9 de junio de 2020. Pese a que las mujeres trans del Caribe colombiano, han logrado posicionar un frente de furia, lucha y resistencia, a través de su visibilidad y participación en colectivos, organizaciones, mesas departamentales y municipales, lastimosamente se ha ido tornando, durante el COVID-19, en un incremento de la discriminación, vulneraciones de derechos y violencia por prejuicio contra ellas, en los escenarios que el contexto pandémico, les permite moverse. Muchas, trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad, encuentran obstáculos en el disfrute de sus derechos, debido a las interseccionalidades de clase, raza, posición socio-económica, nivel educativo, etc., que las atraviesan. El panorama para ellas no es nada alentador, estas manifiestan vivir:
- Un entramado de violencias en escenarios como la familia, el espacio público, el trabajo y la escuela.
- Violencias respaldadas, invisibilizadas y naturalizadas por parte de la institucionalidad, quien tiene la responsabilidad de aplicar el enfoque diferencial pero que, por omisión, desconocimiento o acción, en muchas ocasiones han dejado de hacerlo.
- Un gran número de denuncias por violencia a causa del abuso de la autoridad a por la fuerza pública, vigilantes y los “pita-pita” [1] que hay en algunos municipios del Caribe. Dentro de estos actos de violencia se encuentran muchas veces detenciones arbitrarias, torturas, violencia física, emocional, extorsiones, ejecuciones extrajudiciales y violaciones “correctivas”.
Ante esta realidad común que viven muchas mujeres trans en el Caribe colombiano, denunciamos las vulneraciones a sus DDHH que se presentaron en los últimos días contra ellas, en cuatro territorios del Caribe colombiano:
- Violencia física y psicológica de carácter intrafamiliar, hacia una mujer trans que contaba con medida de protección. Sus agresores, violando la medida, acudieron a su domicilio para golpearla y amenazarla de muerte.
- Lesiones personales, hacia una mujer trans en un lugar abierto al público. aprovechando el contexto de una riña callejera, se embistió a una mujer trans con golpes e insultos respecto de su identidad de género, dejando claro que el motivo del ataque era negar/rechazar su diversidad.
- Tentativa de feminicidio, hacia mujer trans por parte de los “pita pita”, particulares que ejercen funciones de policía, cuya labor de vigilancia barrial es financiada por la ciudadanía. Entre más de 4 personas golpearon y vituperaron a una mujer trans como castigo por ocupar el espacio público para ejercer el trabajo sexual.
- Desalojo habitacional ilegal. Varias de las mujeres trans, en situación de extrema vulnerabilidad y alto riesgo de habitabilidad en calle, denuncian estar siendo desalojadas de sus viviendas. Muchas son trabajadoras sexuales y por las medidas para contener el COVID-19, no han podido ejercer su oficio. Esta semana, se presentó un caso de desalojo contra una mujer trans trabajadora sexual en fase sida, en el sector central de la ciudad, dejándola habitando en la calle.
Rechazamos rotundamente esta violación generalizada de los derechos humanos de las mujeres trans en el Caribe Colombiano, sobre todo, por ser violencias prejuiciosas, que a todas luces, son una muestra de inhumanidad en un contexto de pandemia como el que atravesamos. Ante este panorama:
- Llamamos a la humanidad y solidaridad de la ciudadanía y de las instituciones públicas para que tengan en cuenta el contexto de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres trans tanto en época de normalidad como en época de pandemia (donde se agrava).
- Exigimos una respuesta por parte de la Policía Nacional de Maicao para que la Fuerza Pública asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad en los territorios y asegure que los particulares que ejercen estas funciones sean responsabilizados por los actos de barbarie contra las mujeres tras trabajadoras sexuales. No es aceptable que en nombre de la seguridad, los particulares violen los derechos humanos de las personas de esta manera y que la Fuerza Pública se desentienda de ello.
- Exigimos que las autoridades locales garanticen una forma de subsistencia para las mujeres trans a las cuales no se les permite trabajar por el COVID-19.
- Exigimos que las entidades del Estado brinden acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres trans víctimas de violencia intrafamiliar, tentativa de feminicidio, amenaza y lesiones personales.
- Exigimos que las autoridades hagan un llamado de atención a los arrendadores que no atienden al llamado humanitario de no provocar desalojos cuando las personas se encuentran en un claro estado de necesidad y vulnerabilidad.
- Que el nivel nacional genere estrategias concertadas de vinculación en salud y seguridad alimentaria para las mujeres trans que sean reales y adecuadas a los contextos territoriales.
[1] Empresas, organizaciones o grupos privados que prestan el servicio de seguridad en los barrios.