Julio 30 de 2021. La trata de personas es un delito que tiene lugar en todas las regiones del mundo, y que se ha venido atenuando con situaciones álgidas como las crisis migratorias, las guerras, los conflictos armados internos, el narcotráfico y la pobreza extrema que se incrementó en el marco de la pandemia.
La definición más citada es la establecida en el Protocolo de las Naciones Unidas, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, que se entiende “como la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, que tenga una autoridad sobre otra con fines de explotación”.
El 30 de julio se conmemora el Día internacional contra la Trata de Personas, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, ante la necesidad de visibilizar la situación de las víctimas de la trata de personas y promover y proteger sus derechos. Así las cosas, las mujeres son la población más vulnerable a este tipo de delito, de ahí que la trata es una forma de violencia basada en género, dónde ser mujer o una persona con una diversidad sexual implica varias condiciones de vulnerabilidad, además de una serie de factores sociales y económicos que incrementan el riesgo de ser víctima de trata.
Es por esto que es esencial abordar este crimen desde una perspectiva integral que incluya las respuestas, desde la persecución penal de los responsables y la protección de derechos humanos de las víctimas, pero que contemple estudios de la situación socioeconómica de las grupos poblacionales que son más vulnerables a este delito.
Para el caso colombiano de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional de Colombia se “ha expresado que las causas estructurales y los problemas sociales en el país, como inequidad, pobreza, desempleo o exclusión tienen una incidencia frente al incremento de la trata de personas”, en los que existen mayores situaciones de violaciones a derechos humanos, como en el contexto del conflicto armado o la crisis humanitaria con motivo de la alta migración de ciudadanía venezolana hacía el territorio colombiano.
Sumado a lo anterior esta el contexto de la pandemia, que sigue siendo grave en algunos países, y en varios sectores e incrementó los índices de violencia basada en género y de pobreza en el mundo, siendo las mujeres y las personas LGBT quienes se vieron en situaciones críticas en temas de acceso a sus derechos humanos, debido a las restricciones impuestas para minimizar los focos de contagio en todo el mundo.
En Colombia, en el artículo 188-A[ii] del Código Penal el delito de trata de personas esta tipificado de la siguiente manera: “El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de tres a veintitrés años y una multa de ochocientos a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Así las cosas, este artículo afirma que se entiende por explotación el obtener provecho económico, o cualquier otro beneficio para si o para otra persona, a través de prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzado, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante UNDOC, se identifican unos factores de riesgo, individuales, familiares y contextuales que se encuentran asociados a este delito. Entre estos se destacan: primero, falta de trabajo digno; en segundo lugar, el poco acceso a una educación escolar; en tercera instancia el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos; en penúltimo lugar las relaciones desiguales de poder y de exclusión social en lo público y privado entre hombres y mujeres, y finalmente, la ocurrencia de violencias basadas en géneros contra mujeres y personas LGBT.
Actualmente, según el departamento de Estado de Estados Unidos[iii], en su último informe de junio de 2021, señaló que los grupos más vulnerables en Colombia a ser víctimas de trata de personas son las mujeres, las personas migrantes, personas LGBT, las comunidades indígenas, personas con discapacidades, víctimas de desplazamiento forzado y personas que viven en zonas donde los grupos armados y las organizaciones criminales están activos. Según su documentación las mujeres, niñas, niños y adolescentes colombianos son víctimas de trata de personas en el país, en zonas turísticas y con industrias extractivas. También personas trans colombianas y hombres son vulnerables al tráfico sexual tanto en el país como en Europa.
De acuerdo con Women´s Link[iv] “existe un amplio subregistro de víctimas de trata de personas, porque muchas veces no se cuenta con datos precisos como su nacionalidad, su orientación sexual o expresión de género, ni tampoco hay preparación del funcionariado público sobre temas relacionados con el registro, identificación y manejo de protocolos con respecto a la trata de personas”.
Ahora bien, cuando se menciona la aplicación de un enfoque de género en materia de trata de personas, se encuentra una visión abordada desde la heterosexualidad, y deja de lado la posible ocurrencia del delito en contra de personas que subvierten el sistema patriarcal. Así como persiste una visión binaria al entender las dinámicas de la trata de personas en relación a las víctimas, también hay una ausencia de un enfoque diferencial, pues son muy pocos informes los que consideran la categoría LGBT, es por esto que dicha falencia impide lograr entender la necesidad de respuestas diferenciales según la orientación sexual, expresión o identidad de género diversa de la víctima.
Los prejuicios mencionados en el párrafo anterior conllevan a consecuencias como la impunidad de las diferentes violencias que viven las personas LGBT que son víctimas de trata de personas, porque es común pensar que una persona que está siendo explotada sexualmente lo está siendo porque lo quiere, le gusta y es su decisión propia estar en esa situación.
En conclusión, cuando hablamos de trata de personas LGBT existe un amplio subregistro porque las cifras tras de que son escasas, son binarias y no abordan la orientación sexual, expresión o identidad de género de la víctima, como también muchas personas tienen miedo a denunciar por las barreras que existen en materia de acceso a la justicia y la discriminación cotidiana que viven las personas LGBT. Es necesario que las entidades den un tratamiento de estos casos con un enfoque diferencial de género y se entienda que existe una práctica delictiva a la que son vulnerables las personas LGBT desde edades tempranas, como en su niñez y adolescencia.
El gran reto actual que nos deja la concientización y reflexión de este día es entender que es imprescindible un abordaje desde la integralidad de los derechos, que proteja a las víctimas y garantice las restitución de los mismos, es decir, que no se trate solo de una persecusión penal, si no que pueda proteger, asistir y reparar a la víctimas. Como organización de la sociedad civil hemos denunciado los riesgos que asisten a la víctimas que son vulnerables ante este delito en escenarios como el turismo sexual en zonas fronterizas y en altamar, puntualmente en el caso de la migración venezolana que ha puesto en peligro a muchas personas trans en situación de movilidad humana.
Finalmente por tratarse de un crimen internacional, es urgente activar respuestas regionales, sobre todo en muchos países donde este delito crece y afecta directamente a personas LGBT y en muchos casos las autoridades correspondientes en vez de perseguir la delito hacen un pefilamiento criminal de las víctimas basados en prejuicios que vulnerán y estigmatizan a las personas con una orientación, identidad o expresión de género que son víctimas de la trata.
Es por eso que desde Caribe Afirmativo nos comprometemos a seguir trabajando en el estudio, investigación y la generación de insumos para que estos casos no queden en la impunidad y las personas LGBT no se vean expuestas ni en riesgo de ser vulneradas bajo todo tipo de explotación, como también a estar alertas en denuncia permanente y en la activación de rutas en estos casos, sobre todo cuando se trata de personas LGBT en condición de movilidad humana y víctimas del conflicto armado, entre muchos otros posibles escenarios.