1º de marzo de 2021. El pasado 10 de febrero, el Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH) analizó y evaluó la situación de Derechos Humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, a través del Informe A/HRC/46/76. A partir de este análisis, se dejó en evidencia la alarmante situación en Derechos Humanos que enfrentan especialmente las mujeres, las personas defensoras de derechos humanos y la comunidad LGBT. En este, se incluyó el contexto de la pandemia del COVID-19 y la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC-EP.
El ACNUDH estableció que la ausencia de una presencia integral del Estado en regiones del país como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación. Así mismo, la presencia integral del Estado se requiere para poder contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social de grupos armados no estatales y grupos criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.
Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. En este año, el ACNUDH documentó 76 masacres, que implican la muerte de 292 personas. Dentro de estas personas, murieron 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. En el 66 % de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Y los departamentos que se vieron más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62% de estos hechos.
En cuanto a la defensa de los derechos humanos en Colombia, su ejercicio continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, el ACNUDH conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos y también recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Los principales municipios afectados fueron aquellos con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica. Colombia, continúa enfrentando esta violencia, teniendo la tasa nacional de homicidios de 23,7 por cada 100.000 habitantes.
Por su parte, las cifras de agresiones y violaciones de derechos humanos de personas de la comunidad LGBT, tuvieron un aumento. La Defensoría del pueblo reportó 76 homicidios y feminicidios, informó que se activaron las rutas de atención en 388 casos de violencia, cifra que se contrasta con los 309 casos atendidos en el 2019. Los obstáculos para el acceso a la justicia aumentaron, siendo la aplicación de criterios basados en prejuicios por parte de algunos funcionarios e insuficiencia de recursos económicos, los principales de estos.
Frente a esta crítica situación, el ACNUDH reitera la importancia de la implementación del Plan de Acción Nacional de la Policía LGBT, que fue anunciado por el Ministerio del Interior en noviembre.
Como conclusión, el ACNUDH formuló una serie de recomendaciones, dentro de ellas: exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, alienta a la Fiscalía General de la Nación a que continúe fortaleciendo la Unidad Especial de Investigaciones, para lograr la identificación y sanción de los autores directos e intelectuales de las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y los firmantes del Acuerdo de Paz, e insta al Ministerio de Defensa a que continúe fortaleciendo la política de cero tolerancia a la violencia sexual, y prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y basada en género por parte de integrantes de la fuerza pública.