*Migrantes LGBTI se movilizan por nuestros territorios buscando un lugar donde se reconozcan sus derechos y se garantice su vida digna.
19 de septiembre de 2021. La movilidad humana, como un ejercicio espontáneo, es una constante en todos los pueblos y épocas de la historia de la humanidad, pues la necesidad de los seres humanos de consolidar sus proyectos de vida, permite un proceso de permanente búsqueda que tiene como objetivo descubrir nuevos espacios y posibilidades que garanticen su dignidad humana. Así, cuando siente que el espacio que ocupa no está garantizando su bienestar, busca resignificar ese lugar o buscar otro que le dé las garantías necesarias, sin embargo, las crisis humanitarias, los conflictos armados y las prácticas de discriminación han generado otra forma de movilidad humana, la de la expulsión de personas de territorios, presiones físicas, verbales y simbólicas que dejan constancia que sus vidas no merecen ser vividas o deben asumirse desde la invisibilidad, haciendo que muchas personas transiten con la angustia de la persecución, promovida por el desprecio a lo que sus vidas significan.
América y el Caribe, por su precarización y ausencia de derechos, han tenido tres formas de movilidad humana, fruto de crisis y conflictos que han sido recurrentes: las que provienen de Centroamérica y se orientan hacia el norte (Canadá y EEUU), buscando mejor calidad de vida ante la ausencia de derechos y acceso a servicios en sus países; las que emergen por disputas de pueblos y territorios como la dominico–haitiana, consolidando expresiones de apátrida y de racismo exacerbado; las promovidas por los conflictos armados como el desplazamiento forzado que ha vivido históricamente Colombia o las miles de personas que huyen de las expresiones criminales en el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y las que no han respondido a un patrón de sistematicidad, pero que son recurrentes de ciudadanía de las Islas del Caribe al sur del continente (Argentina, Uruguay y Chile), buscando espacios laborales de mejor remuneración.
En los últimos años, la crisis humanitaria de Venezuela, que no tiene precedentes en la región por el impacto en los millones de personas que han salido de su territorio buscando satisfacer sus necesidades básicas, y el “uso estratégico de la región” como corredor de transito de africanos y asiáticos en búsqueda de mejor calidad de vida en el norte del continente, han agudizado la complejidad de las dinámicas de movilidad humana. En uno y otro caso el territorio no como lugar de llegada sino como espacio de tránsito, ha consolidado movimientos migratorios mixtos, en los que personas toman fuerzas para continuar con su búsqueda de un espacio de libertad donde expandir sus proyectos de vida. Sin embargo, dada la precariedad con la que se realiza la movilización, lo transitorio suele extenderse en el tiempo y en algunos casos les obliga a establecerse en medio de la poca infraestructura en las comunidades de acogida y los fuertes riesgos como la criminalización, ser víctimas de trata o de tráfico ilegal de migrantes.
A pesar de que la Resolución de Refugio y las convenciones de migraciones no han dado cuenta de que se desplaza forzosamente por prejuicios relacionados con la diversidad sexual o de género, el incremento de personas LGBTI huyendo de sus países por persecución o falta de reconocimiento a sus derechos deja constancia de que hay factores estructurales presentes en la sociedad que impiden el desarrollo de su proyecto de vida, haciendo que huyan. Además, la violencia, el desempleo, la pobreza o la persecución son agudizadas por las prácticas excluyentes y prejuiciosas que les niegan la ciudadanía y las condenan al desprecio en una región donde los Estados no asumen la protección de sus derechos, sino que en muchos casos son los generadores de la violencia.
Los desafíos que enfrentan las personas LGBTI migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la región, sobre todo en consecuencia a la discriminación, violencia, bajas perspectivas de integración local en los países de acogida y la falta de conciencia por parte de actores claves sobre sus necesidades específicas, incluido su derecho a buscar y recibir asilo debido a la persecución por su orientación sexual, identidad y expresión de género, así como otros derechos establecidos en normativa nacional e internacional, hacen que hoy sea urgente poner en las agendas de políticas públicas y en la acciones de movilización social de la sociedad civil la exigencia a garantizar proceso de migración, refugio y acogida con perspectiva de diversidad sexual y enfoque de género.
