Con ocasión del día nacional de solidaridad con las víctimas, Caribe Afirmativo lidera un encuentro regional en Barranquilla los días 9 y 10 de abril con personas LGBTI afectadas por el conflicto.
Según la Unidad Nacional de Víctimas, el número de casos registrados de la población LGBTI víctima del conflicto armado se encuentra con 1275 casos LGBTI, de los cuales 375 corresponden al Caribe Colombiano, reportados hasta lo corrido del mes de febrero del 2015.
La ley 1442, o ley de víctimas del conflicto armado, en el artículo 13 reconoce abiertamente como víctimas del conflicto armado a las personas LGBTI, que durante cincuenta años de guerra han sido víctimas y para ello propone al Estado generar desde un enfoque diferencial acciones de atención, reparación y garantías de no repetición. Esta ley, es el único cuerpo legal en Colombia que da espacios de participación en Colombia en función de una apuesta política desde lo local hacia lo nacional, para la construcción de una política pública para las víctimas del conflicto armado.
Según la Unidad Nacional de Víctimas, el número de casos registrados de la población LGBTI víctima del conflicto armado se encuentra con 1275 casos LGBTI, de los cuales 375 corresponden al Caribe Colombiano, reportados hasta lo corrido del mes de febrero del 2015, que representan el 23% del total de los casos presentados en todo el país en relación a personas LGBTI, donde las víctimas documentadas por el conflicto armado son de 6.541.351, según su número de identificación y nombre completo en 7.522.448 eventos ocurridos por el conflicto armado en un lugar y tiempo determinado.[1]
En el caribe Colombiano, los tres años que lleva de ejecución la ley de víctimas, ha logrado evidenciar múltiples hechos de afectación del conflicto armado a personas LGBTI; tales como tortura, violencia sexual, secuestro, despojo, desplazamiento, homicidios, actos terroristas, amenazas y otras conductas violentas. En la región son los departamentos de Córdoba con 103, Bolívar con 86 y Magdalena con 5; con mayores victimas LGBTI identificadas las demás se han presentado en los otros cinco departamentos, siendo san Andrés en de menor registro con un solo caso. En relación con los hechos victimizantes, los que más han afectado a las personas LGBTI son: desplazamiento forzado con 182 casos, amenazas 38 y homicidios 17.
La región Caribe en Colombia, comparte ciertas particularidades sociales, económicas y territoriales que posibilitan la presencia de grupos al margen de la ley, que a pesar de la persecución del Estado, siguen delinquiendo y atentando contra la población civil, involucrándolos en el conflicto y poniendo en riesgo su integridad humana; acciones específicas que afectan directamente entre otros, a las personas LGBTI, como las amenazas a través de panfletos firmados por bandas criminales (BACRIM), la violencia sexual por parte de actores legales e ilegales del conflicto y castigos ejemplarizantes bajo una supuesta autoridad moral; son de los tantos “modus operandi” más comunes y en crecimiento y que ponen de manifiesto el rechazo ante las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas por parte de los actores armados.
No se puede definir a las víctimas de forma general a partir del conflicto, sino que es necesario a partir de las afectaciones cotidianas que vamos conociendo de las personas LGBTI en territorios de conflicto, entender las prácticas y los señalamientos que los actores armados buscan hacer sobre ellas. Además de ello, nos ayuda a reconocer que la Interseccionalidad de la violencia y la exclusión rebasa los límites del conflicto armado; evidencia las situaciones de los casos y en el marco de la ley de victimas introducen tipos y conductas que obliga la acción del Estado. Pero es necesario que esta lectura tanto de la afectación como de la reparación se haga a partir de abordar la vida, y está en riesgo, de las personas LGBTI en el conflicto o postconflicto.
Esta ley, se ha dado un proceso de identificación directa de cómo el conflicto armado ha afectado a las personas LGBTI, casos como los asumidos anteriormente por Justicia y Paz en relación con la desmovilización de los Paramilitares Alias “el Oso” y alias “Don Antonio”, que delinquieron en el Golfo de Morrosquillo y el sur del Atlántico respectivamente, (región Caribe), no han sido suficientes para que el Estado asuma una condena judicial ejemplarizante con agravante penal, a pesar de que estos casos han arrojado información directa sobre la relación ente violencia en el marco del conflicto armado y afectación a personas LGBTI, relacionada con su orientación sexual o identidad de género, identificando acciones tales como, el desplazamiento, las amenazas, las desapariciones, la
violencia sexual y el confinamiento entre otras conductas, motivadas según sus declaraciones por sus concepciones de moralidad y de “mantenimiento del orden”. Casos que sin embargo no fueron a concepto de la Fiscalía, elementos suficientes para determinar la afectación directa de éstos actores del conflicto a líderes LGBTI.
Sin embargo, para muchos habitantes de la región, los daños a la población LGBTI fueron colectivos, sobre todo si se trataba de “negros que se mariquiaban”; estas dos acciones violentas generaron una oleada de desplazamiento masivo de personas LGBTI del sur del Atlántico hacia Barranquilla o a la ciudad de Bogotá. En la mayor parte de las comunidades, se reconoce que la población LGBTI era blanco del bloque JPD, con daños generales tales como: la inhibición de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y control social de diferentes
expresiones entre las que se encontraban la libertad por orientación sexual. Así mismo, activistas LGBTI que fueron amenazados a finales del año 2008 por éste mismo grupo, aseguran que el accionar del JPD habían profundizado los patrones de discriminación haciendo de ellos mecanismos tolerantes de la eliminación de esta población, y que esto no correspondía sólo a las actuaciones del JPD, sino a los prejuicios y estereotipos preexistentes en la sociedad que llevaban a una tiranía moral en donde los mismos habitantes de los municipios eran quienes señalaban incluso a las víctimas.
Lo anterior lleva a revisar las formulaciones generales que inspiran los instrumentos de justicia transicional y las estrategias de reparación post-conflicto y desarrollar enfoques que permitan ver tanto formas específicas de victimización durante los conflictos, como diseñar respuestas adecuadas de reparación, para que la reparación y transición a la democracia no replique violencias ya existentes o
reproduzca nuevas violencias y se logre una paz efectiva.
[1] RED NACIONAL DE INFORMACIÓN (RNI). “Reporte único de víctimas, RUV”, 2015, disponible en http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes revisado el 31 de Junio de 2014.