En estos días el movimiento estudiantil ha mostrado su fuerza al Gobierno de Iván Duque. Las calles del país, desde Pasto hasta Barranquilla, se inundaron de estudiantes que exigen al Gobierno solventar la crisis financiera por la que pasan todas las universidades púbicas del país. Incluso, estudiantes de universidades privadas, en un acto de solidaridad se sumaron a la manifestaciones engrosando las voces de protesta. El movimiento estudiantil se manifiesta con fuerza, crece y se gana la solidaridad de un porcentaje elevado de la población que ve con ojos favorables su objetivo. Esta coyuntura, además, nos ofrece una oportunidad interesante para evaluar el papel de la educación pública en la lucha por los derechos LGBT.
Como institución, la Universidad nació en Boloña con el objetivo de perpetuar un beneficio de clase: la educación superior. Sin embargo, durante sus años de vida se ha transformado y ha cuestionado su realidad intentando moldearla para construir un mundo más abierto y amigable para sus habitantes. En este esfuerzo, las aulas universitarias también se han trasformado, en donde sólo caminaban hombres blancos y privilegiados que aprendían las ciencias, la historia y las lenguas europeas en instituciones privadas y elitistas, ahora caminan personas de todas las razas, hombres y mujeres sin importar su orientación sexual, y cada vez más mujeres y hombres trans, que se hunden en un universo de saberes que confluyen en las universidades públicas. El cambió no fue pacifico, desde las universidades, en muchos casos, se construyeron los esquemas de pensamiento que han soportado el binomio de hombre y mujer como las formas aceptables de expresión de género al igual que la heterosexualidad como la orientación sexual dominante y excluyente. Sin embargo, desde las aulas también se han cuestionado estos regímenes, propiciando el conocimiento y la apertura de nuevas formas de entender el género y la orientación sexual a través de formulas diferentes a la criminalización o a la patologización.
En Colombia, como referentes de la educación pública, la Universidad Nacional de Colombia así como la Universidad del Atlántico han propiciado espacios para los estudios de género; y como referentes de la educación privada, la Universidad de los Andes ha impulsado programas de posgrado. Si bien los espacios son incipientes lo cierto es que la educación superior se ha convertido en tierra fértil para la construcción de nuevos conocimientos que permiten concientizar y transformar la sociedad. La oferta de estos programas especializados en género así como la tranversaliación y oferta de cursos electivos para todas las profesiones es una herramienta poderosa para la transformación de la realidad, especialmente porque se centra en la formación de quienes tendrán que asumir las tareas profesionales del país. En consecuencia, la tarea desde lo publico no consiste sólo en conservar los espacios que con mucho esfuerzo se han abierto en las universidades de Estado, sino también en asegurar que estos pocos espacios cuenten con la calidad suficiente y los profesores idóneos para convertirse en temas atractivos, tanto para los distintos saberes que confluyen en las universidades como para aquellos que se están formando, evitando que estos temas se encierren en las facultades donde tradicionalmente se han dictado –usualmente la facultad de ciencias humanas–.
Un punto crucial para esto es la asignación de recursos por parte del Estado. La universidad pública enfrenta una deuda histórica en materia de financiamiento, cuya principal consecuencia es el orden de la austeridad. Un esquema de deterioro progresivo que se refleja en la mala condición de los edificios, en la incapacidad institucional para brindar bienestar a las comunidad universitaria y en la flexibilización laboral que afecta especialmente a los profesores de cátedra asignándoles cada vez más funciones sin ajustar su asignación salarial, lo que en la mayoría de casos no coincide con el grado de experticia y estudio que tienen. Sin embargo, la principal consecuencia del orden de la austeridad es categorizar el conocimiento y sus procesos de producción de acuerdo a su rentabilidad, más no en razón de su importancia y significado social. En esta carrera, los temas de género y sexualidad quedan relegados ante la potencia de la ingeniería o la administración.
Una muestra de esto es que muchos(as) de los profesores(ras) encargados de dictar materias relacionadas con el enfoque diferencial y de género se vinculan a la universidad pública bajo la modalidad de profesores de cátedra, lo que afecta notablemente la calidad del contenido así como la posibilidad de que establezcan agendas de investigación profundas y de largo aliento sobre estos temas. Esta situación ha incentivado que parte de los profesionales –de pronto de los mejores profesionales– migren a instituciones de educación superior de carácter privado, especialmente a aquellos espacios privilegiados en donde se educa una parte considerable de la elite intelectual, política y económica del país. Lastimosamente, la migración laboral desde universidades públicas a instituciones privadas impacta no sólo en la calidad de los cursos que se dictan, sino que también implica un barrera para personas de estratos socioeconómicos bajos que simplemente no pueden acceder a estos espacios. En el fondo, esto significa que las trasmisión de conocimiento en temas de género y sexualidad se concentra en espacios de formación de profesionales de elite, y no impacta en el grueso de la población quienes siguen reproduciendo esquemas de violencia sobre personas LGBT.
En este orden de ideas, la desfinanciación de las universidad públicas es una forma de categorizar los saberes bajo el mecanismo, casi siempre macabro, de su utilidad económica. Esta categorización limita la oferta de cursos sobre género y sexualidad en espacios de educación superior a aquellas instituciones que tienen los recursos suficientes para contratar profesionales que no resultan especialmente redituables, lo que, en otras palabras, significa la incapacidad estructural del ampliar el conocimiento sobre estos temas en los espacios en donde se forman profesionales que no pertenecen a las elites económicas del país. De esta forma, la lucha por la financiación de la educación publica es una pieza clave para el entendimiento de temas de género por parte de nuestros nuevos profesionales, y por ende esta conectada profundamente por la lucha de los derechos LGBT. Una educación pública de calidad y financiada es, al mismo tiempo, una educación que tiene no como principal horizonte de sentido la rentabilidad sino la importancia social de los saberes que enseña y desarrolla, es una educación por los derechos.
ELo que hay entre el movimiento estudiantil y las personas LGBT es una confluencia de agendas, cuyo propósito más inmediato es presionar el gobierno para ampliar el presupuesto de la educación superior.
David Fernando Cruz Gutierrez