Más allá de lo condenable del hecho y de la podredumbre al interior de la Fuerza Pública que evidencia el asesinato de Juliana, este acto -así como tantos otros- tienen implicaciones simbólicas que reducen la visibilización y participación de las personas trans en política y en la construcción de sociedad y paz
28 de septiembre de 2020. Las personas trans se han visto excluidas de gran parte de los escenarios sociales, laborales, económicos y culturales de la sociedad, si bien estos últimos han sido los espacios en donde más se les haya visualizado históricamente. Estas dinámicas de exclusión y relegación a lo netamente cultural -que no es completamente negativo, pero tampoco ideal- han hecho que se erija un imaginario colectivo donde las personas trans -y especialmente las mujeres- son vistas como ciudadanía de segunda clase, como personas incapaces de construir sociedad y de participar en los procesos de toma de decisiones del país, tales como los cargos en corporaciones públicas, administradoras, altos cargos públicos, etc.
El asesinato de Juliana, el pasado 25 de septiembre, más allá de poner en evidencia la podredumbre al interior de la Fuerza Pública nacional y su evidente relación con la violencia contra personas trans, también deja entrever otras implicaciones menos visibles, pero igualmente graves que impactan directamente sobre la situación de derechos de la población trans del país, siendo una de estas el miedo que despierta el ser una persona abiertamente trans en nuestra sociedad, ya que literalmente se ha vuelto una carrera contra la muerte.
Antes de este lamentable hecho, la participación de las personas trans en política -y en general en la sociedad- era ya reducida. En los últimos 23 años, la Campaña Voto por la Igualdad, solo ha registrado a cuatros personas trans en cargos de elección popular, Erika del Rio como concejala[1] y Juliana Rojas en 2007 y 2011; en las últimas elecciones regionales, otras dos mujeres trans fueron elegidas a cargos de elección popular en todo el país: Taliana Gómez como edila en Santa Marta y Paulina Chavarro como edila en Cali. Este ínfimo número podría explicarse a partir del temor que muchas personas trans sienten al ser blanco de agresiones verbales y físicas en razón de su identidad y expresión de género cuando se convierten en figuras públicas.
Si hablamos sobre su participación en cargos de designación, el panorama nos permite ser más positivas –aunque con cautela–, ya que en la actualidad doce mujeres trans se encuentran vinculadas laboralmente en dependencias estatales en ciudades capitales como Bogotá, Cali, Cartagena, Florencia, así como en municipios como Villa del Rosario, Montelíbano, Malambo y Soledad.
Estos avances contrastan, sin embargo, con la creciente ola de violencia que de la cual han sido víctimas las personas trans en el país. En lo que va corrido del año, alrededor de 30 personas trans han sido asesinadas en el país y con cada muerte, se refuerza el temor de otras personas trans de mostrarse, de ser visibles, de participar en la sociedad, de participar en política. ¿Cómo sentirse seguras cuando sus mayores agresores son la Fuerza Pública? Solo en el Caribe colombiano, entre 2007 y 2019, se registraron 114 casos de violencia policial contra personas LGBTI, donde al menos 50 fueron contra personas trans. Adicionalmente, las autoridades pareciesen hacer caso omiso a las recomendaciones, protocolos y campañas de sensibilización por el respeto a la vida e integridad de las personas trans.
En este sentido, el carácter simbólico que tiene el violentar – y asesinar- a personas trans -más aun cuando son las mismas fuerzas del Estado quienes lo hacen- hará que menos personas trans quieran participar de procesos socio-políticos en el país. Dicho efecto acrecentará esos temores que tienen estas personas de ser quienes son y de mostrarse tal cuales son ante la sociedad, al tiempo que reducirá su voluntad de participar en escenarios de representación locales y naciones. La violencia contra las personas trans y las implicaciones que esta tiene en la visibilidad y participación ciudadana y política de estas personas en la sociedad, no se reducirá mientras no se ataque el problema de raíz, este es los reducidos espacios de participación con los que cuentan las personas trans en el país para hacer incidencia. Sin participación no hay inclusión, y sin inclusión no hay democracia.
[1] No se tiene información sobre la fecha en la cual fue elegida