Medios de comunicación difundieron sus propias versiones, destapando sus argumentos racistas y violentos hacia las víctimas de este lamentable suceso.
Imagen de referencia: Premio Nacional de DD.HH. en Colombia
02 de febrero del 2024. El 13 de enero de 2024, las redes sociales y medios de comunicación estuvieron inundados de noticias relacionadas con la desaparición desde el 5 de enero, de ocho mujeres colombianas en el Estado de Tabasco, México. Para ese momento y lo que se conocía de los hechos es que había sido reportada la desaparición luego de que las ocho mujeres no regresaran de un evento privado al cual habían sido trasladas. Días después del reporte de la desaparición y un ejercicio intensivo de búsqueda, por fin, fueron encontradas con vida; y lo que sería una noticia de honores y alivio para Colombia y México, se convirtió en una discusión moral sobre el trabajo sexual y el merecimiento de la conducta acaecida en contra de la autonomía personal de éstas mujeres.
Medios de comunicación difundieron sus propias versiones, destapando sus argumentos racistas y violentos hacia las víctimas de este lamentable suceso, apelando a criterios prejuiciosos y morbosos frente a los hechos. Desde noticieros de amplia difusión nacional y periódicos virtuales, hasta en revistas y publicaciones en redes sociales se leían titulares como:
‘’Desaparecen 9 jóvenes colombianas en Tabasco, México: Al parecer, llegaron a dicho país por medio de una red de trata de blancas del Cártel Jalisco Nueva Generación, y habrían sido obligadas a asistir a un evento en un municipio del estado mexicano’’. (Subrayado y negrilla propia).
Incluso, desde el mismo conocimiento de los hechos, algunos medios publicaron:
(…) Ahora bien, debido al tipo de “trabajo” que realizan estas mujeres, se ha complicado la identificación de las desaparecidas, puesto que se desconocen sus nombres reales (…)’’. (Subrayado y negrilla propia).
Asimismo, hubo pronunciamientos en cuentas oficiales de autoridades mexicanas en donde, se puso en tela de juicio la desaparición de las ocho mujeres:
‘’Después de un buen trabajo de investigación de dicha Fiscalía, se localizó a las mujeres colombianas mencionadas por la cónsul y que presuntamente estaban desaparecidas. Las mujeres se encuentran bien de salud y están bajo el resguardo de la Fiscalía para determinar su situación. Seguiremos informando por las cuentas y canales oficiales’’. (Publicado por el gobernador interino del Estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos en su cuenta de X).
Dicho lo anterior, vale la pena cuestionarse y reflexionar sobre tres asuntos importantes: (i) La putofobia y el argumento merecedor del sufrimiento de las trabajadoras sexuales, (ii) el racismo estructural que atraviesa fenómenos como la trata de personas y (iii) los discursos de violencia y criminalización de mujeres, reproducidos por los medios de comunicación.
En ese orden, cuando se nombra a la putofobia se hace referencia a la aversión hacia las putas o prostitutas bajo argumentos y prácticas estigmatizantes que derivan en el silenciamiento de sus voces, en la privación de libertades, negación de derechos, incriminación y exclusión social de todes quienes sean percibides o se auto reconozcan desde esa categoría. Al punto, lo sucedo con las mujeres desaparecidas en México, que más allá de que se haya de que se considere o no configurado el delito de trata de personas, es claro que predomina la justificación de las violencias vividas por quienes se presumen ejercen el trabajo sexual, que por putas se lo merecen, que no estaban desaparecidas sino de parranda, y si les hubiese sucedido algo, pues sería su responsabilidad.
Ahora bien, frente al segundo asunto, se analiza en proporción la necesidad de visibilizar a la trata de personas como un fenómeno que es atravesado por el racismo estructural, sobre todo, ante la persistencia de su invalidación y el uso del término: trata de blancas. Un concepto que ha sido reevaluado y descartado en el abordaje internacional para la garantía de derechos humanos, por derivar en connotaciones racistas al valorar únicamente como relevante la explotación de mujeres blancas procedentes de países europeos o norteamericanos, por encima de los actos de explotación sexual, laboral, servidumbre (entre otras finalidades) de mujeres negras, racializadas e indígenas. Un discurso heredado de la colonia y la esclavitud.
Por último, y descendiendo a los discursos, es claro que existe una problemática en cuanto a la reproducción de imaginarios y prejuicios por parte de los medios de comunicación, que en casos como el narrado, perpetúan escenarios de discriminación, revictimización y violencia contra las mujeres. Dejando de lado la responsabilidad social y política que recae sobre ellos, al asumir el deber de informar sobre un hecho, desviando la mirada de las obligaciones que tiene el Estado de protección y garantía de derechos de sujetos de especial protección, como lo son las mujeres. Un ejemplo claro, es la difusión de titulares como: ‘’Colombianas reportadas como desaparecidas en México serán deportadas: no estaban secuestradas’’. (Subrayado y negrilla propia). Lo anterior, sosteniendo una presunción que atenta no solo contra la dignidad de quien denuncia tan grave delito, sino, contrariando el principio de la transparencia y el debido proceso, pues asevera un resultado de un proceso judicial que se encuentra en curso.
Los medios de comunicación contribuyen a los imaginarios de la sociedad y crean realidades entendidas por las persona receptoras de la información que comparten y replican a diario, por ello deben asumir un sentido de responsabilidad colectiva, entendiendo las consecuencias de lo que publican y difunden.
Finalmente, y como organización que trabaja por la defensa de derechos humanos, destacamos la urgente necesidad de acciones inmediatas para garantizar la seguridad y acompañamiento integral de todas aquellas personas que se vean involucradas en sucesos similares y rechazamos cualquier forma de violencia en el ámbito del trabajo sexual.