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“Desde hace 43 años, el Estado dejó de perseguirnos y de llamarnos delincuentes”: 43 años desde la despenalización de la homosexualidad en Colombia.

Ahora bien, aunque todos estos derechos reconocidos representan un gran avance en materia de reivindicación hacia las personas LGBTIQ+, aún quedan muchos prejuicios sociales que transformar y muchas vidas por proteger. 

23 de enero del 2024. El 27 de junio de 1837, se expidió en la historia legislativa de Colombia el primer código penal. Un texto con el que el Estado Colombiano hizo frente a las guerras civiles y la violencia a través de la criminalización de ciertas conductas, entre ellas, las consideradas “moralmente reprochables”. Fue así como el proferir palabras obscenas en público, reproducir y publicar libros o folletos contrarios a las buenas costumbres, ejercer la prostitución y sostener relaciones sexo/afectivas con personas del mismo sexo, eran consideradas delito y podían ser castigadas hasta con seis años de arresto.

No obstante, y posterior a ello, a través Decreto 100 del 23 de enero de 1980, por el cual se expidió un nuevo código penal que entró en vigencia en 1981 en todo el territorio nacional, la homosexualidad dejó de ser delito y amar dejó de ser una causal para privar de la libertad a una persona. 

Este hecho dio paso a que activismos como los de Manuel Velandia y Jaime Galindo, grandes precursores del movimiento LGBTIQ+ en Colombia, lideraran una serie de acciones que, posteriormente, denominarían “ARTivismo Queer”. La primera de ellas consistía, en salir a bailar y besarse en los bares, situación que notablemente incomodaba a la policía, pero que les llevaba a exhibir su copia del código penal y manifestarles que dichas manifestaciones ya no eran delito y que no podían ser arrestados. No obstante, por supuesto, la fuerza pública ignoraba la ley y les encarcelaba. Este fue el principal motivo que llevó a que las acciones colectivas se trasladaran a la calle. 

Fue así como, dentro de las acciones reivindicatoria de derechos más recordadas por el movimiento, fue un gran performance que se convocó en vía pública en dos avenidas muy importantes del centro de Bogotá: la carrera séptima y la calle 19. Este evento que se realizó durante varios días y consistía en que varias parejas del mismo sexo se besaban apasionadamente en público. No produjo violencia social física, pero sí muchas miradas de desprecio y repulsión hacia las personas LGBTIQ+ que participaron de él. 

Este logro importante que fue la despenalización de la homosexualidad en Colombia, encontró gran eco en los postulados de la constitución de 1991, que estableció el derecho a la igualdad, el principio constitucional del pluralismo y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Más adelante, en el 2001, la Corte Suprema de Justicia aprobó las visitas íntimas de parejas del mismo sexo en prisión y, entre el 2007 y 2008, se aprobó la unión marital de hecho entre personas homosexuales y algunos derechos patrimoniales de la pareja, entre los que se incluyen la afiliación conjunta al sistema de salud y el acceso a pensión de sobrevivientes. Posteriormente, se aprobó la adopción homoparental, el matrimonio igualitario y el cambio de sexo/género en la cédula para personas trans.

En cuanto a la evolución de la despenalización homosexual en países de América Latina, se tiene que Brasil fue uno de los primeros países en dejar de criminalizar los actos homosexuales y consensuados en personas adultas. Décadas después le siguieron Bolivia, Venezuela, Guatemala y México. 

Este contexto, tanto histórico como presente, ha permitido ratificar que criminalizar a las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas es el acto más cruel que puede hacer un Estado contra un grupo poblacional pues, además de dar un trato delictivo o asociado a la delincuencia, insta a una sociedad cómplice a continuar ejecutando actos de violencia y discriminación, impidiéndoles desarrollar sus proyectos de vida desde la diversidad sexual y de género de manera digna. 

Ahora bien, aunque todos estos derechos reconocidos representan un gran avance en materia de reivindicación hacia las personas LGBTIQ+, aún quedan muchos prejuicios sociales que transformar y muchas vidas por proteger. Es decir, aunque desde 1980 amar desde la diversidas sexual y de género ya no es un delito, aún siguen las personas con LGBTIQ+, siendo víctimas de actos de discriminación, hostigamientos, homicidios, feminicidios, amenazas, violencia sexual y violencia policial. Aún se siguen presentando barreras en el acceso a salud, educación y justicia y, en otros casos, aún existen funcionarios públicos que ponen “trabas” en los trámites de matrimonio, cambio de nombre o de componente sexo-género en el documento de identificación.

Desde Caribe Afirmativo celebramos estos 43 años de libertad para ser, sentir y amar desde la diversidad sexual y de género. Esperamos que en los próximos años sigamos materializando derechos para las personas LGBTIQ+, entre estos un incremento de su participación en espacios de toma de decisiones, que permitan posicionar en la agenda pública el debate y la consolidación de sus derechos.