15 de abril de 2025. Este año, Ecuador vivió una jornada electoral crucial que definirá el rumbo político del país en un contexto regional marcado por el ascenso de liderazgos de derecha y una creciente tensión entre discursos conservadores y la defensa de los derechos humanos. En segunda vuelta, Daniel Noboa fue reelegido como presidente, consolidando un proyecto que, aunque se presenta bajo un manto de renovación generacional y modernización, responde a una tendencia regional conservadora en lo económico, en las políticas de seguridad y, en muchas ocasiones, en el tratamiento de los derechos de poblaciones históricamente marginadas.
La reelección de Noboa se inscribe dentro de una ola regional donde varios gobiernos han optado por plataformas que, aunque hablan de derechos en términos generales, suelen evadir o minimizar compromisos concretos con las agendas LGBTIQ+. Esta dinámica ha traído consigo retrocesos en políticas públicas, bloqueos legislativos y un aumento preocupante en los discursos de odio, en especial contra personas trans y no binarias. La experiencia latinoamericana reciente muestra que, incluso cuando hay menciones formales en los planes de gobierno, estas no siempre se traducen en acciones estructurales, con presupuesto y sostenibilidad.
En el caso ecuatoriano, desde una perspectiva LGBTIQ+, este proceso electoral dejó elementos que merecen atención crítica. En su plan de gobierno 2025, Noboa menciona explícitamente a las personas LGBTIQ+ en varios apartados clave:
- En el eje social, se compromete a “implementar políticas de inclusión y protección de los derechos de los grupos LGBTIQ+, garantizando su acceso a la salud, educación, vivienda, empleo y justicia”, así como a “promover la igualdad y no discriminación”.
- En el eje económico y de empleo, propone políticas para fomentar la inclusión laboral de minorías, evitando discriminación por orientación sexual e identidad de género.
- Además, en sus valores rectores, sugiere un enfoque de derechos humanos que reconoce la orientación sexual como categoría protegida frente a la discriminación.
Sin embargo, más allá de los enunciados, es clave observar qué tanto estos compromisos reflejan una voluntad real de transformación. Fundación Pakta, tras un análisis comparativo de los planes de gobierno de los 16 candidatos presidenciales, elaboró una semaforización que mide el nivel de compromiso con los derechos LGBTIQ+. En este ejercicio, tanto Daniel Noboa como Luisa González —candidata del ‘correísmo’— fueron ubicados en color amarillo, señalando que sus propuestas presentan avances importantes, pero también vacíos o limitaciones que requieren vigilancia y exigencia constante.
Desde Caribe Afirmativo, como organización que acompaña procesos de participación política y exige garantías para las personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe, reafirmamos la necesidad de observar con atención la implementación de las propuestas mencionadas en el plan de gobierno, así como de impulsar espacios de interlocución efectiva entre sociedad civil y gobierno. El caso de Ecuador confirma que, aun en contextos institucionales que declaran estar a favor de los derechos humanos, es posible que las agendas LGBTIQ+ se mantengan en un segundo plano.
En una región donde la democracia se pone a prueba cada día, el reconocimiento y la garantía de los derechos LGBTIQ+ no pueden seguir siendo un asunto opcional ni meramente simbólico.
Seguiremos observando, exigiendo y construyendo. Porque nuestros derechos no se negocian, se garantizan.