Sobre el Estado, organizaciones defensoras de derechos humanos y sociedad civil, reposa la obligación de erradicar el estigma y discriminación hacia las personas diagnosticadas.
30 de noviembre de 2022. A propósito del Día Mundial del VIH y Sida, fecha en que las países y ciudades emiten informes —sobre todo cuantitativos— sobre nuevos casos de personas diagnosticadas con VIH y fallecidas por Sida, como organización defensora de derechos humanos que, entre sus procesos de incidencia, hace seguimiento a las violaciones de derechos en actos fundamentados en el estigma y discriminación hacia personas que viven y conviven con VIH o Sida, hemos considerado esta fecha oportuna para que, entre el llamado de atención sobre acciones dirigidas a la prevención y tratamiento de este virus, también se invite a las instituciones y sociedad civil a revisarnos como país respecto al hecho de que el estigma y la discriminación continúan marginando las vidas de estas personas.
Sobre lo mencionado, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la lucha se debe centrar en abolir estas dos situaciones que afectan, en gran medida, tanto al desarrollo integral de estas personas en la sociedad, como a las estrategias de acceso a las pruebas diagnósticas en grupos claves, mejoramiento de la calidad de vida de personas diagnosticadas y acceso integral e igualitario a los derechos fundamentales, como la atención y servicios de salud.
No es por menos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyeron la meta de llegar al año 2030 a la cero discriminación por VIH. En esta, los países suscritos —entre estos, Colombia— deben mostrar avances significativos en esta materia. Esto nos invita a preguntarnos lo siguiente: ¿Estaremos en la vía adecuada?, ¿Podremos asegurar desde ya que existirá igualdad entre las personas con VIH y el resto de la humanidad?
En el caso de Colombia, consideramos que la creación del Ministerio de Igualdad, en articulación con otras carteras del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Salud, se puede encontrar un escenario propicio para que el país reconozca que son las personas trans, las personas migrantes y los hombres que tienen sexo con hombres los grupos con mayores índices de prevalencia del virus y sobre los cuales se deben intensificar las acciones de prevención y atención del VIH y Sida. Del mismo modo, sobre estos ministerios, así como sobre el Estado, organizaciones defensoras de derechos humanos y sociedad civil, reposa la obligación de erradicar el estigma y discriminación hacia las personas diagnosticadas.
En cifras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta la semana epidemiológica 24 de 2022, se notificaron 9.105 nuevos casos de personas que viven con VIH, confirmados por laboratorio. La tasa de notificación es mayor que la tasa nacional de 17,6 casos por 100.000 habitantes en Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Guaviare, Quindío, Risaralda y Santa Marta. Sobre lo mencionado, el 60% de los casos procede de siete entidades territoriales: Bogotá, Antioquia, Barranquilla, Cali, Cundinamarca, Santander y Córdoba.
Es importante destacar que en Colombia, en 2019, se reportaron 17 346 casos nuevos de VIH/sida (4). En 2020, en el 98,2 % de los casos, el mecanismo probable de transmisión fue sexual (5). El 81,1 % de los casos fue en hombres y el 36,8 % en el grupo etario de 25 a 34 años. La Cuenta de Alto Costo calcula, hasta enero de 2021, 134.902 personas viviendo con VIH.
Hablemos de VIH y poblaciones clave. Desde Caribe Afirmativo, ratificamos la necesidad de que el Gobierno Nacional y las entidades prestadoras de servicio de salud, en temas de VIH y Sida, dirijan su atención hacia las poblaciones clave, es decir, grupos de personas con mayor probabilidad de exposición al VIH. Esto, de acuerdo con el INS, incluye a hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, trabajadoras sexuales, personas en situación de movilidad humana y población privada de la libertad.
Del mismo modo, hacemos un llamado a hablar de VIH, como una tarea necesaria en todos los espacios, bien sea académicos, laborales, públicos y privados. A través de procesos pedagógicos en todo el territorio nacional y global, será posible eliminar los diferentes tipos de violencias, marginación y exclusión de las personas que viven y conviven con VIH. De esta manera, junto a una óptima prestación de servicios de salud sobre prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, las vidas de estas personas podrán ser vividas de manera integral. El estigma, la discriminación y el miedo siguen alejando a muchas personas del diagnóstico y la atención. Estos factores son otras barreras que impiden terminar con el VIH y Sida como problema de salud pública, como se lo propusieron las Naciones Unidas. El enemigo es el estigma y la discriminación, no las personas que viven con VIH.