9 de diciembre de 2020. El Día Internacional de los Derechos Humanos es una oportunidad para reafirmar el compromiso con la defensa y promoción de las garantías que fueron plasmadas aquel 10 de diciembre de 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la anterior fecha presente, desde Caribe Afirmativo queremos recordar que la paz, además de ser una aspiración por la cual hemos venido trabajando desde las diversidades sexuales y de género, es un derecho humano del cual son titulares todas las personas LGBTI.
En términos generales, lo primero que se viene a la mente cuando se piensa en paz es en un estado de bienestar que comúnmente se asocia a la tranquilidad o a la ausencia de conflictos. Si bien las anteriores definiciones son correctas, son solo una de las tantas dimensiones con las que se puede abordar este asunto. Como derecho, entendemos el tema desde una perspectiva multidimensional, es decir, no hay una sola cara válida sino varias, así que todas y cada una de ellas dependerán del contexto, función o el sujeto sobre el que se predique esta garantía.
Así las cosas, la pluralidad a la que se hace referencia puede ser aterrizada a dos asuntos muy concretos: la función que ejerce y el objeto que protege. Sin ánimo de detenerse mucho en discusiones que obedecen al campo de la filosofía jurídica, en clave de funcionalidad es posible entender la paz como un elemento esencial e indivisible para el Estado y su ordenamiento jurídico [1]. Por tal motivo, en la Constitución Política es posible encontrar mencionada la paz desde el preámbulo, luego en el artículo 2° cuando se habla de los fines esenciales del Estado y en el artículo 22 cuando se materializa como un derecho autónomo.
Por otro lado, sobre el objeto que protege, la respuesta se puede simplificar en una palabra: todo. Sí, la Corte Constitucional ha señalado dentro de sus pronunciamientos que “la paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales” [2]. En síntesis, este derecho abarca la ausencia de conflicto, el convivir tranquilamente con la otra y propiciar que se puedan materializar los deberes y fines del Estado plasmados en la Constitución para todas(os).
Esto último es fundamental porque crea una relación de interdependencia entre el carácter de derecho y deber frente a la construcción de paz; una especie de engranajes que deberían funcionar armónica e interminablemente. No obstante, las problemáticas sociopolíticas y económicas – bien sean anteriores, posteriores, derivadas o exacerbadas por el conflicto armado – han generado profundas afectaciones este mecanismo. principalmente a grupos poblacionales que históricamente se han encontrado en una mayor situación de vulnerabilidad, como las personas LGBTI [3].
En este orden de ideas, las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversa han enfrentado a lo largo del tiempo distintas formas de violencia en su cotidianidad que afectan su vida, integridad personal, las posibilidades de construcción de un plan de vida y el acceso a derechos humanos como la paz. Nada más en este año, la Defensoría del Pueblo ha reportado mínimo 63 casos de homicidios y feminicidios hacia personas LGBTI en Colombia, “la mayor parte de los crímenes se registraron en departamentos del Caribe, con 22 casos; seguidos de Antioquia, con 14; Valle del Cauca, con 8; Eje Cafetero, con 6, y 13 en otras zonas del país” [4]. A esto habría que sumarle los casos de amenazas, violencia física, psicológica, sexual, policial, entre otras que frecuentemente organizaciones de la sociedad civil LGBTI reportan a través de publicaciones y alertas.
El carácter histórico de estas violencias radica no solo en ser masivas o continuas a lo largo de la historia sino a que se encuentra inscritas en contextos socioculturales que las han legitimado, naturalizado e invisibilizado; siendo la movilización social LGBTI clave para reconocer la existencia de estas afectaciones y la necesidad urgente de tomar acciones al respecto [5]. Desde los primeros vestigios en la década de los 70 hasta la participación de organizaciones LGBTI en todo lo relacionado con el Acuerdo Final de Paz; las lideresas y líderes sociales, defensoras(es) y activistas de derechos humanos LGBTI han sido quienes han trabajado para exigir al Estado la materialización de escenarios que garanticen realmente los derechos humanos.
Con todo esto, solo resta hacer extensiva la invitación a que en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos visibilicemos y participemos de las múltiples iniciativas que promueven la materialización de tan importante garantía para todas las personas LGBTI. Que el Estado nunca olvide que la paz será una realidad, una construida desde la diversidad de orientaciones sexuales y de género, libre de prejuicios, pluralista, democrática y participativa.