Los procesos de salida, ingreso, tránsito y llegada de las personas LGBTI están acompañados de expresiones sistemáticas de violencia que van desde el trato despectivos de los funcionarios de migración y fronterizos, hasta la invisibilidad en las comunidades de acogida y el alto nivel de vulnerabilidad al que se les expone, que termina criminalizándoles o poniéndoles en una posición de desventaja frente a actores ilegales que por las mismas rutas controlan el territorio. Situación de mayor dificultad para las personas trans que llegan en alta condición de pobreza y precariedad y ante la ausencia de políticas de asistencia y cuidado, son expuestas a prácticas delictivas como la trata de personas, o las personas viviendo con VIH que son doblemente estigmatizadas y no se le integra al sistema de salud pública para la recepción de medicamentos, bajo la lógica perversa de que el sistema atiende primero a los locales y luego a los foráneos.
La motivación de salir de sus países de muchas personas LGBTI está acompañada por el anhelo de conquistar la igualdad y el auge de las políticas de la enunciación que son propias en la región, que se esparcen por redes sociales y medios de comunicaciones en el papel y que no se materializan en la vida cotidiana, que pretende acercar a la vida digna de quien siente que su vida no es valorada por su orientación sexual, identidad o expresión de género, y la posibilidad de encontrar reconocimiento a sus derechos al pasar la frontera. Pero la precariedad de las fronteras en la región, en infraestructura y derechos, hace que al cruzar, lejos de encontrar igualdad, encuentren exacerbación de lo poco que han traído consigo.
La ausencia de esa atención especializada ahonda la situación de pobreza de las personas LGBTI migrantes y refugiadas y les conduce a vivir nuevos y mayores expresiones de exclusión, donde: no pueden continuar con sus estudios porque el sistema escolar en América Latina es homofóbico y transfóbico; tampoco pueden acceder a un trabajo decente porque su orientación sexual o identidad de género es usada para pagar menos y dar un trata injusto en el sistema laboral; ni a la atención médica, que además de ser escasa está marcada por fuertes expresiones de estigmatización y la política de guetos les impide apropiarse de la ciudad y les marca como propios los territorios más precarios y violentos.
Para una persona en movilidad humana, la acogida es el espacio de fortalecer las fuerzas perdidas por los largos viajes; sin embargo, las personas LGBTI que transitan por la región, lejos de encontrar espacios de acogida, les es natural la expresión de la hostilidad y el odio que cierra puertas. La falta de casas de acogida sensibilizadas y capacitadas para el trabajo cuando ellas son solicitantes de asilo y migrantes representa un desafío para la protección de estas poblaciones, las cuales, por ese desprecio naturalizado con el que son recibidas, muchas veces son obligadas a buscar alojamiento en espacios que no son seguros y que aumentan el riesgo de que sufran discriminación y/o violencia.
Además, el desconocimiento por parte de organizaciones que trabajan con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en relación al trabajo en diversidad sexual y de género, y la inexperiencia de organizaciones LGBTI locales en temas de asilo y migración, les re victimiza y aumenta su riesgo. A ello se suma que en América Latina, a pesar de hablar mayoritariamente el mismo idioma y tener prácticas culturales muy similares, su fuerte componente legal y documental ha dejado el reconocimiento en los documentos y son conocidas las dificultades enfrentadas para acceder a la documentación, sobre todo personas trans que no tienen garantizado el derecho a la autoidentificación del género y al uso del nombre social, y familias LGBTI que muchas veces no están contempladas por los conceptos de familia adoptados por los gobiernos en la región.
Por esto y muchos retos que se suman en esta agenda de la movilidad humana que está hoy haciendo cuestionamientos éticos a las instituciones y convocando a la sociedad a romper las fronteras que dividen y consolidan procesos de acogida y hermanamiento, es importante que en esa realidad pensemos en los sujetos LGBTI que en todos nuestros países ven precarizada su vida y que al movilizarse dicha precarización no solo se mantiene, sino que se exacerba. El generoso ofrecimiento de gobiernos como el colombiano para recibir temporalmente a refugiados afganos, el incremento de presencia de asiáticos y africanos en el Urabá buscando pasar el tapón del Darién y los miles de venezolanos y venezolanas que activan el estatuto migratorio, tienen algo en común: son países donde no se reconocen los derechos de las personas en razón a su diversidad sexual y de género, así que de seguro muchas personas LGBTI vienen en esos grupos de migrantes buscando conquistar la libertad, por lo que es menester para este país garantizar sus derechos, así solo estén de paso.