIQ+.
En tercer lugar, los diálogos entre el gobierno y las FARC convocaron en la Mesa de la Habana a la Subcomisión de Género, Caribe Afirmativo y a otras organizaciones, dando como resultado el acuerdo 085 de la Mesa de la Habana, que se conoce como el enfoque de género, que luego se implementó en todo el acuerdo y que asume como compromiso dar cuentas en la implementación de cada uno de sus seis puntos acordados sobre cómo el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+, en razón de su diversidad sexual, identidad y/o expresión de género. Este compromiso, luego se materializó en la justicia transicional, conformada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Entidades, todas con unidades y grupos de trabajo que dentro de su misionalidad, han ido dando cuenta de esta afectación: la JEP ha incluído en sus macro casos a las víctimas LGBTIQ+ y avanza en la documentación del Crimen de Persecusión, motivado por discriminación a la orientación sexual o diversidad de género. Por su parte, la Comisión de la Verdad en su Informe Final, en el capítulo ‘Mi cuerpo es la verdad’, da cuentas de esta violencia y entrega unas recomendaciones específicas de cómo superarla. Del mismo modo, la UBPD está buscando con enfoque de género, tiene 49 personas LGBTIQ+ identificadas como desaparecidas y cuenta con un grupo de expertas provenientes del movimiento LGBTIQ+, que brindan asesoría sobre cómo buscar a las personas sexo-género diversas y cómo integrar a sus familias sociales.
En cuarto lugar, el recién creado espacio de diálogo de la sociedad civil para construir el mecanismo de participación de la ciudadanía con miras a ese acuerdo de paz, ha convocado nuevamente a Caribe Afirmativo en alianza con la Plataforma LGBTI+ por la paz otras organizaciones para que, durante un semestre en diálogos —tanto territoriales, como poblacionales— con el movimiento LGBTIQ+, se diseñe una propuesta metodológica y territorial que, articulada a los demás grupos poblacionales, le permita a esta mesa de diálogo, no solo ser asertiva con la convocatoria los procesos de escuchas y las acciones de priorización de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, sino que pueda identificar los hechos de violencia cometidos por esta guerrilla en territorios como Chocó, Sur de Bolívar y Catatumbo en sus enfrentamientos contra las fuerzas militares y paramilitares. Del mismo modo, activar un proceso de paz, justicia, reparación y garantías de no repetición que se pueda aplicar en la segunda fase, que ya han anunciado, y es juntarse con las víctimas LGBTIQ+ para, con ellas, proponer acciones de transformación al modelo de país. En este es clave la presencia de las personas sexo-género diversas.
En estos años, además, se han fortalecido los mecanismos de participación ciudadana en tres vías; primero, el movimiento social con experiencia en tantos procesos, tanto en la documentación de casos, la representación de las víctimas y la incidencia, ha aprendido y reconocido oportunidades abiertas, incluso a un diálogo regional con otros países que sufren conflictos armados o en mecanismos internacionales, como hacer presencia en procesos transicionales para superar la violencia en los conflictos hacia las personas LGBTIQ+. En segundo lugar, se han fortalecido de forma interna los mecanismos de participación con enfoque de género, tanto en presencia, como representatividad y propuestas; muestra de ello es la participación de las personas LGBTIQ+ en los Consejos de Paz, las agendas de diversidad sexual y de género en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y la presencia de las mujeres LBT en la discusión de la resolución 1325 sobre mujeres, seguridad y paz de Naciones Unidas. En tercer lugar, actores del conflicto tanto Estado, como guerrillas y paramilitares —a conciencia o por presión de las acciones colectivas— han empezado a dar cuenta de su responsabilidad por delitos motivados por la persecución por causas de diversidad sexual o de género, los jueces a llamar indagatoria y otorgar responsabilidad en sus audiencias y los procesos de construcción de paz. Del mismo modo, las instituciones creadas para ese propósito, a entender que la paz no es posible sin las personas LGBTIQ+.
Por eso, pensar hoy en escenarios de paz completa, como la llama el informe de la Comisión de la Verdad, o la Paz total, como la invoca este gobierno, necesariamente debe pasar por la participación activa de las personas LGBTIQ+, como gratamente lo estamos viendo hoy, unido a un proceso de reparación integral a las víctimas y de transformación de la cultura ciudadana para que, no solo la paz sea una realidad, sino que ella se exprese en la vida digna de las personas LGBTIQ en cada rincón de país.
Wilson Castañeda castro
Director Corporación Caribe Afirmativo